Delito de solidaridad en Chipre: militantes amenazados por las autoridades por su apoyo a los migrantes y a los solicitantes de asilo
En Chipre, las leyes sobre la inmigración y el asilo no respetan las normas de la Unión Europea, y ponen a migrantes y a refugiados en situación de enorme precariedad, en particular los que se encuentran encerrados en campo de retención. En Nicosia, éstos se mantienen en espacios en absoluto adaptados a la detención (promiscuidad, superpoblación), mientras que la ley chipriota no prevé un período máximo para el encerramiento administrativo de los extranjeros. [1]Nos encontramos así con personas que esperan desde dos, o incluso tres años, a que se pronuncien sobre su suerte. El mediador de la República (Ombudsman) reafirmó en sucesivas ocasiones (2005,2008) que la detención prolongada de los extranjeros, entre los cuales solicitantes de asilo, no era aceptable y que la situación no podía permanecer así. Esta alerta es urgente más aún cuando el número de extranjeros que llegan a Chipre para solicitar el asilo o en tránsito aumenta en proporciones importantes. [2]
Regularmente, algunos incidentes graves como huelgas de hambre y rebeliones dan prueba de esta situación, y se reprimen con violencia. Raras son las voces que se elevan del exterior para denunciar el trato hecho a los extranjeros en los centros de retención. Es el caso de la asociación KISA, creada en 1998 tras incidentes racistas, que realiza actividades de información y sensibilización destinadas a los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y a la sociedad chipriota. Hoy esta asociación es amenazada por las autoridades chipriotas, que ponen en guardia a los migrantes contra sus miembros.
Entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2008, un grupo de mujeres y niños (en su mayoría de nacionalidad iraní) vinieron a acampar en los alrededores del Ministerio de Interior para gritar su desconcierto, y sensibilizar la opinión pública sobre su situación y la de sus maridos encerrados indefinidamente en Block TEN (centro de retención de Nicosia). Sostenida por KISA, esta manifestación se terminó por violencias policiales con respecto a las familias solicitantes de asilo y por la detención de Doros Polycarpou, responsable de la asociación. Las autoridades chipriotas acusan indirectamente a éste de haber señalado, durante los últimos meses, a organismos internacionales que las autoridades de la República de Chipre cometen regularmente violaciones de los derechos humanos, y más concretamente respecto a los extranjeros.
Criminalizar la asistencia a los extranjeros y desacreditar los defensores de los derechos humanos son métodos frecuentemente utilizados para disuadir a los ciudadanos de aportar ayuda a los migrantes y a los solicitantes de asilo.
El gobierno chipriota no podría encubrir las insuficiencias de su dispositivo de acogida de los extranjeros por la represión de los que son víctimas.
Rechacemos el "delito de solidaridad" V [3] en Chipre como en otra parte,
Aportemos nuestro apoyo a la asociación KISA.