España, ¿“tierra de acogida"?

España no suele ser conocida como una tierra de acogida. Pocos migrantes y solicitantes de asilo consiguen entrar en territorio español y/o acceder a una protección efectiva.
Pero con la evolución de las rutas migratorias, España volvió a ser en el 2017 la tercera puerta de entrada a Europa, después de Italia y Grecia. Las llegadas de personas migrantes y refugiadas fueron .
Es más, en 2017, España recibió a más solicitantes de protección internacional que ningún otro año: 31.120. Si hasta 2016 España solía atender en torno al 1% de las peticiones del conjunto de la UE, en 2017 registró el 4,4% del total de las presentadas en los países de la Unión, y .
Desde el mes de junio 2018, España se ha convertido en la principal ruta de llegada de personas migrantes y refugiadas por mar a Europa, con más de 26.000 llegadas en lo que va de año. Actualmente, las llegadas a España suponen cerca del 40% del total de la UE. Esto se debe en gran medida a que el número de entradas en Grecia (acuerdo UE/Turquía en 2016) y en Italia (acuerdo con Libia en 2017) ha descendido notablemente.
Cansada de ser uno de los principales países de llegada y acogida, Italia — dónde la extrema derecha llegó al poder en marzo de 2018 — niega ahora el acceso de los barcos de las ONG de salvamento de personas migrantes a sus puertos. Todo ello, .
Una situación que permitió a la nueva mayoría política española destacar, apareciendo así como el cantor de la solidaridad europea abriendo sus puertos a varios barcos de socorro a los que Italia había denegado el desembarco, y desatando el discurso anti-inmigración de algunos líderes políticos.
Una solidaridad sin embargo relativa… La realidad de Ceuta y Melilla pone en evidencia que siguen siendo territorios de excepción. A pesar de las declaraciones del nuevo Ejecutivo, continúan las llamadas “devoluciones en caliente” de personas interceptadas en el perímetro fronterizo, , cuya sentencia está actualmente .

De hecho, el 23 de agosto 2018, el actual gobierno español reactivó el acuerdo de readmisión firmado en 2012 entre los Reinos español y marroquí para proceder en menos de 24 horas a la y entrado en España . Pese a las críticas tanto internas como internacionales sobre la ilegalidad de estas medidas, el gobierno español ha avisado de que seguirán las expulsiones colectivas exprés para acceder a España. Durante su visita a España en marzo 2018, el Consejo de Europa ha recordado que la cuestión del acceso de los migrantes y refugiados a Ceuta y a Melilla ilustre las dificultades que presenta la aplicación del , que constituye un elemento esencial de las obligaciones de los Estados miembros respecto la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).
A todo ello hay que añadir que los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) siguen colapsados y a pesar de la jurisprudencia de los últimos años, persiste la prohibición de traslado a la Península de las personas solicitantes de protección internacional tras la admisión a trámite de su solicitud.

Finalmente, es importante recordar, que a este contexto se une la sentencia del 9 de julio 2018, en la que el Tribunal Supremo español condenó a España por haber incumplido sus obligaciones respecto al mecanismo de reubicación europeo fijadas por el Consejo de la Unión europea en 2015. Así, , procedentes de Grecia e Italia