Más de 80 ONG protestan contra el Reglamento de Retorno: no a una ley europea que autoriza las redadas en domicilios, la presencia policial en los servicios públicos y el perfilado racial.

Actualmente, la UE está negociando un Reglamento de Deportación (“Retorno”) para ampliar y normalizar las redadas y medidas de vigilancia migratoria en nuestras comunidades. Quieren obligar a los Estados miembros a “detectar” a las personas indocumentadas, convirtiendo los espacios cotidianos, los servicios públicos y espacios de interacción comunitaria en herramientas de aplicación de la ley migratoria al estilo del ICE. En Estados Unidos, esto ya ha provocado una crisis de salud pública en la que las personas indocumentadas evitan acceder a atención médica básica por miedo a ser denunciadas o secuestradas.

En la práctica, las medidas de detección propuestas por la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE se manifiestan como:

• Redadas policiales en viviendas particulares, permitiendo a las autoridades entrar en espacios habitables para buscar migrantes indocumentados — sin mandato judicial — así como en oficinas y refugios gestionados por organizaciones humanitarias.
• Redadas policiales en espacios públicos, como el despliegue de 4.000 agentes de policía en junio de 2025 para realizar controles exhaustivos en estaciones de autobuses y trenes, con el objetivo de arrestar y detener a personas indocumentadas, o la introducción por parte de Bélgica de controles fronterizos internos en autopistas, estaciones y aeropuertos.
• La vigilancia y la tecnología – como la recopilación masiva de datos personales de las personas y el intercambio entre fuerzas policiales de toda la UE y el uso de sistemas de identificación biométrica para rastrear los movimientos de las personas y aumentar la vigilancia de migrantes indocumentados y personas racializadas
• Obligación de notificación impuestas a funcionarios públicos, como las que se han impuesto a las oficinas de asistencia social en Alemania desde los años 90, o las que se están debatiendo en Suecia.Perfilamiento racial - Controles y verificaciones basados en la apariencia, el idioma o el origen percibido, en lugar de la conducta individual, lo que conduce a la discriminación hacia comunidades racializadas, una práctica ya habitual en Europa.

Esta amenaza es real e inmediata. La propuesta de la Comisión Europea promueve explícitamente medidas de detección y, en diciembre del año pasado,1 los Estados miembros respaldaron una postura que pedía políticas aún más duras, incluyendo redadas policiales en viviendas particulares para localizar migrantes indocumentados. Además, la mayoría de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, desde los liberales hasta la extrema derecha, han presentado enmiendas que apoyan la inclusión obligatoria de medidas de detección.

Las medidas de detección generan miedo, discriminación y persecución, y rompen los lazos sociales y las comunidades. Disuaden a las personas de acceder a la atención sanitaria esencial (incluyendo cuidados relacionado con el embarazo, tratamiento de enfermedades crónicas y vacunación), así como a la educación y los servicios sociales; atrapan a las personas en situaciones de violencia, explotación y abuso; erosionan la confianza entre profesionales y las personas a quienes dan servicio; incentivan los controles por perfil racial y la discriminación sistémica; y violan derechos fundamentales a la privacidad y la protección de datos.

Estos riesgos se han denunciado a nivel internacional. El 26 de enero, 16 Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo de la ONU enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, advirtiendo que el propuesto Reglamento de Deportación podría imponer a las y los profesionales la obligación de denunciar, desincentivando el acceso a servicios esenciales y socavando derechos fundamentales.

Incorporar estas medidas de detección en la legislación vinculante de la UE significaría financiarlas, legitimarlas, ampliarlas y estandarizarlas en toda Europa; y se validarían prácticas ilegales como el perfilamiento racial. Esto consolidaría un sistema punitivo, alimentado por la retórica de extrema derecha y basado en la sospecha racializada, la denuncia, la detención y la deportación. En lugar de proteger los derechos fundamentales, la UE está en camino de codificar una ideología de criminalización que apunta a las personas simplemente por su situación administrativa.

Europa sabe por su propia historia a dónde pueden llevar los sistemas de vigilancia, búsqueda de chivos expiatorios y control.

La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea deben escuchar estas preocupaciones y rechazar el Reglamento de Deportación.

Consulta el texto original en el sitio web de Picum.