Mapa de Campos de 2016 - Sexta Edición
Desolación(es) en las fronteras de la Unión
Hoy como ayer, las esperanzas de numerosas personas exiliadas se estrellan contra la realidad de los campos cerrados de los Estados europeos que, por un lado, alzan el estandarte de los derechos humanos y, por otro, exigen a las personas exiliadas que permanezcan fuera de la Unión Europea (UE). Con el pretexto de las llegadas «masivas», la UE y sus Estados vecinos no han cesado de reforzar sus sistemas de confinamiento: de 2011 a 2016, la capacidad total conocida de los campos censados por la red ha pasado de 32.000 a 47.000 plazas.
Si, en algunos países, el número de campos ha disminuido, no es debido a una política más favorable a las personas migrantes. Se debe sobre todo a cierres temporales debidos a revueltas o a políticas que privilegian centros de gran tamaño. Junto a estos lugares de privación de libertad, proliferan otras formas de para-encierros, más difusas, a veces definidas como «alternativas a la detención». Sobre todo, los campos se multiplican en países de África o de los Balcanes a los que se subcontrata su «gestión de las migraciones».
Estas evoluciones marcan un proceso de racionalización también en los dispositivos de selección puestos en práctica desde 2015 en el marco del «enfoque hotspots» (ver nota 1 del mapa).
La fragmentación del control conduce a diluir las responsabilidades existentes en los casos, numerosos, de violaciones de derechos fundamentales cometidos en nombre del control de frontera. Cada vez más a menudo se trata de personas al servicio de agencias y administraciones de perfiles difusos quienes operan en estos lugares.
Si los dramas en el Mediterráneo son portada de forma regular en los medios de comunicación, «la acogida» o la selección que se organiza en las fronteras de la UE no están exentas de violencias: tras haber protagonizado travesías traumatizante, los boat-people pueden encontrarse atrancados durante semanas e incluso meses.
Centenares de miles de personas, a veces residiendo desde hace tiempo en la UE, son encerradas, a menudo sin información sobre sus derechos, por períodos que pueden llegar a los 18 meses, como en Bulgaria, Grecia, Malta, Ceuta y Melilla.
La «consigna» dominante es no dejar entrar y expulsar a las personas designadas como indeseables. Una gran parte de ellas no pueden, sin embargo, ser expulsadas y la detención se utiliza sobre todo como castigo y con el objetivo de disuadir a las personas candidatas a la salida.
Así, en estos campos, una cólera sorda aumenta debido al no respeto de los derechos de las personas que migran y a las condiciones inhumanas a las que se ven enfrentadas. Huelgas de hambre, mutilaciones, intentos de suicidio… tantas protestas que en ocasiones se transforman en revueltas. Frente a la ausencia de justicia, a la arbitrariedad, a la privación de contacto con el exterior y al silencio de las autoridades, estos actos son a menudo el único medio de expresión de las personas encerradas. Expresan su sufrimiento, su incomprensión, y sobre todo su rechazo a ser privadas de libertad por el único motivo de no encontrarse del «lado bueno» de la frontera.