Ceuta o la consagración de las políticas migratorias racistas y securitarias

Entre el 30 y el 31 de julio, entre 40 000 personas (según Marruecos) y 70 000 (según España) habrían cruzado desde Marruecos, principalmente por mar, la frontera de Ceuta —un vestigio colonial europeo bajo control español situado en territorio marroquí —, reclamando así su libertad de circulación. Entre 83 personas [1] (cifra oficial) y 141 [2] (cifra de las asociaciones) habrían fallecido en el intento, y casi la mayoría de las personas que llegaron fueron devueltas a Marruecos en 48 horas, en violación del derecho internacional (principio de no devolución), del derecho europeo (Pacto Europeo de Asilo y Migración) y de la legislación española (sentencia del Tribunal Supremo español de 8 de julio de 2026).

La fabricación de la « crisis migratoria », una estrategia recurrente de las políticas europeas
Ante lo que se ha presentado como una enésima «crisis migratoria», conviene poner las cifras en perspectiva. Parecen importantes si se tienen en cuenta los escasos 20 km² (85 000 habitantes) que ocupa el enclave de Ceuta. Pero, en realidad, son insignificantes si se comparan con la población de los 27 Estados miembros de la UE, que supera los 450 millones de habitantes. En este caso se produce un efecto de zoom, amplificado precisamente por el hecho de que Ceuta, que constituye una de las dos únicas fronteras terrestre entre Marruecos y España (la otra es Melilla), se encuentra en el continente africano y no forma parte del espacio Schengen.
Cada vez que Europa ha vivido episodios de llegadas importantes a territorios insulares o aislados, se ha recurrido a la retórica de la « crisis migratoria». Esta expresión permite achacar la responsabilidad a las personas migrantes y desviar la atención de los retos políticos y del sistema impuesto por las antiguas potencias coloniales. Este procedimiento se ha utilizado con frecuencia, en Lampedusa (Italia) en 2011 durante las revoluciones árabes y en 2023, cuando entre 6.000 y 13.000 personas llegaron a la isla en pocos días, en Ceuta en 2021, cuando unas 10 000 personas entraron en dos días en el enclave tras una relajación de los controles fronterizos marroquíes, o incluso en Melilla en 2005 o 2022, durante los intentos de franqueo de la valla fronteriza.

En todos estos casos anteriores, las personas en busca de protección, u oportunidades —y que se han visto obligadas a recurrir a vías alternativas debido al cierre de las fronteras y a los regímenes de visados impuestos— han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas del orden y devueltas muy rápidamente, en violación de sus derechos. Además, muchas de ellas han perdido la vida en el Mediterráneo, dejando a familias enteras en duelo.
La misma represión brutal se llevó a cabo en Ceuta después del 30 de julio. Ante este movimiento migratorio, la narrativa de España ha sido denunciar una «violación de [su] integridad territorial por parte de redes criminales», señalando una instrumentalización por parte de las «mafias», que habrían difundido información engañosa en las redes sociales —en particular, una «interpretación extensiva» de la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio de 2026 [3], o una apertura de la frontera entre Marruecos y España. En respuesta a esta situación, España desplegó inmediatamente al ejército in situ para apoyar a la Guardia Civil, mientras que la UE ofrecía el apoyo de la agencia Frontex para «recuperar el control» de las fronteras europeas consideradas «amenazadas».

Recuperación política a todos los niveles
La instrumentalización política no se hizo esperar a escala de la UE. Las imágenes de las llegadas de exiliadxs a Ceuta, difundidas en bucle, fueron inmediatamente explotadas e instrumentalizadas por las derechas europeas y las extremas derechas, incluso fuera del espacio Schengen, para construir un relato de « invasión ». Descritas como un problema de seguridad pública, estas llegadas desencadenaron discursos de odio descarados y gritos de indignación, y una crisis diplomática que no tardó en eclipsar la crisis humanitaria.
Así, se ha señalado el supuesto « laxismo » del Gobierno español, debido al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha en su territorio entre abril y junio de 2026 [4]. Sin embargo, este programa, que respondía a criterios estrictos — en particular, el de haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 —, finalizó el 30 de junio de 2026.

A pesar de ello, se acusa a España de haber enviado «un mensaje erróneo» a lxs ciudadanxs de terceros países y de haber creado un « efecto llamada » —un mito fantasioso ampliamente difundido por la extrema derecha [5]. Sin embargo, este argumento falaz no se esgrimió contra Italia un año antes, cuando, ante la necesidad de mano de obra, este país emitió un decreto para regularizar a 500 000 personas extranjeras en su territorio entre 2025 y 2028 [6]. En el caso de Ceuta, existe sin duda alguna la voluntad de aislar y desacreditar la política migratoria de España — uno de los pocos países europeos que, en algunas de sus prácticas y declaraciones a escala nacional, va en contra de los discursos y las políticas que se centran exclusivamente en la seguridad en materia de inmigración. — y de contrarrestar lo antes posible la posibilidad de que se extienda un discurso positivo e inclusivo sobre la migración, frente al discurso antiinmigración que está cobrando fuerza a nivel europeo. Sin embargo, nadie puede ignorar la política paralela llevada a cabo por España en materia de externalización en África Occidental en los últimos años, que dista mucho de intentar atraer a personas migrantes : construcción de centros de detención extraterritoriales, despliegue de la policía española y de la Guardia Civil, y apoyo de varios millones de euros a las fuerzas de seguridad de África Occidental para el control de la migración. Estas políticas de externalización han tenido, entre otras consecuencias, la de convertir la ruta atlántica hacia las Islas Canarias en una de las más mortíferas de los últimos años (con 1.300 fallecidxs a mediados de 2026) [7].

Los Estados miembros vecinos no han dudado en pedir que se refuercen los controles en las fronteras exteriores de la Unión. Algunos países (Italia, Dinamarca) han pedido a raíz de ello que se suspenda del espacio Schengen a una España acusada de no sumarse a la estrategia de « seguridad a toda costa » y de no controlar eficazmente sus fronteras. Por un lado, dicha suspensión no está prevista en la normativa europea vigente y, por otro, es bien sabido que los enclaves de Ceuta y Melilla cuentan con un régimen excepcional dentro del espacio Schengen que no permite la libre circulación hacia la península ibérica, debido a un doble control a la entrada y a la salida del enclave, que funciona como una esclusa cerrada. Los países europeos vecinos de España también se han apresurado a indicar que iban a reforzar los controles en las fronteras internas de la Unión… A pesar de que ocho Estados miembros, entre ellos Francia e Italia, han restablecido de hecho, total o parcialmente, dichos controles desde 2015 [8].
En cuanto a Marruecos, que el 30 de julio celebraba los 27 años de reinado de Mohamed VI, guardó silencio durante cuatro días antes de, finalmente, pasarle la pelota a España, acusándola de no haber previsto las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio de 2026 [9]…

La instrumentalización de lxs exiliadxs en beneficio de intereses geopolíticos, efecto boomerang de la externalización
A pesar de ello, España se ha apresurado a recordar que Marruecos es, ante todo, un aliado, ya que colabora con gran celo en la política migratoria y de seguridad europea. De hecho, España, para frenar los movimientos migratorios en su frontera, necesita a Marruecos, quien no duda en recordárselo en diversas ocasiones. Este último nunca ha dudado en utilizar a lxs exiliadxs como moneda de cambio para servir a sus intereses económicos o políticos, influir en el debate geopolítico o expresar su descontento, especialmente ante el acercamiento entre España y Argelia [10], tal y como ya ha hecho en el pasado (2021, 2023). Los países socios de la política de externalización de la UE utilizan así las mismas armas que la UE, es decir, el regateo, para volverse e vez en cuando en su contra. Así ocurrió con Turquía y Grecia en marzo de 2020, con Marruecos y España en mayo de 2021, y con Bielorrusia y Polonia a partir de agosto de 2021. Las personas migrantes se convierten así en moneda de cambio: el regateo se lleva a cabo a costa de ellas —o incluso a costa de sus vidas—, lo que, en cualquier caso, supone una violación de sus derechos. Y es que, al delegar la gestión de la migración en terceros países, a menudo autoritarios, la UE se desentiende de las consecuencias de esta subcontratación y convierte a las personas que desean llegar a su territorio en peones en manos de gobiernos que disponen de una palanca de presión política frente a una Europa carcomida por un racismo creciente, dispuesta a todo para mantener a lxs exiliadxs lejos de sus fronteras.

Violaciones masivas de los derechos en nombre de la protección de las fronteras europeas
Al igual que en casos anteriores relacionados con las llamadas «llegadas masivas» a la Unión, España procedió con gran rapidez (48 horas) a la devolución de las personas llegadas a Ceuta. Y lo hizo violando sus derechos fundamentales. De hecho, las personas interceptadas en Ceuta deberían haber sido sometidas, en principio, a un proceso de triaje —previsto por el reglamento homónimo del Pacto Europeo sobre Asilo y Migración, que entró en applicación en junio de 2026—, antes de ser derivadas a un procedimiento de asilo o de retorno. Situación que pone de manifiesto que este instrumento ha nacido-muerto un mes y medio después de su entrada en aplicación... Además, las personas llegadas por mar deberían haber sido objeto —antes de su «entrega» (devolución) a Marruecos— de un examen individual de su situación, de conformidad con la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo español. Sin embargo, Pedro Sánchez ha indicado claramente que esta no se aplicaría al caso concreto. ¿Es necesario recordar, sin embargo, que nadie puede ser objeto de una devolución forzosa sin que se haya examinado su situación individual o sin haber podido presentar, en su caso, una solicitud de protección internacional en virtud del principio internacional de no devolución?
En una escalada de medidas de seguridad, el Ministerio del Interior español anunció además el 1 de agosto la instalación de una barrera neumática de 500 metros de longitud en el mar para impedir que las personas migrantes crucen a nado entre Marruecos y Ceuta. Con la intención aparente de « ajustarse » a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que menciona la necesidad de un «elemento físico de contención» en el mar para poder proceder a «rechazos en frontera».

Los sucesos de Ceuta, por lo tanto, solo habrán servido para justificar la doctrina ultrasecuritaria de la UE en materia migratoria y para reafirmar que es la única política posible.
Tras cinco días de crisis diplomática, y después de haber sido vilipendiado por sus vecinos europeos, el presidente del Gobierno español acabó recibiendo su apoyo por su rápida gestión de la crisis política y diplomática [11], que pronto caerá en el olvido. Al igual que las personas fallecidas por haber querido ejercer su derecho a la movilidad y desafiar las políticas migratorias europeas represivas, racistas y mortíferas.

La necropolítica asumida de la UE
Los acontecimientos de Ceuta nos demuestran, por si aún hiciera falta, que las políticas migratorias represivas matan. Y que la externalización de las fronteras, sea cual sea su coste humano y financiero, es un pilar de dichas políticas migratorias. Prueba de ello son los acuerdos de colaboración, aún vigentes, entre la UE y países como Marruecos, Libia, Túnez, Egipto o Mauritania, que violan notoriamente los derechos de sus ciudadanxs y de las personas exiliadas en su territorio.
El refuerzo de los dispositivos de control y seguridad a lo largo de toda la ruta migratoria, así como la complicidad de los países de origen o de tránsito en este enfoque centrado exclusivamente en la seguridad, tienen graves consecuencias. Debido a la multiplicación y la tecnificación de los obstáculos, la ruta hacia Europa se ha convertido en un auténtico cementerio, y los muertos y heridos se cuentan por miles [12].
Aunque aún no hay un balance definitivo sobre el episodio de Ceuta, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos informa de al menos 140 fallecidxs. Hasta la fecha, la UE y los Estados socios que asumen el papel de gendarmes de Europa nunca han asumido su parte de responsabilidad en estas tragedias, consideradas « daños colaterales » de una estrategia de disuasión en la que la violencia, como medio vinculado al objetivo de no acogida y de alejamiento, se ha erigido en norma [13]. ¿Qué hay de la identificación de estas personas? ¿Qué hay de las investigaciones que deberán llevarse a cabo para establecer la verdad, la justicia y la reparación para las familias de estas víctimas de las políticas migratorias europeas? ¿Hasta cuándo las autoridades europeas eludirán así su parte de responsabilidad, cuando son ellas las que han cortado todo acceso legal a Europa a las personas migrantes y, por consiguiente, han incumplido su deber de socorro y solidaridad [14]?

La militarización de las fronteras no impide los movimientos migratorios
Ceuta nos muestra también que, si bien los obstáculos en la ruta migratoria obligan a las personas exiliadas a recurrir a vías alternativas más peligrosas, no las disuaden de cruzar las fronteras. Ninguna barrera podrá saciar la sed de libertad de circulación de las poblaciones, especialmente las del Sur global, injustamente confinadas en un mundo desigual y ultraconectado.
En Marruecos, la precaria situación (un 37 % de desempleo entre los jóvenes, pobreza rampante, falta de perspectivas), las repetidas denegaciones de visados y la brecha socioeconómica que separa a este país de una España situada a 14 km indignan a la generación joven, que proclama que la libertad de circulación ya no puede quedar reservada únicamente a lxs privilegiadxs. Para acabar con la violación de la igualdad de oportunidades, en nombre del principio de igualdad entre todas las personas y del principio de emancipación, las personas exiliadas reclaman el derecho a la movilidad que se les niega, recordando que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y que este derecho está reconocido internacionalmente [15]. Y violado internacionalmente.

Lejos de constituir un fracaso político, las muertes en las fronteras, las devoluciones sumarias y las repetidas violaciones de los derechos fundamentales que se observan en las fronteras de Europa se han convertido en características estructurales de un sistema en el que la migración se percibe, ante todo, como una amenaza para la seguridad más que como una realidad humana. El coste humano no es fortuito; es intrínseco a un modelo que prima la exclusión sobre la protección, y la disuasión sobre la solidaridad.
Mientras la movilidad siga siendo en gran medida inaccesible, las personas seguirán arriesgando sus vidas en busca de seguridad, dignidad y oportunidades. Ningún grado de militarización de las fronteras puede eliminar la migración; solo puede hacerla más peligrosa. Por lo tanto, se necesita un enfoque fundamentalmente diferente: un enfoque que sitúe los derechos humanos, la igualdad, la responsabilidad internacional y la libertad de circulación en el centro de las politicas migratorias.