El Estado francés entrega barcos a Libia: ONGs recurren a la justicia

Comunicado de prensa

Nuestras ocho asociaciones recurren hoy a la justicia para denunciar la complicidad de Francia en la violación de los derechos humanos en Libia. Pedimos ante el tribunal administrativo de París la suspensión de la entrega de equipamientos a los guarda costas libios y organizada por el Ministerio de Defensa ante las serias dudas sobre su legalidad.

El pasado febrero, Florence Parly, Ministro de Defensa, anunció la compra por parte de Francia de seis embarcaciones rápidas para los guarda costas libios para hacer frente al “problema de la inmigración clandestina”. Por primera vez, Francia hace pública una colaboración bilateral directa y concreta con los guarda costas libios. Al comprar los barcos por cuenta propia, Francia participa al ciclo de violaciones de derechos humanos cometidos en Libia contra las personas refugiadas y migrantes, ofreciendo medios logísticos para intensificarlos.

Francia infringe también sus compromisos internacionales como el Tratado sobre el comercio de armas y la Posición común 2008/944/PESC de la Unión Europea que le prohíben realizar transferencias de material militar hacia países donde este corre el riesgo de ser utilizado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, los guarda costas libios han puesto en peligro, en múltiples ocasiones, la vida y la seguridad de las personas refugiadas y migrantes que se supone que deben socorrer: abandonando en el mar a las personas en peligro, amenazándolas con sus armas y abriendo fuego. Igualmente, se conocen casos de robos hacia las personas rescatadas, así como amenazas hacia los equipos de las naves de las ONGs que participan en las operaciones de rescate.

Con la entrega de estos barcos a los guarda costas libios, la responsabilidad de Francia destaca por su centralidad puesto que la mayoría de las personas detenidas en los centros de detención en Libia han sido interceptadas en alta mar por los guarda costas libios. De hecho, los refugiados y migrantes son sistemáticamente transferidos hacia centros de detención donde se mantienen en condiciones inhumanas. Las violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, el trabajo forzado y la esclavitud forman parte de las violencias extremas a las que están expuestas las personas refugiadas y migrantes en Libia.

El Estado francés no puede ignorar la situación que prevale en Libia ni las consecuencias de esta entrega sobre la vida y la seguridad de las personas: Francia se ha convertido oficialmente en cómplice de las violaciones cometidas en su contra.

Estos barcos son el símbolo de la externalización de las políticas europeas de control de las migraciones hacia Libia. Desde hace años, nuestras asociaciones e instancias internacionales alertan regularmente sobre las consecuencias de esta colaboración para los derechos de las personas migrantes y refugiadas atrapadas en este infierno. El apoyo financiero y material por parte de los gobiernos europeos hacia los guarda costas libios se ha acelerado en los últimos años, a cambio de su cooperación en el freno de la llegada de las personas refugiadas y migrantes a las costas europeas.

Amnesty International France
Asgi
Avocats sans frontières
Gisti
La Cimade
Ligue des droits de l’Homme
Médecins sans frontières
Migreurop

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sobre el recurso presentado ante el tribunal administrativo
Las ocho ONGs solicitan la suspensión de la decisión de entregar embarcaciones a la marina libia teniendo en cuenta las serias dudas sobre la legalidad de la decisión publicada por el Ministro de Defensa. Esta suspensión se solicita a la espera de una decisión definitiva del juzgado administrativo sobre la cuestión. Las ONGs están representadas por el abogado Crusoé e invocan: 1) la violación de embargos de Naciones Unidas y europeos ante la entrega de material militar a Libia; 2) las reglas relativas a la entrega de equipamientos militares, en el primer rango de las cuales se encuentra el Tratado sobre el comercio de armas, el cual le impone a Francia que no proceda a la transferencia del material militar porque implicaría la violación del derecho internacional; 3) la responsabilidad de Francia por un “hecho internacionalmente ilícito” ante las consecuencias previsibles de la entrega de seis embarcaciones sobre los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes interceptadas y desembarcadas en suelo libio.

Sobre los barcos considerados como equipamiento militar
El Ministerio de Defensa precisó públicamente, el 21 de febrero de 2019, que se trataba de proveer embarcaciones rápidas de casco semi rígido producidas por la empresa francesa Sillinger. Según la información pública disponible, se trata de embarcaciones de 12m de largo, que serán entregadas sin armamento ni apoyo para armamento. Según la legislación francesa se consideran como naves de guerra “especialmente concebidas o modificadas para uso militar, independientemente de cual sea su uso o servicio, y de que contengan o no sistemas de lanzamiento de armas o blindaje.” Las embarcaciones, al ser consideradas material de guerra están sometidas al régimen de autorización de exportaciones de materiales de guerra, aunque se trate, como en este caso, de una cesión gratuita. Una evaluación del riesgo de la exportación de estas seis embarcaciones debería realizarse bajo la mira del Tratado de comercio de armas y de la Posición común 2008/944/PESC del Consejo del 8 de diciembre de 2008, que define las reglas comunes que regulan el control de la exportación de la tecnología y de los equipamientos militares. Hoy, la ausencia de transparencia sobre las exportaciones de equipamientos militares es tal que es imposible verificar si Francia se somete a los compromisos internacionales.

Sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes en Libia
Más de 6.500 refugiados y migrantes están actualmente detenidos arbitrariamente en una quincena de centros de detención libios, oficialmente bajo la autoridad del Ministerio del Interior. Entre las personas detenidas, unas 3.000 se encuentran en zonas en las que hay combates abiertos desde el 4 de abril, o en su proximidad. Bloqueadas, expuestas a los tiros cruzados, y con un acceso aún más restringido que el ordinario a recursos vitales, estas personas deben ser evacuadas con urgencia fuera de Libia.