"La democracia requiere una mirada independiente sobre los centros de retención"

El 12 de mayo, el Senado francés examinará una propuesta de ley destinada a confiar a la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) la misión de informar jurídicamente en los centros de retención administrativa (CRA), lugares de privación de libertad donde se encarcela a personas por carecer de papeles. El objetivo de esta propuesta es expulsar a las asociaciones de estos centros suprimiendo su misión de ayuda al ejercicio de los derechos. Si se aprobara, este texto supondría un golpe fatal para el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad y para la transparencia democrática.

El derecho a un recurso efectivo es una exigencia constitucional en Francia (artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano), así como una obligación europea e internacional. Garantiza a toda persona, en particular a las personas detenidas, la posibilidad de impugnar ante un juez imparcial las decisiones que le afectan: en este caso, la privación de libertad o la decisión de expulsión del territorio francés.

Este derecho solo es efectivo si la ayuda prestada es proporcionada por un agente sin conflicto de intereses. Este requisito fue recordado por el Consejo de Estado (N. del T.: mayor juridiccón administrativa francesa) ya en 2009, y consagrado en el Derecho europeo. La OFII, organismo público dependiente directamente del Ministerio del Interior y encargado de la política de expulsión, no puede cumplir este requisito elemental.

Contrariamente a lo que sugieren los autores de la propuesta de ley, la intervención de las asociaciones en los CRA está estrictamente regulada por la ley. Lxs juristas informan a las personas retenidas sobre sus derechos y las acompañan en sus trámites, sin decidir nunca por ellas. Lejos de alimentar falsas esperanzas, la asistencia se basa en una información rigurosa y realista. Las asociaciones no tienen ningún interés en fomentar trámites inútiles: su función es ayudar a cada persona a comprender sus derechos y a actuar con conocimiento de causa.

Decisiones discutibles

Lxs parlamentarixs que atacan el papel de las asociaciones en los CRA denuncian un número excesivo de recursos. Pero si hay impugnaciones es porque hay decisiones discutibles. En enero de 2024, el Tribunal de Cuentas francés señaló la sobrecarga de las prefecturas, con un aumento del 60 % en el número de obligaciones de abandonar el territorio francés (OQTF) en cinco años. Esta masificación de las OQTF es el resultado de una política de restricción de la estancia que genera cada vez más personas sin papeles. Esto lleva a Francia a producir por sí sola casi un tercio de las decisiones de expulsión en Europa. Las decisiones son automáticas, sin examen individual, a veces hacia países donde las personas corren peligro de muerte, y a menudo inaplicables. En este contexto, los errores son inevitables, y las asociaciones simplemente permiten a las personas afectadas identificarlos.

Se multiplican los recursos contra medidas cada vez más numerosas y cada vez más cuestionables desde el punto de vista jurídico, ya que más de una de cada dos personas acaba siendo puesta en libertad.

Las asociaciones también desempeñan un papel único e indispensable: constituyen la única fuente pública e independiente de información sobre los CRA, en particular gracias al informe interasociativo que publican cada año. Este trabajo permite a lxs parlamentarixs, periodistas, investigadorxs y ciudadanxs comprender lo que ocurre tras los muros de los centros de retención.

Esta función es aún más esencial si se tienen en cuenta las preocupantes condiciones de retención: situaciones de gran vulnerabilidad, problemas de salud que no son tenidos en cuenta por las autoridades, etc. Alertamos regularmente sobre el impacto de la retención en la salud de las personas, sobre las tensiones y los gestos desesperados que provoca y que a veces conducen a situaciones dramáticas, en particular a la muerte. Denunciamos regularmente las expulsiones llevadas a cabo por la administración fuera del marco legal. Suprimir esta mirada independiente equivaldría a dejar a la sociedad ciega ante los CRA. Esta transparencia, lejos de ser una postura, es un deber democrático. Es la base de todo control ciudadano sobre el ejercicio del poder, en particular cuando implica la privación de libertad.

Vigías democráticas

Lxs detractores de esta misión también esgrimen el argumento del control del gasto público. Pero en 2024, el coste total de la asistencia jurídica en los CRA asciende a 6,5 millones de euros. Se trata de una suma irrisoria en comparación con los 220 millones de euros que se destinan cada año a la retención, según el Tribunal de Cuentas.

Aún más incoherente: lxs senadorxs favorables a este texto son a menudo lxs mismxs que apoyan otra propuesta destinada a ampliar la duración máxima de la retención de noventa a ciento veinte días. Una medida extremadamente costosa —hasta más de 70 000 euros por persona— y totalmente ineficaz: los datos disponibles muestran que la mayoría de las expulsiones tienen lugar en los primeros días.

Detrás de este cuestionamiento específico hay mucho más que un debate técnico sobre la asistencia jurídica en los centros de internamiento. Las asociaciones desempeñan un papel de vigilancia democrática, garantizan el ejercicio efectivo de los derechos, señalan las disfunciones y las violaciones de los derechos y visibilizan las realidades invisibles. Debilitar su posición es debilitar un pilar de la democracia: el que permite a la sociedad civil cumplir con su deber de alerta.

Ante esta propuesta de ley, hacemos un llamamiento a lxs parlamentarixs para que no crucen una línea roja: la que separa una democracia de un sistema en el que el respeto de los derechos y las libertades se convierte en una variable de ajuste del poder. Mantener la asistencia jurídica independiente en los CRA es respetar el Estado de derecho.