Diez años de violencias en la frontera sur de la Unión Europea.

La impunidad en torno a la externalización de las políticas de “gestión” de las migraciones debe cesar

Diez años después de los acontecimientos mortales en las fronteras de Ceuta y Melilla, en octubre de 2005, las organizaciones de la sociedad civil constatan una impunidad de los actos de violencia cometidos contra las personas que buscan emigrar a Europa en la frontera norte de Marruecos, frontera sur a su vez de Europa.

2005-2015 es un decenio que, aunque marcado en los últimos años por cambios políticos esperanzadores, ha estado jalonado por una violencia constante y en ocasiones mortal, sobre todo en las zonas transfronterizas.

El análisis de las violencias cometidas en la frontera Nador-Melilla ha llevado a nuestras organizaciones a publicar esta declaración.

Las organizaciones de la sociedad civil de la región afro-mediterránea y de Europa, reunidas en Rabat del 1 al 3 de octubre de 2015 en el marco del taller “¿Bloquear las personas migrantes lo más lejos posible de las fronteras europeas?” pedimos a todos los gobiernos implicados:

El respeto de las disposiciones del derecho internacional, en particular el convenio de Ginebra relativo a las personas refugiadas del que Marruecos y España son firmantes. El respeto del principio de non-refoulement de las personas y el cese de todo acto de violencia física y moral contra las personas en movilidad transnacional en las fronteras de Ceuta y Melilla.

El respeto de las disposiciones legales en caso de expulsión en las fronteras, en particular el cese de los rechazos de personas que buscan protección internacional, de las detenciones de personas que tienen permiso de inmatriculación o de estancia, de documentos que demuestran su condición de refugiadas e incluso de mujeres embarazadas y de menores. Recordamos que la decisión que fija el país al que se expulsa ha de estar bajo control judicial con todas las garantías de un proceso equitativo que se derivan de ello.

El cese de la instrumentalización de la “lucha contra la trata de seres humanos” para realizar operaciones represivas. Si, en varias ocasiones, las autoridades marroquíes han utilizado este argumento –por ejemplo en la redada masiva del 10 de febrero de 2015 en Gurugu y la del 15 de agosto de 2015 en Oujda- nunca han puesto en práctica los procedimientos de detección y de protección de potenciales “víctimas de trata”.

Que se permita en la práctica el acceso a las oficinas de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla a cualquier persona que busque la protección internacional, sin ninguna discriminación. Pedimos también que las autoridades marroquíes cesen de bloquear el paso a las personas originarias de África subsahariana, que puede legítimamente aspirar a una protección en base al derecho de asilo, y a las personas refugiadas de Siria, o de cualquier otra región del mundo.

Desde hace meses, personas originarias de Siria y palestinos de Siria están bloqueadas en la frontera de Beni Ansar, impedidas de llegar a Melilla, en ocasiones por la fuerza.

Algunas de ellas han sido detenidas y perseguidas. En septiembre en Nador, un refugiado sirio ha sido condenado a una pena de prisión firme de dos meses. Estos bloqueos han abierto la puerta a un auténtico tráfico humano en el que las personas sirias y subsaharianas se ven obligadas a pagar sumas considerables para atravesar las fronteras.

Deploramos la utilización de inmensos recursos técnicos y financieros en la construcción de nuevas barreras y en la multiplicación de actos de violencia contra las personas en movilidad transnacional y/o potenciales solicitantes de asilo.

Exigimos de forma urgente el fin de la impunidad que gozan los responsables de estas violencias y de las políticas migratorias que se padecen en la frontera sur de Europa, en particular en torno a los enclaves de Ceuta y Melilla.

Pedimos que las leyes, actuales o futuras, relativas a la inmigración y el asilo sean respetadas y se ajusten a los compromisos internacionales de Marruecos y las disposiciones de la Constitución marroquí de 2011. La precariedad, sobre todo legal, y en términos de protección de derechos subsiste para ciertas categorías de personas extranjeras en Marruecos, y ello pese a la nueva política migratoria.

Primeros firmantes de la declaración

Abdelkrim Belguendouz, universitaire à Rabat, chercheur en migration
Alianza por la Solidaridad
Alliance contre le Racisme et la Xénophobie nord du Maroc
Association AL KHAIMA
Asociación Elín
Association lumière sur l’émigration clandestine au Maghreb (ALECMA)
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN)
Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement (ASTICUDE)
Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc (CCSM)
Collectif Loujna Tounkaranké
Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (CMSM)
EuroMed Droits – Réseau euro-méditerranéen des droits humains
Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et migrants (GADEM)
Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH)
Pateras de la vida
Réseau Migreurop

(declaración abierta a otras entidades firmantes)