La supresión de los visados "Schengen" no debe hacerse a costa de los solicitantes de asilo

La supresión de la obligatoriedad de visa "Schengen" -para estancias inferiores a tres meses para los nacionales de Bosnia-Herzegovina y Albania- es un hito para los ciudadanos de ambos Estados. Esta decisión, adoptada el 8 de noviembre por el Consejo de la Unión, y aprobado por el Parlamento Europeo, será efectiva a partir del 15 de diciembre de 2010. Las asociaciones firmantes expresan, sin embargo, su profunda preocupación por las reservas formuladas por el Consejo de la Unión que prevé un seguimiento regular, por la Comisión Europea, de las reformas de las políticas migratorias, y la posibilidad de reinstaurar la obligación de visado en caso de "afluencia masiva" de nacionales de estos países.

En los últimos meses, representantes de la Comisión y del Consejo europeos han instado a las autoridades de los países de los Balcanes a reforzar el control de los flujos migratorios, y en particular los "motivos" de salida de sus conciudadanos. Esta exigencia, contraria a los principios contenidos en diversos textos internacionales, está relacionada con un aumento del número de solicitudes de asilo de ciudadanos de Serbia y Macedonia en varios países de la Unión Europea, una vez que estos países se han beneficiado de la exención de visado desde diciembre de 2009. En respuesta a la demanda, las autoridades locales se han comprometido a reforzar la vigilancia de sus fronteras y llevar a cabo controles de cara a impedir la salida de personas susceptibles de pedir asilo, o de lo contrario, esta exención podrá ser revocada.

Este nuevo endurecimiento de las políticas de inmigración de la Unión Europea recuerda que esta última ya ha condicionado el levantamiento de la obligación de visado para estos países a la firma de acuerdos comunitarios de readmisión, que entraron en vigor en enero de 2008, que forman parte de la panoplia de acuerdos que la UE impone a sus socios. Al introducir procedimientos acelerados, los acuerdos de readmisión fragilizan las garantías que normalmente deben concederse a los solicitantes de asilo como el principio de no devolución. De hecho, por este procedimiento, la persona detenida en el momento de cruzar irregularmente la frontera debe ser devuelta al país de origen en un plazo máximo de dos días.

La nueva iniciativa de la Unión Europea, que podría convertirse en un modelo para futuros acuerdos, vuelve a pedir a las autoridades de esos Estados que impidan la salida de sus nacionales que se consideran víctimas de la persecución en su propio país, violando de esta manera los principios de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y los de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en su artículo 13 que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. "

Al tratarse en su mayoría de personas pertenecientes a minorías étnicas, las asociaciones denuncian el doble discurso de las instituciones europeas que, por una parte, continúan criticando la discriminación que sufren, y, por otra, se niegan a concederles protección. Dado que la iniciativa de la Unión Europea está directamente relacionada con la llegada, a su territorio, de población romaní de Serbia y Macedonia, las asociaciones firmantes se preocupan por la señal dada a las autoridades de estos países y a un sector de su población, de que la población gitana no es bienvenida. Los países de los Balcanes están todavía fuertemente marcados por los efectos de la guerra y las tensiones interétnicas. Casi medio millón de personas desplazadas en la región, principalmente en Serbia, están -casi todas- desprovistas de sus derechos fundamentales.

Las asociaciones firmantes hacen por tanto un llamamiento a la Unión Europea para que garantice el respeto de los derechos de los refugiados internos y de los nacionales de estos países que deseen solicitar asilo en un Estado miembro de la UE.

París, 15 de diciembre 2010

Firmantes: Chachipe a.s.b.l. - Migreurop - Réseau Trans Europe Experts

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