MIGREUROP

Ceuta o la consagración de las políticas migratorias racistas y securitarias

2026-08-11T21:09:27Z

Al contrario de lo que se ha venido diciendo mayoritariamente en los medios de comunicación estas últimas semanas, los sucesos ocurridos en Ceuta a partir del 30 de julio no deben considerarse una « crisis migratoria » excepcional, sino más bien la consecuencia previsible de un modelo de gestión migratoria basado en la disuasión, la externalización de las fronteras, la normalización progresiva de la violencia y la instrumentalización de las cuestiones migratorias. La militarización de las fronteras, la crueldad hacia las personas migrantes, la violación del derecho internacional y la impunidad institucional organizada son elementos que demuestran cada día el callejón sin salida en el que se encuentran las políticas y estrategias migratorias actuales.

Entre el 30 y el 31 de julio, entre 40 000 personas (según Marruecos) y 70 000 (según España) habrían cruzado desde Marruecos, principalmente por mar, la frontera de Ceuta —un vestigio colonial europeo bajo control español situado en territorio marroquí —, reclamando así su libertad de circulación. Entre 83 personas [1] (cifra oficial) y 141 [2] (cifra de las asociaciones) habrían fallecido en el intento, y casi la mayoría de las personas que llegaron fueron devueltas a Marruecos en 48 horas, en violación del derecho internacional (principio de no devolución), del derecho europeo (Pacto Europeo de Asilo y Migración) y de la legislación española (sentencia del Tribunal Supremo español de 8 de julio de 2026).

La fabricación de la « crisis migratoria », una estrategia recurrente de las políticas europeas
Ante lo que se ha presentado como una enésima «crisis migratoria», conviene poner las cifras en perspectiva. Parecen importantes si se tienen en cuenta los escasos 20 km² (85 000 habitantes) que ocupa el enclave de Ceuta. Pero, en realidad, son insignificantes si se comparan con la población de los 27 Estados miembros de la UE, que supera los 450 millones de habitantes. En este caso se produce un efecto de zoom, amplificado precisamente por el hecho de que Ceuta, que constituye una de las dos únicas fronteras terrestre entre Marruecos y España (la otra es Melilla), se encuentra en el continente africano y no forma parte del espacio Schengen.
Cada vez que Europa ha vivido episodios de llegadas importantes a territorios insulares o aislados, se ha recurrido a la retórica de la « crisis migratoria». Esta expresión permite achacar la responsabilidad a las personas migrantes y desviar la atención de los retos políticos y del sistema impuesto por las antiguas potencias coloniales. Este procedimiento se ha utilizado con frecuencia, en Lampedusa (Italia) en 2011 durante las revoluciones árabes y en 2023, cuando entre 6.000 y 13.000 personas llegaron a la isla en pocos días, en Ceuta en 2021, cuando unas 10 000 personas entraron en dos días en el enclave tras una relajación de los controles fronterizos marroquíes, o incluso en Melilla en 2005 o 2022, durante los intentos de franqueo de la valla fronteriza.

En todos estos casos anteriores, las personas en busca de protección, u oportunidades —y que se han visto obligadas a recurrir a vías alternativas debido al cierre de las fronteras y a los regímenes de visados impuestos— han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas del orden y devueltas muy rápidamente, en violación de sus derechos. Además, muchas de ellas han perdido la vida en el Mediterráneo, dejando a familias enteras en duelo.
La misma represión brutal se llevó a cabo en Ceuta después del 30 de julio. Ante este movimiento migratorio, la narrativa de España ha sido denunciar una «violación de [su] integridad territorial por parte de redes criminales», señalando una instrumentalización por parte de las «mafias», que habrían difundido información engañosa en las redes sociales —en particular, una «interpretación extensiva» de la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio de 2026 [3], o una apertura de la frontera entre Marruecos y España. En respuesta a esta situación, España desplegó inmediatamente al ejército in situ para apoyar a la Guardia Civil, mientras que la UE ofrecía el apoyo de la agencia Frontex para «recuperar el control» de las fronteras europeas consideradas «amenazadas».

Recuperación política a todos los niveles
La instrumentalización política no se hizo esperar a escala de la UE. Las imágenes de las llegadas de exiliadxs a Ceuta, difundidas en bucle, fueron inmediatamente explotadas e instrumentalizadas por las derechas europeas y las extremas derechas, incluso fuera del espacio Schengen, para construir un relato de « invasión ». Descritas como un problema de seguridad pública, estas llegadas desencadenaron discursos de odio descarados y gritos de indignación, y una crisis diplomática que no tardó en eclipsar la crisis humanitaria.
Así, se ha señalado el supuesto « laxismo » del Gobierno español, debido al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha en su territorio entre abril y junio de 2026 [4]. Sin embargo, este programa, que respondía a criterios estrictos — en particular, el de haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 —, finalizó el 30 de junio de 2026.

A pesar de ello, se acusa a España de haber enviado «un mensaje erróneo» a lxs ciudadanxs de terceros países y de haber creado un « efecto llamada » —un mito fantasioso ampliamente difundido por la extrema derecha [5]. Sin embargo, este argumento falaz no se esgrimió contra Italia un año antes, cuando, ante la necesidad de mano de obra, este país emitió un decreto para regularizar a 500 000 personas extranjeras en su territorio entre 2025 y 2028 [6]. En el caso de Ceuta, existe sin duda alguna la voluntad de aislar y desacreditar la política migratoria de España — uno de los pocos países europeos que, en algunas de sus prácticas y declaraciones a escala nacional, va en contra de los discursos y las políticas que se centran exclusivamente en la seguridad en materia de inmigración. — y de contrarrestar lo antes posible la posibilidad de que se extienda un discurso positivo e inclusivo sobre la migración, frente al discurso antiinmigración que está cobrando fuerza a nivel europeo. Sin embargo, nadie puede ignorar la política paralela llevada a cabo por España en materia de externalización en África Occidental en los últimos años, que dista mucho de intentar atraer a personas migrantes : construcción de centros de detención extraterritoriales, despliegue de la policía española y de la Guardia Civil, y apoyo de varios millones de euros a las fuerzas de seguridad de África Occidental para el control de la migración. Estas políticas de externalización han tenido, entre otras consecuencias, la de convertir la ruta atlántica hacia las Islas Canarias en una de las más mortíferas de los últimos años (con 1.300 fallecidxs a mediados de 2026) [7].

Los Estados miembros vecinos no han dudado en pedir que se refuercen los controles en las fronteras exteriores de la Unión. Algunos países (Italia, Dinamarca) han pedido a raíz de ello que se suspenda del espacio Schengen a una España acusada de no sumarse a la estrategia de « seguridad a toda costa » y de no controlar eficazmente sus fronteras. Por un lado, dicha suspensión no está prevista en la normativa europea vigente y, por otro, es bien sabido que los enclaves de Ceuta y Melilla cuentan con un régimen excepcional dentro del espacio Schengen que no permite la libre circulación hacia la península ibérica, debido a un doble control a la entrada y a la salida del enclave, que funciona como una esclusa cerrada. Los países europeos vecinos de España también se han apresurado a indicar que iban a reforzar los controles en las fronteras internas de la Unión… A pesar de que ocho Estados miembros, entre ellos Francia e Italia, han restablecido de hecho, total o parcialmente, dichos controles desde 2015 [8].
En cuanto a Marruecos, que el 30 de julio celebraba los 27 años de reinado de Mohamed VI, guardó silencio durante cuatro días antes de, finalmente, pasarle la pelota a España, acusándola de no haber previsto las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio de 2026 [9]…

La instrumentalización de lxs exiliadxs en beneficio de intereses geopolíticos, efecto boomerang de la externalización
A pesar de ello, España se ha apresurado a recordar que Marruecos es, ante todo, un aliado, ya que colabora con gran celo en la política migratoria y de seguridad europea. De hecho, España, para frenar los movimientos migratorios en su frontera, necesita a Marruecos, quien no duda en recordárselo en diversas ocasiones. Este último nunca ha dudado en utilizar a lxs exiliadxs como moneda de cambio para servir a sus intereses económicos o políticos, influir en el debate geopolítico o expresar su descontento, especialmente ante el acercamiento entre España y Argelia [10], tal y como ya ha hecho en el pasado (2021, 2023). Los países socios de la política de externalización de la UE utilizan así las mismas armas que la UE, es decir, el regateo, para volverse e vez en cuando en su contra. Así ocurrió con Turquía y Grecia en marzo de 2020, con Marruecos y España en mayo de 2021, y con Bielorrusia y Polonia a partir de agosto de 2021. Las personas migrantes se convierten así en moneda de cambio: el regateo se lleva a cabo a costa de ellas —o incluso a costa de sus vidas—, lo que, en cualquier caso, supone una violación de sus derechos. Y es que, al delegar la gestión de la migración en terceros países, a menudo autoritarios, la UE se desentiende de las consecuencias de esta subcontratación y convierte a las personas que desean llegar a su territorio en peones en manos de gobiernos que disponen de una palanca de presión política frente a una Europa carcomida por un racismo creciente, dispuesta a todo para mantener a lxs exiliadxs lejos de sus fronteras.

Violaciones masivas de los derechos en nombre de la protección de las fronteras europeas
Al igual que en casos anteriores relacionados con las llamadas «llegadas masivas» a la Unión, España procedió con gran rapidez (48 horas) a la devolución de las personas llegadas a Ceuta. Y lo hizo violando sus derechos fundamentales. De hecho, las personas interceptadas en Ceuta deberían haber sido sometidas, en principio, a un proceso de triaje —previsto por el reglamento homónimo del Pacto Europeo sobre Asilo y Migración, que entró en applicación en junio de 2026—, antes de ser derivadas a un procedimiento de asilo o de retorno. Situación que pone de manifiesto que este instrumento ha nacido-muerto un mes y medio después de su entrada en aplicación... Además, las personas llegadas por mar deberían haber sido objeto —antes de su «entrega» (devolución) a Marruecos— de un examen individual de su situación, de conformidad con la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo español. Sin embargo, Pedro Sánchez ha indicado claramente que esta no se aplicaría al caso concreto. ¿Es necesario recordar, sin embargo, que nadie puede ser objeto de una devolución forzosa sin que se haya examinado su situación individual o sin haber podido presentar, en su caso, una solicitud de protección internacional en virtud del principio internacional de no devolución?
En una escalada de medidas de seguridad, el Ministerio del Interior español anunció además el 1 de agosto la instalación de una barrera neumática de 500 metros de longitud en el mar para impedir que las personas migrantes crucen a nado entre Marruecos y Ceuta. Con la intención aparente de « ajustarse » a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que menciona la necesidad de un «elemento físico de contención» en el mar para poder proceder a «rechazos en frontera».

Los sucesos de Ceuta, por lo tanto, solo habrán servido para justificar la doctrina ultrasecuritaria de la UE en materia migratoria y para reafirmar que es la única política posible.
Tras cinco días de crisis diplomática, y después de haber sido vilipendiado por sus vecinos europeos, el presidente del Gobierno español acabó recibiendo su apoyo por su rápida gestión de la crisis política y diplomática [11], que pronto caerá en el olvido. Al igual que las personas fallecidas por haber querido ejercer su derecho a la movilidad y desafiar las políticas migratorias europeas represivas, racistas y mortíferas.

La necropolítica asumida de la UE
Los acontecimientos de Ceuta nos demuestran, por si aún hiciera falta, que las políticas migratorias represivas matan. Y que la externalización de las fronteras, sea cual sea su coste humano y financiero, es un pilar de dichas políticas migratorias. Prueba de ello son los acuerdos de colaboración, aún vigentes, entre la UE y países como Marruecos, Libia, Túnez, Egipto o Mauritania, que violan notoriamente los derechos de sus ciudadanxs y de las personas exiliadas en su territorio.
El refuerzo de los dispositivos de control y seguridad a lo largo de toda la ruta migratoria, así como la complicidad de los países de origen o de tránsito en este enfoque centrado exclusivamente en la seguridad, tienen graves consecuencias. Debido a la multiplicación y la tecnificación de los obstáculos, la ruta hacia Europa se ha convertido en un auténtico cementerio, y los muertos y heridos se cuentan por miles [12].
Aunque aún no hay un balance definitivo sobre el episodio de Ceuta, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos informa de al menos 140 fallecidxs. Hasta la fecha, la UE y los Estados socios que asumen el papel de gendarmes de Europa nunca han asumido su parte de responsabilidad en estas tragedias, consideradas « daños colaterales » de una estrategia de disuasión en la que la violencia, como medio vinculado al objetivo de no acogida y de alejamiento, se ha erigido en norma [13]. ¿Qué hay de la identificación de estas personas? ¿Qué hay de las investigaciones que deberán llevarse a cabo para establecer la verdad, la justicia y la reparación para las familias de estas víctimas de las políticas migratorias europeas? ¿Hasta cuándo las autoridades europeas eludirán así su parte de responsabilidad, cuando son ellas las que han cortado todo acceso legal a Europa a las personas migrantes y, por consiguiente, han incumplido su deber de socorro y solidaridad [14]?

La militarización de las fronteras no impide los movimientos migratorios
Ceuta nos muestra también que, si bien los obstáculos en la ruta migratoria obligan a las personas exiliadas a recurrir a vías alternativas más peligrosas, no las disuaden de cruzar las fronteras. Ninguna barrera podrá saciar la sed de libertad de circulación de las poblaciones, especialmente las del Sur global, injustamente confinadas en un mundo desigual y ultraconectado.
En Marruecos, la precaria situación (un 37 % de desempleo entre los jóvenes, pobreza rampante, falta de perspectivas), las repetidas denegaciones de visados y la brecha socioeconómica que separa a este país de una España situada a 14 km indignan a la generación joven, que proclama que la libertad de circulación ya no puede quedar reservada únicamente a lxs privilegiadxs. Para acabar con la violación de la igualdad de oportunidades, en nombre del principio de igualdad entre todas las personas y del principio de emancipación, las personas exiliadas reclaman el derecho a la movilidad que se les niega, recordando que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y que este derecho está reconocido internacionalmente [15]. Y violado internacionalmente.

Lejos de constituir un fracaso político, las muertes en las fronteras, las devoluciones sumarias y las repetidas violaciones de los derechos fundamentales que se observan en las fronteras de Europa se han convertido en características estructurales de un sistema en el que la migración se percibe, ante todo, como una amenaza para la seguridad más que como una realidad humana. El coste humano no es fortuito; es intrínseco a un modelo que prima la exclusión sobre la protección, y la disuasión sobre la solidaridad.
Mientras la movilidad siga siendo en gran medida inaccesible, las personas seguirán arriesgando sus vidas en busca de seguridad, dignidad y oportunidades. Ningún grado de militarización de las fronteras puede eliminar la migración; solo puede hacerla más peligrosa. Por lo tanto, se necesita un enfoque fundamentalmente diferente: un enfoque que sitúe los derechos humanos, la igualdad, la responsabilidad internacional y la libertad de circulación en el centro de las politicas migratorias.

[1] « Se elevan a 83 los fallecidos en la entrada masiva en Ceuta tras el hallazgo de otro cadáver », El Confidencial, 9 de agosto de 2026

[2] « Sebta : l'AMDH fait état de plus de 140 morts et 111 arrestations », Media 24, 7 de agosto de 2026 ; « Las ONG de Marruecos elevan a 141 la cifra de muertos a ambos lados de la frontera de Ceuta », El Pais, 7 de agosto de 2026

[3] La sentencia del Tribunal Supremo español de 8 de julio de 2026 considera que las autoridades españolas no pueden proceder a devoluciones en caliente de las personas que llegan por mar a Ceuta o Melilla sin un examen individual previo de su situación

[4] Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril de 2026 (BOE-A-2026-8284)

[5] «Inmigración: el mito del “efecto llamada”», Le Monde, 11 de enero de 2023

[6] «Explicación: el «Decreto de Flujos» (Decreto Flussi) de Italia para 2026-2028», Infomigrants, 28 de noviembre de 2025

[7] « Over 1,300 dead on Atlantic route to Canary Islands to date in 2026 », Infomigrants, 26 de junio de 2026

[8] «Espacio Schengen: ¿qué países europeos han restablecido los controles fronterizos?», Toute l'Europe, 13 de septiembre de 2024; «La Comisión Europea pide a los Estados miembros que pongan fin a los controles en las fronteras interiores de la UE», Infomigrants, 3 de junio de 2026

[9] «Sebta: les dessous de l'arrêt de justice espagnole qui a provoqué la crise migratoire », le 360 magazine, 4 de agosto de 2026

[10] «Crisis de Ceuta: entre España y Marruecos, treinta años de acercamientos estratégicos y muchas segundas intenciones», Le Monde, 2 de agosto de 2026

[11] « Ceuta : la crise politique et diplomatique passée, l'Espagne obtient le soutien des Européens », Mediapart, 4 de agosto de 2026

[12] Las políticas fatales de la Fortaleza Europa, UNIDOS contra las muertes de refugiados

[13] «“Controlar” la migración: entre dejar morir y dar permiso para matar», Migreurop, 27 de octubre de 2023

[14] «Los Estados del Magreb y de la Unión Europea, culpables de violaciones sistemáticas del derecho internacional y de crímenes contra la humanidad — Sentencia de la 56.ª edición del Tribunal Permanente de los Pueblos», Migreurop, 7 de abril de 2026

[15] El derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, es un derecho humano fundamental garantizado por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Ceuta: the culmination of racist and securitised migration policies

2026-08-11T21:09:18Z

Contrary to the narrative that has largely been circulating in the media in recent weeks, the events that took place in Ceuta from 30 July onwards should not be understood as an exceptional "migration crisis", but rather as the predictable outcome of a model for the ‘management' of migrations built upon deterrence, border externalisation, the progressive normalisation of violence and the exploitation of migration issues. The militarisation of borders, the cruelty inflicted upon people on the move, the systematic violations of international law, and the organised impunity enjoyed by public authorities all illustrate, day after day, the profound failure of contemporary migration policies.

Between 30 and 31 July, between 40,000 people (according to Morocco) and 70,000 (according to Spain) are reported to have crossed the border from Morocco into Ceuta—primarily by sea—thereby reclaiming their freedom of movement. Ceuta, a European colonial remnant under Spanish control, is located on Moroccan territory. Between 83 people (official figures) [1] and 140 [2] (according to civil society organisations) reportedly lost their lives in the process. Nearly all those who reached the enclave were returned to Morocco within 48 hours, in violation of international law (the principle of non-refoulement), European law (the European Pact on Asylum and Migration), and Spanish law (the ruling of the Spanish Supreme Court of 8 July 2026).

The fabrication of the “migration crisis”: a recurring strategy in European politics
Faced with what has once again been portrayed as a "migration crisis", it is important to put these figures into perspective. The number of arrivals in the enclave appears significant when viewed in relation to Ceuta's tiny territory of just 20 km² and its population of approximately 85,000 inhabitants. Yet these figures are in fact negligible when compared with the more than 450 million people living across the 27 Member States of the European Union. What we are witnessing is essentially a magnification effect, further amplified by the fact that Ceuta, one of the only two land borders between Morocco and Spain (the other being Melilla), is located on the African continent, and does not form part of the Schengen Area.

Whenever Europe has experienced large-scale arrivals on island or landlocked territories, the rhetoric of the ‘migration crisis' has been invariably employed. This phrase serves to shift the blame onto migrants and divert attention from the political issues and the system imposed by the former colonial powers. This tactic has been used regularly, in Lampedusa (Italy) in 2011 during the Arab Spring and in 2023 when between 6,000 and 13,000 people arrived on the island in the space of a few days, in Ceuta in 2021, when around 10,000 people entered the enclave in two days following a relaxation of Moroccan border controls; and in Melilla in 2005 and 2022 during attempts to scale the border fence.
On each of these occasions, people seeking protection or opportunities - and forced to take alternative routes due to border closures and visa requirements - were met with violent repression by law enforcement authorities before being summarily returned in violation of their fundamental rights. Moreover, many of them have lost their lives in the Mediterranean, leaving entire families in mourning.
The same brutal crackdown was carried out in Ceuta after 30 July. In response to this migratory movement, Spain's stance has been to condemn "a violation of [its] territorial integrity by criminal networks", accusing "mafias" of manipulating events by spreading misleading information on social media—notably through an "overly broad interpretation" of the Spanish Supreme Court's ruling of 8 July 2026, [3] or false claims that the Moroccan–Spanish border had been opened. Spain immediately deployed the army to reinforce the Guardia Civil, while the European Union offered the support of the Frontex agency to help "regain control" of Europe's supposedly "threatened" external borders.

All-out political capitalisation
The political exploitation of the events was immediate across Europe. Images of people on the move arriving in Ceuta, broadcast continuously by the media, were rapidly seized upon by conservative and far-right political actors across EU—and even beyond Schengen area—to construct a narrative of "invasion". Framed as a public security issue, these arrivals fuelled increasingly uninhibited hate speech and outraged outcries, triggering a diplomatic crisis that quickly overshadowed the unfolding humanitarian emergency.
The Spanish government's alleged "laxity" was singled out in particular because of the special regularisation process introduced within its territory between April and June 2026. [4] Yet that programme was subject to strict eligibility requirements—in particular, that of having arrived in Spain before 1 January 2026— and has been closed since 30 June 2026.

Nevertheless, Spain was accused of sending "the wrong message" to third-country nationals and of creating a so-called "pull factor"—a widely discredited myth that continues to be promoted by the far right. [5] Curiously, the same criticism was not levelled at Italy a year earlier when, faced with labour shortages, it adopted its own decree providing for the regularisation of 500,000 foreign nationals between 2025 and 2028. [6] The reaction to the events in Ceuta clearly reflects an effort to isolate and discredit Spain's migration policy— one of the few European countries whose practices and statements at national level run counter to the exclusively security-focused rhetoric and policies on migration —and to counter, as quickly as possible, the potential spread of a positive and inclusive narrative on migration in the face of anti-immigration rhetoric that is gaining ground at European level. Yet this should not obscure Spain's parallel policy of migration externalisation in West Africa over recent years, which is far from seeking to attract migrants: the construction of offshore detention centres, the deployment of the Spanish National Police and Guardia Civil abroad, and the allocation of millions of euros to West African security forces for migration control. These externalisation policies have notably contributed to making the Atlantic route to the Canary Islands one of the deadliest migration routes in recent years (with 1,300 deaths by mid-2026 [7]).

Across EU, neighbouring Member States were quick to call for stronger controls at the Union's external borders. Some governments—notably Italy and Denmark—even called for Spain to be suspended from the Schengen Area, arguing that it was failing to embrace a fully securitised approach to migration management and was not adequately controlling its borders. Such a suspension is, first, not provided for under the current EU legal framework. Second, it is well established that the enclaves of Ceuta and Melilla are subject to a special derogatory regime within the Schengen framework that does not allow free movement to mainland Spain, owing to the dual system of entry and exit controls that effectively turns the enclaves into closed buffer zones. Meanwhile, Spain's European neighbours also announced that they would reinforce controls at the Union's internal borders—even though eight Member States, including France and Italy, have in practice maintained full or partial internal border controls since 2015. [8]
Morocco, which had celebrated the twenty-seventh anniversary of King Mohammed VI's accession to the throne on 30 July, remained silent for four days before ultimately shifting responsibility onto Spain, accusing it of having failed to anticipate the consequences of the Spanish Supreme Court's ruling of 8 July 2026. [9]

The Instrumentalisation of people on the move for geopolitical ends: the boomerang effect of externalisation
Despite these tensions, Spain was quick to reaffirm that Morocco remains above all a strategic ally, reflecting its central role as one of the European Union's most committed partners in implementing its securitised migration agenda. Spain's efforts to prevent migration at its southern border depend heavily on Morocco's cooperation—a dependency that Rabat has repeatedly demonstrated it knows how to exploit.
Morocco has never hesitated to use people on the move as bargaining chips to advance its political and economic interests, influence regional geopolitical dynamics, or express dissatisfaction with Spain's foreign policy—particularly following Madrid's rapprochement with Algeria [10] —just as it did during previous diplomatic disputes in 2021 and 2023.
In this respect, the partner countries to which the European Union has externalised migration control have adopted the very same strategy employed by the EU itself -, political bargaining - to occasionally turn against it. Turkey did so vis-à-vis Greece in March 2020; Morocco vis-à-vis Spain in May 2021; and Belarus vis-à-vis Poland from August 2021 onwards. People on the move are thus transformed into instruments of geopolitical negotiation, traded at the expense of their rights, or even their lives.

By delegating migration management to third countries—many of them authoritarian regimes—the European Union distances itself from the human consequences of its externalisation strategy. In doing so, it reduces people seeking to reach Europe to political pawns in the hands of governments that possess a powerful means of leverage over a Europe increasingly shaped by racism and prepared to go to almost any length to keep people on the move away from its borders.

Massive rights violations in the name of protecting Europe's borders
As in previous episodes involving so-called "mass arrivals" within the European Union, Spain proceeded to return those who had reached Ceuta within just 48 hours. In doing so, it violated their fundamental rights.
Under the Screening Regulation of the European Pact on Asylum and Migration, which entered into force in June 2026, people intercepted in Ceuta should first have undergone the mandatory screening procedure before being channelled either into an asylum procedure or a return procedure. This situation clearly demonstrates that this instrument was a failure just a month and a half after it came into force... Furthermore, those who arrived by sea should—prior to any "handover" (pushback) to Morocco—have benefited from an individual assessment of their circumstances, in accordance with the recent case law of the Spanish Supreme Court. Yet Prime Minister Pedro Sánchez explicitly stated that the Court's ruling would not apply in the present case. It is nevertheless worth recalling that no one may be subjected to forced return without an individual examination of their situation or, where applicable, without having had the opportunity to apply for international protection, as required under the international principle of non-refoulement.

In a further escalation of the securitised response, on 1 August the Spanish Ministry of the Interior announced the installation of a 500-metre floating maritime barrier intended to prevent migrants from swimming between Morocco and Ceuta. The measure appears designed to comply formally with the Spanish Supreme Court's reference to the need for a "physical containment element" at sea to justify what the authorities describe as "refusals at the border".

The events in Ceuta will therefore have served only to reinforce the European Union's ultra-securitised migration doctrine and to reaffirm the claim that it constitutes the only possible policy response. After five days of diplomatic tensions, during which the Spanish government was harshly criticised by several European partners, the Prime Minister obtained their support [11] for his swift handling of the political and diplomatic crisis. That episode will soon fade from public memory. So too will the people who lost their lives simply for attempting to exercise their right to mobility and for challenging European migration policies that are repressive, racist and deadly.

The European Union's embrace of Necropolitics
The events in Ceuta demonstrate, once again if any further evidence were needed, that repressive migration policies kill. They also confirm that the externalisation of border controls—regardless of its human or financial cost—has become one of the central pillars of European migration policies.
The continued partnerships between the European Union and countries such as Morocco, Libya, Tunisia, Egypt and Mauritania, all of which are widely documented as committing serious human rights violations against both their own citizens and foreigners on their territory, provide ample evidence of this reality.

The continuous reinforcement of surveillance and security mechanisms throughout migration routes, combined with the active cooperation of countries of origin and transit in this securitised agenda, has devastating human consequences. As physical and technological barriers have multiplied, the journey to Europe has increasingly become a vast cemetery, claiming thousands of lives and leaving countless others injured. [12]
Although no official assessment has yet been produced regarding the events in Ceuta, the Moroccan Association for Human Rights reports that at least 140 people lost their lives. To date, neither the European Union nor the partner States acting as Europe's border guards have accepted responsibility for these tragedies. Instead, they continue to be treated as "collateral damage" resulting from a deterrence strategy in which violence—deployed as a means of preventing arrival and keeping people at a distance—has effectively become institutionalised as a governing norm. [13]
Who will identify those who died? Who will conduct the investigations necessary to establish the truth, ensure justice, and provide reparations for the families of those who have become victims of European migration policies? How much longer will European authorities evade their share of responsibility when they themselves have systematically closed off legal pathways to Europe for people on the move, thereby failing in their duties of rescue, protection and solidarity? [14]

The militarisation of borders does not prevent migration
Ceuta also demonstrates that while obstacles placed along migration routes force people on the move to resort to increasingly dangerous alternatives, they do not deter them from crossing borders. No wall, fence or military deployment will ever extinguish people's aspiration to freedom of movement, particularly among populations in the Global South who are unjustly confined within national borders in an unequal and hyper-connected world.
In Morocco, widespread precarity—characterised by youth unemployment (37% among young people), growing poverty, and a lack of economic and social prospects—combined with the repeated refusal of visas and the stark socio-economic divide separating Morocco from Spain, just 14 kilometres away, has fuelled growing frustration among younger generations. Increasingly, they are asserting that freedom of movement can no longer remain the exclusive privilege of the fortunate few.
In the pursuit of equal opportunities, in the name of equality and human emancipation, people on the move are reclaiming a right to mobility that has been systematically denied to them. In doing so, they remind us that every person has the right to leave any country, including their own—a fundamental human right recognised under international law. [15] Yet it is a right that is routinely violated.

Far from constituting a political failure, the deaths at borders, summary deportations and repeated violations of fundamental rights observed at Europe's borders have become structural features of a system in which migration is perceived first and foremost as a threat to security rather than as a human reality. The human cost is not incidental; it is intrinsic to a model that prioritises exclusion over protection, and deterrence over solidarity.
As long as mobility remains largely inaccessible, people will continue to risk their lives in search of safety, dignity and opportunities. No level of border militarisation can eliminate migration; it can only make it more dangerous. A fundamentally different approach is therefore needed — one that places human rights, equality, international responsibility and freedom of movement at the heart of migration policies.

[1] « Se elevan a 83 los fallecidos en la entrada masiva en Ceuta tras el hallazgo de otro cadáver », El Confidencial, 9 August 2026

[2] « Sebta : l'AMDH fait état de plus de 140 morts et 111 arrestations », Media 24, 7 August 2026 ; « Las ONG de Marruecos elevan a 141 la cifra de muertos a ambos lados de la frontera de Ceuta», El Pais, 7 August 2026

[3] The Spanish Supreme Court's judgment of 8 July 2026 held that the Spanish authorities may not carry out summary pushbacks (devoluciones en caliente) of persons arriving by sea in Ceuta or Melilla without first conducting an individual assessment of their circumstances

[4] Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril de 2026 (BOE-A-2026-8284)

[5] "Immigration: The Myth of the 'Pull Factor'" Le Monde, 11 January 2023

[6] "Explainer: Italy's 2026–2028 'Flow Decree' (Decreto Flussi)" InfoMigrants, 28 November 2025

[7] « Over 1,300 dead on Atlantic route to Canary Islands to date in 2026 », Infomigrants, 26 June 2026

[8] "Schengen Area: Which European Countries Have Reintroduced Internal Border Controls?", Toute l'Europe, 13 September 2024; and "The European Commission Calls on Member States to End Controls at the EU's Internal Borders" InfoMigrants, 3 June 2026

[9] « Sebta: les dessous de l'arrêt de justice espagnole qui a provoqué la crise migratoire », le 360 magazine, 4 August 2026

[10] « Crise de Ceuta : entre l'Espagne et le Maroc, trente ans de rapprochements stratégiques et beaucoup d'arrière-pensées », Le Monde, 2 août 2026

[11] « Ceuta : la crise politique et diplomatique passée, l'Espagne obtient le soutien des Européens », Mediapart, 4 de agosto de 2026

[12] The Fatal Policies of Fortress Europe, UNITED against refugee deaths

[13] "'Controlling' Migration: Between Letting People Die and a Licence to Kill" Migreurop, 27 October 2023

[14] "The States of the Maghreb and the European Union found guilty of systematic violations of international law and crimes against humanity - Judgment of the 56th session of the Permanent Peoples' Tribunal”, Migreurop, 7 April 2026

[15] The right to leave any country, including one's own, is a fundamental human right guaranteed by Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights (1948) and Article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Ceuta ou la consécration des politiques migratoires racistes et sécuritaires

2026-08-11T21:09:03Z

Contrairement aux discours qui ont majoritairement circulé dans les médias ces dernières semaines, les événements survenus à Ceuta à partir du 30 juillet 2026 ne doivent pas être considérés comme une « crise migratoire » exceptionnelle, mais plutôt comme la conséquence prévisible d'un modèle de « gestion » des mouvements migratoires fondé sur la dissuasion, l'externalisation des frontières, la normalisation progressive de la violence, et l'instrumentalisation des questions migratoires. La militarisation des frontières, la cruauté envers les personnes en migration, la violation du droit international, et l'impunité institutionnelle organisée sont autant d'éléments qui démontrent chaque jour l'impasse des politiques et stratégies migratoires actuelles.

Entre le 30 et le 31 juillet, entre 40 000 personnes [1] (selon le Maroc) et 70 000 [2] (selon l'Espagne) auraient franchi depuis le Maroc, principalement par la mer, la frontière de Ceuta – résidu colonial européen sous contrôle espagnol situé sur le territoire marocain –, arrachant ainsi leur liberté de circulation. Entre 83 personnes (chiffre officiel) et 141 (chiffre des associations) seraient décédées ce faisant, et presque la majorité des personnes arrivées ont été renvoyées au Maroc en 48h, en violation du droit international (principe de non-refoulement), du droit européen (Pacte européen asile et migration), et de la législation espagnole (arrêt de la Cour suprême espagnole du 8 juillet 2026).

La fabrique de la « crise migratoire », stratégie récurrente des politiques européennes

Face à ce qui a été présenté comme une énième « crise migratoire », il convient de relativiser les chiffres. Les chiffres annoncés des arrivées dans l'enclave semblent conséquents au regard du confetti de 20 km2 (85 000 habitants) que constitue l'enclave de Ceuta. Mais ils sont en réalité dérisoires au regard de la population des 27 États membres de l'UE, qui compte plus de 450 millions d'habitant·es. Il y a en l'espèce un effet de zoom, amplifié dans ce cas précis par le fait que Ceuta, l'une des deux seules frontières terrestres entre le Maroc et l'Espagne (l'autre étant Melilla), se trouve sur le continent africain et ne fasse pas partie de l'espace Schengen.
A chaque fois que l'Europe a connu des épisodes d'arrivées importantes sur des territoires insulaires ou enclavés, a été utilisée la rhétorique de la « crise migratoire ». Cette formule permet de rejeter la responsabilité sur les personnes migrantes et de détourner l'attention des enjeux politiques et du système imposé par les anciennes puissances coloniales. Ce procédé a été utilisé régulièrement, à Lampedusa (Italie) en 2011 pendant les révolutions arabes et en 2023 lorsqu'entre 6000 et 13 000 personnes sont arrivées en quelques jours sur l'île, à Ceuta en 2021 lorsqu'environ 10 000 personnes sont entrées en deux jours dans l'enclave après un relâchement du contrôle frontalier marocain, ou encore à Melilla en 2005 ou 2022 lors de tentatives de franchissement de la barrière-frontière.
Lors de tous ces précédents, les personnes en quête de protection ou d'opportunités – et contraintes d'emprunter des voies alternatives en raison de la fermeture des frontières et des régimes de visa imposés – ont été brutalement réprimées par les forces de l'ordre, avant d'être sommairement renvoyées, en violation de leurs droits. Nombre d'entre elles ont de plus péri en Méditerranée, laissant des familles entières en deuil.

La même répression brutale a été déployée à Ceuta après le 30 juillet. Face à ce mouvement migratoire, le discours de l'Espagne a consisté à dénoncer une « violation de [son] intégrité territoriale par des réseaux criminels », pointant du doigt une instrumentalisation par des « mafias », qui auraient partagé des informations mensongères sur les réseaux sociaux – notamment une « interprétation extensive » de l'arrêt de la Cour suprême espagnole du 8 juillet 2026 [3] ou une ouverture de la frontière maroco-espagnole. En réponse à cette situation, l'Espagne a immédiatement déployé l'armée sur place pour venir en appui à la Guardia Civil, tandis que l'UE offrait le soutien de l'agence Frontex pour « reprendre le contrôle » des frontières européennes dites « menacées ».

Récupération politique tous azimuts

La récupération politique a été immédiate à l'échelle de l'UE. Les images des arrivées d'exilé·es à Ceuta diffusées en boucle ont immédiatement été exploitées et instrumentalisées par les droites européennes et les extrêmes droites, y compris au-delà de l'espace Schengen, pour construire un récit de « l'invasion ». Décrites comme un problème de sécurité publique, ces arrivées ont déclenché discours décomplexés de haine et protestations indignées, ainsi qu'une crise diplomatique qui a eu tôt fait d'éclipser la crise humanitaire.
Le prétendu « laxisme » du gouvernement espagnol a ainsi été pointé du doigt, du fait du processus de régularisation extraordinaire mis en place sur son territoire entre avril et juin 2026 [4]. Or, ce programme, qui répondait à des critères stricts – notamment celui d'être arrivé en Espagne avant le 1er janvier 2026 – est clos depuis le 30 juin 2026.

Qu'à cela ne tienne, l'Espagne est accusé d'avoir envoyé « un mauvais message » aux ressortissant·es des pays tiers, et d'avoir créé un « appel d'air » – mythe fantasmé largement relayé par l'extrême droite [5]. Cet argument fallacieux ne fut cependant pas retenu contre l'Italie un an plus tôt, lorsqu'en besoin de main d'œuvre, ce pays a lui-même émis un décret pour régulariser 500 000 personnes étrangères sur son territoire entre 2025 et 2028 [6]. Dans l'épisode Ceuta, il y a sans nul doute la volonté d'isoler et de décrédibiliser la politique migratoire de l'Espagne – rare pays européen qui dans certaines de ses pratiques et propos tenus à l'échelle nationale va à rebours des discours et politiques uniquement sécuritaires en matière migratoire. L'objectif est de contrer au plus vite la possibilité d'élargissement d'un narratif positif et inclusif sur les migrations face au discours anti-immigration qui prend de l'ampleur au niveau européen.
Nul ne peut cependant ignorer qu'en parallèle l'Espagne a mené ces dernières années une politique d'externalisation en Afrique de l'Ouest, bien loin de chercher à attirer les immigré·es : construction de centres de détention offshore, déploiement de la police espagnole et de la Guardia civil, et soutien de plusieurs millions d'euros aux forces de sécurité ouest-africaines pour le contrôle des migrations. Ces politiques d'externalisation ont notamment eu pour conséquence de faire de la route atlantique vers les îles Canaries l'une des plus meurtrières ces dernières années (avec 1300 décès à la mi-2026 [7]).

Les États membres voisins n'ont pas manqué d'appeler au renforcement des contrôles aux frontières externes de l'Union. Certains pays (Italie, Danemark) ont dans la foulée appelé à suspendre de l'espace Schengen une Espagne qui soi-disant ne jouerait pas le jeu du tout-sécuritaire et qui ne contrôlerait pas efficacement ses frontières. D'une part, cette suspension n'est pas prévue par les textes européens en vigueur, et d'autre part il est de notoriété publique que les enclaves de Ceuta et Melilla disposent d'un régime dérogatoire dans l'espace Schengen qui ne permet pas la libre circulation vers la péninsule espagnole du fait d'un double contrôle à l'entrée et à la sortie de l'enclave, qui fonctionne comme un sas fermé. Les pays européens voisins de l'Espagne se sont également empressés d'indiquer qu'ils allaient renforcer les contrôles aux frontières internes de l'Union... Alors même que huit États membres, dont la France et l'Italie, ont de fait rétabli totalement ou partiellement ces contrôles depuis 2015 [8].

Quant au Maroc, qui célébrait le 30 juillet les 27 ans de règne de Mohamed VI, il s'est tu pendant quatre jours avant de finalement renvoyer la balle vers l'Espagne, l'accusant de ne pas avoir anticipé les conséquences de l'arrêt de la Cour suprême espagnole du 8 juillet 2026 [9].

L'instrumentalisation des exilé·es au profit d'enjeux géopolitiques, effet boomerang de l'externalisation

Malgré cela, l'Espagne s'est empressée de rappeler que le Maroc est avant tout un allié, tant il est un collaborateur zélé de la politique migratoire sécuritaire européenne. En effet, l'Espagne, pour entraver les mouvements migratoires à sa frontière, a besoin du Maroc qui sait le lui rappeler en différentes occasions. Ce dernier n'a jamais hésité à utiliser les exilé·es comme monnaie d'échange pour servir ses intérêts économiques ou politiques, peser dans le débat géopolitique, ou exprimer ses mécontentements, notamment face au rapprochement entre l'Espagne et l'Algérie [10], comme il l'a déjà fait par le passé (2021, 2023). Les pays partenaires de la politique d'externalisation de l'UE utilisent ainsi les mêmes armes que l'UE, à savoir le marchandage, pour se retourner occasionnellement contre elle. Cela a été le cas pour la Turquie avec la Grèce en mars 2020, le Maroc avec l'Espagne en mai 2021, et la Biélorussie avec la Pologne dès août 2021. Les exilé·es deviennent alors une monnaie d'échange : le marchandage se fait sur leur dos – voire sur leurs vies – dans tous les cas en violation de leurs droits. Car en déléguant la gestion des migrations à des pays tiers, souvent autoritaires, l'UE se défausse des conséquences de cette sous-traitance, et transforme les personnes qui souhaitent rejoindre son territoire en pions entre les mains de gouvernements qui disposent d'un levier de pression politique face à une Europe gangrenée par un racisme croissant, prête à tout pour maintenir les exilé·es loin de ses frontières.

Des violations massives des droits au nom de la protection des frontières européennes

Comme lors de précédents impliquant des arrivées dites « massives » dans l'Union, l'Espagne a procédé très rapidement (48h) au renvoi des personnes arrivées à Ceuta. Et ce en violation de leurs droits fondamentaux. En effet, les personnes interceptées à Ceuta auraient en principe dû faire l'objet du filtrage – prévu par le règlement éponyme du Pacte européen asile et migration entré en application en juin 2026 –, avant toute orientation vers une procédure d'asile ou de retour. Situation qui souligne que cet instrument est mort-né un mois et demi après son entrée en application... De plus, les personnes arrivées par la mer auraient dû – avant « remise » (refoulement) au Maroc – faire l'objet d'un examen individuel de leur situation en vertu de la récente jurisprudence de la Cour Suprême espagnole. Or, Pedro Sanchez a clairement indiqué que celle-ci ne s'appliquerait pas au cas d'espèce. Faut-il pourtant rappeler que nul ne peut faire l'objet d'un renvoi forcé sans avoir vu sa situation individuelle examinée, ou avoir pu déposer le cas échéant une demande de protection internationale en vertu du principe international de non-refoulement ?

Dans une surenchère sécuritaire, le ministère de l'Intérieur espagnol a par ailleurs annoncé le 1er août la mise en place d'une barrière pneumatique de 500 mètres de long en cours d'installation dans la mer pour empêcher les migrant·es de traverser à la nage entre le Maroc et Ceuta. Dans la volonté a priori de se « conformer » à la jurisprudence de la Cour Suprême espagnole évoquant la nécessité d'un « élément physique de contention » en mer pour pouvoir procéder à des « refus d'admission à la frontière ».

Les événements de Ceuta auront donc uniquement permis de justifier la doctrine ultra-sécuritaire de l'UE en matière migratoire, et de réaffirmer qu'elle est la seule politique possible.
A l'issue de cinq jours de crise diplomatique, après avoir été vilipendé par ses voisins européens, le président du gouvernement espagnol aura finalement reçu leur soutien pour sa gestion rapide de la crise politique et diplomatique [11], qui sera vite oubliée. Tout comme les personnes décédées pour avoir voulu exercer leur droit à la mobilité et braver les politiques migratoires européennes répressives, racistes et mortifères.

La nécropolitique assumée de l'UE

Les évènements de Ceuta nous montrent, s'il le fallait encore, que les politiques migratoires répressives tuent. Et que l'externalisation des frontières, quel qu'en soit le coût humain et financier, est un pilier de ces politiques migratoires. La preuve en est les partenariats toujours en vigueur entre l'UE et des pays comme le Maroc, la Libye, la Tunisie, l'Égypte ou la Mauritanie, qui bafouent notoirement les droits de leurs citoyen·nes et des personnes exilées sur leur territoire.
Le renforcement des dispositifs de contrôle et de sécurité tout au long du parcours migratoire comme la complicité des pays d'origine ou de transit dans ce tout sécuritaire ont de lourdes conséquences. Du fait de la multiplication et de la technologisation des obstacles, la route pour l'Europe est devenue un véritable cimetière, et les morts et les blessés se comptent par milliers [12].
S'il n'existe pas encore de bilan en ce qui concerne l'épisode Ceuta, l'association marocaine des droits humains fait état d'au moins 140 décès. A ce jour, l'UE et les États partenaires qui endossent le rôle de gendarmes de l'Europe n'ont jamais assumé leur part de responsabilité dans ces tragédies, considérées comme des « dommages collatéraux » d'une stratégie de dissuasion dans laquelle la violence, en tant que moyen corrélé à l'objectif de non-accueil et de mise à distance, est érigée en norme [13]. Quid de l'identification de ces personnes ? Quid des enquêtes qui devront être menées pour établir vérité, justice et réparation pour les familles de ces victimes des politiques migratoires européennes ? Jusqu'à quand les autorités européennes éluderont ainsi leur part de responsabilité alors que ce sont elles qui ont coupé tout accès légal à l'Europe aux personnes en migration, et qui ont par conséquent failli à leur devoir de secours et de solidarité ? [14]

La militarisation des frontières n'empêche pas les mouvements migratoires

Ceuta nous montre également que si les entraves sur le parcours migratoire contraignent les exilé·es à utiliser des voies alternatives plus dangereuses, elles ne les dissuadent pas de franchir les frontières. Aucune barrière ne pourra étancher la soif d'émancipation et de liberté de circulation des populations, notamment du Sud global, injustement assignées à résidence dans un monde inégalitaire et ultra-connecté.
Au Maroc, la situation précaire (37 % de chômage chez les jeunes, pauvreté rampante, manque de perspectives), les refus de visas à répétition, et le fossé socio-économique qui sépare ce pays d'une Espagne située à 14km révoltent la jeune génération, qui clame que la liberté de circulation ne peut plus être réservée aux seul·es privilégié·es. Pour en finir avec la rupture de l'égalité des chances, au nom du principe d'égalité entre tou·te·s, et du principe d'émancipation, les personnes exilées se saisissent du droit à la mobilité qui leur est nié, rappelant que toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien, et que ce droit est internationalement reconnu [15]. Et internationalement bafoué.

Loin de constituer un échec politique, les mort·es aux frontières, les renvois sommaires et les violations répétées des droits fondamentaux observés aux frontières de l'Europe sont devenus des caractéristiques structurelles d'un système dans lequel la migration est avant tout perçue comme une menace pour la sécurité plutôt que comme une réalité humaine. Le coût humain n'est pas fortuit : il est intrinsèque à un modèle qui privilégie l'exclusion plutôt que la protection, et la dissuasion plutôt que la solidarité.
Tant que la mobilité restera largement inaccessible, les personnes continueront de risquer leur vie à la recherche de sécurité, de dignité et d'opportunités. Aucun degré de militarisation des frontières ne peut éliminer la migration ; ces politiques ne peuvent que la rendre plus dangereuse. Une approche fondamentalement différente est donc nécessaire – une approche qui place les droits humains, l'égalité, la responsabilité internationale et la liberté de circulation au cœur des politiques migratoires.

[1] "Se elevan a 83 los fallecidos en la entrada masiva en Ceuta tras el hallazgo de otro cadáver", El Confidencial, 9 de agosto de 2026

[2] "Sebta : l'AMDH fait état de plus de 140 morts et 111 arrestations", Media 24, 7 de agosto de 2026 ; "Las ONG de Marruecos elevan a 141 la cifra de muertos a ambos lados de la frontera de Ceuta", El Pais, 7 de agosto de 2026

[3] L'arrêt de la Cour suprême espagnole du 8 juillet 2026 considère que les autorités espagnoles ne peuvent procéder à des refoulements express (devoluciones en caliente) des personnes arrivées par la mer à Ceuta ou Melilla sans un examen individuel préalable de leur situation

[4] Real Decreto 316/2026, 14 avril 2026, publié au Journal Officiel du 15 avril 2026 (BOE-A-2026-8284)

[5] « Immigration : le mythe de « l'appel d'air » », le Monde, 11 janvier 2023

[6] « Explainer : Italy's 2026-2028 'Flow Decree' (Decreto Flussi) », Infomigrants, 28 novembre 2025

[7] « Over 1,300 dead on Atlantic route to Canary Islands to date in 2026 », Infomigrants, 26 juin 2026

[8] « Espace Schengen : quels pays européens ont rétabli des contrôles aux frontières ? », Toute l'Europe, 13 septembre 2024 ; « La Commission européenne demande aux États membres de cesser les contrôles aux frontières intérieures de l'UE », Infomigrants, 3 juin 2026

[9] « Sebta : les dessous de l'arrêt de justice espagnole qui a provoqué la crise migratoire », le 360 magazine, 4 août 2026

[10] « Crise de Ceuta : entre l'Espagne et le Maroc, trente ans de rapprochements stratégiques et beaucoup d'arrière-pensées », Le Monde, 2 août 2026

[11] « Ceuta : la crise politique et diplomatique passée, l'Espagne obtient le soutien des Européens », Mediapart, 4 août 2026

[12] The Fatal Policies of Fortress Europe, UNITED against refugee deaths

[13] « 'Contrôler' les migrations : entre laisser-mourir et permis de tuer », Migreurop, 27 octobre 2023

[14] « Les États du Maghreb et de l'Union européenne coupables de violations systématiques du droit international et de crimes contre l'humanité - Jugement de la 56e édition du Tribunal Permanent des Peuples », Migreurop, 7 avril 2026

[15] Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, est un droit humain fondamental garanti par l'Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adoption of the EU ‘Return' Regulation: the death of international law

Camille — 2026-03-26T13:51:17Z

ℹ️Read the summary of the analysis here.

On 26 March 2026, following on from the recent rights-violating legislative reforms (the European Pact on Migration and Asylum, the Schengen Code reform, the redefinition of the concept of ‘safe countries'...), MEPs approved a new instrument that effectively annihilates the rights of migrant people and continues to dismantle EU law, and, by extension, international law.

In the blink of an eye, the hard-right's repressive agenda has prevailed. And what little rights remained have been shattered. In a historic acceleration, the far right has, in barely a year, pushed through a new common system for the expulsion of third-country nationals without the right to reside in the EU (known as the ‘Return Regulation'), repealing the 2008 Return Directive. Another milestone in the war on migrants that began 30 years ago, this Return Regulation consolidates the long-standing erosion of rights by crossing new red lines regarding the rights of foreigners. This new text, which leaves Member States considerable leeway, will undoubtedly lead to further violence against migrant people: increased criminalisation, widespread detention in camps, externalisation on all fronts, heightened risks to their physical and mental integrity,the institutionalised dismantling of rights.

This regulation clearly aims to take the ‘Europeanisation of the worst' [1] a step further by giving substance to the ambitions of those states most opposed to migration, and by exacerbating or creating new violations of rights on a transnational scale. Above all, it illustrates Europe's anti-migration obsession and the embrace of far-right ideas that are infecting both the public sphere and the institutions of the Union.

A tightening of European migration policies under the influence of the far right

The Return Regulation, which will be binding on Member States, follows on from the European Pact on Migration and Asylum [2] – which establishes common rules for the cut-price management of immigration and asylum and already opened the door to widespread rights violations (obstacles to the right to an effective remedy and legal assistance, brutal detention practices that are increasingly informal and precarious, and a new procedure for border returns). Thus, this regulation aims, on the one hand, to fill the ‘gaps' in the Pact by ‘simplifying, facilitating and accelerating' the procedures for deporting people who don't benefit from the right to reside within the Union. On the other hand, it aims to satisfy the demands of the European far right, which was calling for even harsher standards towards migrants. The position of the Council of the EU (8 December 2025) had already toughened the Commission's initial text (11 March 2025). The alternative compromise adopted by the LIBE Committee on 9 March – and for which the negotiating mandate was confirmed by the European Parliament's plenary session on 26 March – is even more repressive, resulting from an alliance between the right and the far right, struck after several weeks of behind-the-scenes negotiations.

An obsession with security at the expense of fundamental rights

Following on from the numerous, well-documented violations of rights [3] resulting from the 2008 ‘directive of shame' – and the normalisation of violence against people on the move, which has for years been employed as a deterrent strategy [4] – this text unashamedly contributes to the erosion of the rights and freedoms of foreign nationals. Whilst claiming – but only for appearances' sake – to act with “full respect” for them, even though no impact assessment preceded this regulation, as required by current European legislation.

The language used in this text reveals nothing but hostility and mistrust towards those without the right to reside in the Union, who must be got rid of in the name of ‘taking control' and ‘effectiveness' in the fight against so-called irregular immigration.

Emphasis is placed on the need to guarantee “territorial integrity, the maintenance of public order and the safeguarding of national security” within the Union [5] . The grounds for a “security risk” are no longer limited to serious crimes but have been extended to criminal offences punishable by at least two years' imprisonment, or to any threat to security under national law. For migrants allegedly posing this “risk”, exceptions to the (strict) general rules are introduced (entry bans and longer detention periods, specialised detention centres). Whilst measures aimed at detecting and surveilling people without the right to reside in the Union have ultimately been removed from the latest version of the text, their inclusion in a recital leaves the door open for the Council to reintroduce intrusive investigative methods to track them down. Furthermore, there are numerous provisions that directly undermine fundamental rights.

Systematic mass detention

Under previous legislation, the detention of foreign nationals was to be a measure of last resort. The new regulation no longer bothers with such considerations (except for unaccompanied minors – at least in theory), and detention becomes de facto systematic with an expansion of the grounds for detention [6] .

This, whether formal or disguised (e.g. the use of electronic tagging), may apply to all categories of foreign nationals, including those deemed ‘vulnerable': minors (unaccompanied or accompanied), asylum seekers, and people whose state of health is, in principle, incompatible with detention.

Furthermore, the maximum period of detention is increased from 18 to 24 months (2 x 12 months) ‘in a given Member State ” (Art. 32-3) – meaning that detention periods can be cumulative across Member States – and can be extended indefinitely in the event of threats to “public order”, public or internal “security”, or in the event of an offence. However, European courts have consistently held that administrative detention must be exceptional and proportionate. It should also be noted that in the event of a ‘security risk', the text provides for the legal possibility that such administrative detention may take place in prisons, in designated sections, or alongside common law prisoners.

It is clear here that the systematic detention of migrants – in camps or prisons, including in cases of non-cooperation with the authorities – is punitive and criminalising. This is despite the fact that they are deprived of their liberty because they do not meet the requirements for entry into or residence in a European country, and that Member States have obligations to respect rights under ratified international conventions. Finally, the criminalisation of migrants leads to recurrent violations of their fundamental rights and fuels racism in both migration policies and among the general public.

Deporting faster and further

This new text demonstrates the EU's determination to allow deportation at any cost and to prevent foreign nationals deemed ‘undesirable' from setting foot on European soil, once and for all.

A person subject to a removal procedure will be required to actively cooperate with the authorities regarding their forced return, failing which they may face sanctions, particularly financial or criminal penalties (including imprisonment). They may also be subject to a search and have their personal belongings seized (including electronic devices), which may infringe upon the rights of asylum seekers, the right to privacy and the protection of personal data.

The aim is to speed up forced removals through the mutual recognition and enforcement of removal decisions between Member States, potentially without individual review of cases between the country that issued the expulsion order and the one enforcing it, which risks undermining the principle of non-refoulement. Furthermore, it will now be possible to deport a person without waiting for the final removal decision, as the automatic suspensive effect of an appeal against that decision has been removed, which may undermine the right to an effective remedy.

Under the pretext of circumventing the alleged lack of cooperation from countries of origin or transit – which could lead to sanctions – or the practical impossibility of returning a person, the new European legislation also broadens the definition of ‘country of return'. This provides for the possibility of deporting migrant people to third countries they have never set foot in – with the notable exception of unaccompanied minors (Art. 17-4) – with which they have no connection (nationality, transit or residence), and without their consent, as this requirement has simply been removed from the new text. To this end, Member States or the EU will be able to negotiate agreements (formal or informal) with countries outside Europe (return hubs), and will simply be required to inform the European Commission. It will be up to these third countries to ‘manage' the populations returned from Europe (detention, deportations?), without any provision for a mechanism for ex ante or ex post monitoring of these deportations by the European institutions, and without a suspension clause in the event of rights violations. This text also permits the sharing of data with third countries, including data relating to criminal convictions.

Member States are thus completely absolving themselves of the consequences and repercussions of these deportations, in breach of the principle of Member States' extraterritorial responsibility in cases of dangerous return [7] . Furthermore, if the country of return cannot be determined, it will be possible to issue a deportation order that specifies none… or to designate several, which in both cases will hinder the ability to challenge these decisions. Furthermore, there is no need to declare the third country of return ‘safe', except for asylum seekers whose applications have been deemed inadmissible.

Finally, bans on re-entry into the European Union following deportation may be imposed even before a removal order has been issued, or even after the person has left the territory. The maximum duration of this ban (previously five years) – initially extended to 10, then 20 years – is ultimately not specified in the latest version of the text [8] , except for persons who would pose a security risk, in which case the ban may be indefinite (i.e. permanent). To add insult to injury, ‘Member States may make the lifting of an entry ban conditional upon the reimbursement of the costs incurred in removing the third-country national' (Art. 11-3).

Declaring third countries ‘safe'

To carry out their anti-migration policies and shirk their responsibilities regarding reception and international protection, European states have relied for over 20 years on the concept of ‘safe countries'. This label, intended to be effective and in theory conditional upon respect for the rule of law and effective protection in situ, conveniently designates strategic geographical areas as safe. As provided for in the European Pact, this concept has been reformed. On 10 February 2026, the European Parliament thus adopted two texts that drastically limit the scope of the right to asylum.

The first text establishes the first common and harmonised European list of ‘safe countries of origin', comprising Bangladesh, Tunisia, Morocco, Kosovo, Colombia, Egypt and India – a list that is staggering given the abuses against migrants reported in these countries [9] .

Furthermore, all countries applying for EU membership are automatically considered ‘safe' (with the exception of Ukraine). This initial concept allows Member States to examine applications for protection under an accelerated procedure when they come from nationals of a so-called “safe country of origin”, in violation of the right to an effective remedy and respect for the rights of the defence. Furthermore, as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has pointed out, the application of the safe country of origin concept would, in principle, prevent an entire group of asylum seekers from obtaining refugee status, which would contravene the Geneva Convention [10] , as well as being contrary to the principle of non-discrimination on grounds of nationality.

The European Pact on Asylum and Migration also provides that a country may be considered partially ‘safe' and that the accelerated procedure may also apply to foreign nationals from countries where the rate of acceptance of asylum applications in the European Member State of arrival is less than 20%.

The second text broadens the concept of ‘safe third countries', but without providing a list. This allows an asylum application to be declared inadmissible without substantive examination for persons who have passed through a ‘safe third country', on the grounds that the person could have sought asylum there, with a view to returning them there. However, automatically classifying a country as ‘safe' may lead to a person being returned without a thorough examination of their individual circumstances, which would undermine the principle of non-refoulement, and without the appeal having suspensive effect, in violation of the right to an effective remedy.

Legalising existing outsourcing practices

The EU and European countries have for years sought to outsource their responsibilities regarding migration and asylum management [11]. By first delegating border controls and maritime interceptions (Morocco, Libya, Turkey, Tunisia, ...), then seeking to delegate detention and/or asylum processing (Rwanda, Albania, the 2025 letter of intent between the Netherlands and Uganda aimed at creating a ‘return centre' for rejected asylum seekers), and finally by outsourcing deportations (Tirana/Cairo deportation, May 2025 [12] ).

On the other hand, the externalisation of asylum is more favored than ever by MEPs. Whilst the most recent initiatives in this direction (the UK–Rwanda deal of 2022 and the Italy–Albania deal of 2023) have failed, having been struck down by national and European courts, on 15 May 2024, 15 Member States sent a letter to the European Commission calling for the development of a common system for the externalisation of asylum processing, drawing inspiration in particular from the Italy-Albania protocol, and pushing for the establishment of ‘return hubs' in ‘safe third countries' to which those being returned could be ‘transferred'. For its part, the European Commission has, contrary to common sense and international law, described the relocation of asylum procedures to third countries as an “innovative solution” [13] .

Finally, building on discussions surrounding the Return Regulation, five EU member states (Germany, the Netherlands, Austria, Denmark and Greece) wasted no time in seizing the opportunity. Forming a coalition, they met on 5 March 2026 with a view to ‘concretely implementing' externalised camps outside the EU to which people deported from Europe would be sent [14] . They are now working to negotiate formal or informal agreements to this effect with non-EU countries.

Unprecedented attacks on the rule of law

On 22 May 2025, nine EU Member States (Italy, Denmark, Austria, Belgium, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland) signed an open letter calling for “a new and open-minded discussion on the interpretation of the European Convention on Human Rights”. The signatory states criticise the European Court of Human Rights' overly broad interpretation of the Convention in relation to immigration, particularly regarding the prohibition on subjecting a person within their jurisdiction to inhuman or degrading treatment or punishment (Art. 3) —a prohibition which is, however, absolute and admits of no exceptions [15] — or the protection of private and family life (Art. 8). Through this frontal assault on the judiciary, these states are in reality demanding greater flexibility to depart from basic safeguards in immigration law…

The legislative initiatives of recent months reflect the Member States' clear desire to free themselves from European law as it currently stands, which for the time being acts as a barrier – at least in theory – to the violation of their international obligations, the aim being to establish a new legal framework that would allow them to shirk their responsibilities in the field of migration without difficulty.

There remains the hope that these attempts to undermine rights will be challenged during the trilogue negotiations and/or, ultimately, by the European courts…

Whilst EU law is supposed to protect individual rights and safeguard freedoms, for decades it has been trampling on them in the name of a fabricated ‘migration threat'. In the wake of the European Pact and other forthcoming reforms (renegotiation of the Facilitation Directive, amendment to the Frontex Regulation), new red lines have been crossed, and the Return Regulation confirms the reshaping of EU law to adapt it to the racist, anti-migration and anti-democratic ideology that prevails across Europe and far beyond.

This overt policy of mass detention and externalisation confirms – if confirmation were still needed – the foundation of the policy of deterrence, coercion and criminalisation within the EU, against which Migreurop has been fighting for 20 years. More than ever, the network and its members reaffirm their commitment to upholding the rights of migrant people and opposing this narrative of hatred. Migreurop will continue to work towards broadening the collective imagination to conceive of alternative migration policies that are radically different, resolutely inclusive, based on solidarity and decolonial principles, centred on freedom of movement and settlement for all, and focused on the strict respect for rights.

[1] “European Pact on Asylum and Migration: Migreurop's Position and Legal Analysis”, Migreurop Position Paper, 5 December 2022

[2] Adopted in April 2024, the European Pact on Asylum and Migration will come into force in June 2026

[3] “The ‘Open Access Now' campaign gives way to the ‘Close the Camps' campaign”, Migreurop, 23 May 2016

[4] “Controlling” migration: between letting people die and a licence to kill”, Migreurop press release, 27 October 2023

[5] https://static.euobserver.com/2026/03/EUobserver-Return-Regulation_Alternative-Compromise-Amendment-Copy-1.pdf

[6] The grounds for detention are extended to include the risk of absconding, obstruction of the removal procedure, “security risks”, the need to determine or verify identity and nationality, or failure to comply with so-called alternatives to detention, including a lack of cooperation in obtaining travel documents, or any other relevant factor indicating that detention is necessary to ensure a swift and effective return

[7] cf. Art. 3 European Convention on Human Rights

[8] Recital 20: ‘The duration of an entry ban must be determined with due regard to all the relevant circumstances of the individual case'

[9] In particular, inEgypt, Morocco and Tunisia

[10] General Note on the Concept of Country and Refugee Status, EC/SCP/68, UNHCR, 26 July 1991

[11] “The externalisation of the European Union's immigration and asylum policies”, Migreurop advocacy note,1sthalfof 2019

[12] “The Italian government's first repatriation operation directly from Albania”, Altreeconomia, 23 June 2025

[13] Ursula von der Leyen described the Italy-Albania protocol as “thinking outside the box” (in “Relocating migrants outside the EU: the European Commission in favour of return centres”, Euronews, 15 October 2024)

[14] “Five EU countries want to create return hubs for migrantsoutside Europe”, Euronews, 6 March 2026

[15] ECHR, Soering v. the United Kingdom judgment}], 1989

Adoption du règlement européen « retour » : la mise à mort du droit international

2026-03-26T13:51:15Z

ℹ️Retrouvez la synthèse de l'analyse ici.

Dans la continuité des réformes législatives attentatoires aux droits adoptées dernièrement (Pacte européen sur l'immigration et l'asile, réforme Code Schengen, redéfinition du concept de « pays sûrs »...), les eurodéputé·e·s ont approuvé le 26 mars 2026 un nouvel instrument qui réduit à néant les droits des personnes exilées et poursuit le démantèlement du droit de l'Union, et partant du droit international.

En un tour de main, le projet répressif de la droite dure l'a donc emporté. Et le peu de droits qui subsistait a volé en éclats. Dans une accélération de l'Histoire, l'extrême droite a fait adopter en un an à peine un nouveau système commun en matière d'expulsions des ressortissant·e·s de pays tiers sans droit au séjour dans l'Union (dit « règlement retour »), abrogeant la directive retour de 2008. Énième jalon de la guerre aux migrant·e·s débutée il y a 30 ans, ce règlement retour consolide la destruction du droit entamée de longue date en franchissant de nouvelles lignes rouges en matière de droits des étrangers. Ce nouveau texte, qui laisse une grande marge de manœuvre aux États membres, produira à n'en pas douter davantage de violences envers les personnes exilées : criminalisation renforcée, encampement généralisé, externalisation tous azimuts, risques accrus pour leur intégrité physique et mentale, recul des droits institutionnalisé.

Ce règlement a clairement pour objectif d'aller plus loin dans « l'européanisation du pire » [1] en donnant corps aux velléités des États les plus opposés aux migrations, et en aggravant ou créant de nouvelles violations des droits à l'échelle transnationale. Il illustre surtout l'obsession anti-migratoire européenne, et l'adhésion aux idées d'extrême-droite qui gangrènent tant l'espace public que les institutions de l'Union.

Un durcissement des politiques migratoires européennes sous influence de la droite dure

Le règlement retour, qui s'imposera aux États membres, s'inscrit dans le prolongement du Pacte européen sur la migration et l'asile [2] - qui établit des règles communes pour la gestion au rabais de l'immigration et de l'asile et ouvrait déjà la porte à des violations généralisées des droits (entraves au droit à un recours effectif et à une assistance juridique, pratiques brutales de détention de plus en plus informelles et précaires, nouvelle procédure de renvois aux frontières). Aussi, ce règlement vise-t-il d'une part à combler les « lacunes » du Pacte en « simplifiant, facilitant et accélérant » les procédures d'expulsion des personnes sans droit au séjour au sein de l'Union. Il vise d'autre part à combler les velléités de l'extrême droite européenne, qui réclamait des normes encore plus dures envers les exilé·e·s. La position du Conseil de l'UE (8 décembre 2025) avait déjà durci le texte initial de la Commission (11 mars 2025). Le compromis alternatif adopté par la Commission parlementaire LIBE le 9 mars – et dont le mandat de négociation a été confirmé par la plénière du Parlement européen le 26 mars - est plus répressif encore, résultant d'une alliance entre la droite et l'extrême droite, conclue après plusieurs semaines de négociations en coulisses.

Une obsession sécuritaire au mépris des droits fondamentaux

Dans la continuité des multiples violations des droits, largement documentées [3], générées par la « directive de la honte » de 2008 –, et de la normalisation de la violence envers les exilé·e·s érigée depuis des années en stratégie de dissuasion [4], ce texte verse sans complexes dans l'anéantissement des droits et libertés des personnes étrangères. Tout en affirmant – mais seulement pour la forme – agir dans leur « plein respect », alors même qu'aucune étude d'impact n'a précédé ce règlement, comme l'exige pourtant la législation européenne en vigueur.

Le vocabulaire utilisé dans ce texte ne montre qu'hostilité et défiance envers les personnes dépourvues de droit au séjour dans l'Union, dont il faudrait se débarrasser au nom de la « reprise en main » et de « l'efficacité » de la lutte contre l'immigration dite irrégulière.

Insistance est faite sur la nécessité de garantir « l'intégrité territoriale, le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité nationale » au sein de l'Union [5]. Les motifs du « risque sécuritaire » ne se limitent plus aux crimes graves mais sont étendus aux infractions pénales passibles d'au moins deux ans de prison, ou à toute menace pour la sécurité en vertu du droit national. Pour les exilé·e·s présentant ce « risque », sont prévues des dérogations aux (strictes) règles générales (interdictions d'entrée et périodes de détention plus longues, recours à des centres de détention spécialisés). Si les mesures visant à la détection et surveillance des personnes sans droit au séjour dans l'Union ont finalement disparu de la dernière version du texte, leur introduction dans un considérant laisse la porte ouverte au Conseil pour réintroduire des méthodes d'enquêtes intrusives permettant de les traquer. Par ailleurs, nombreuses sont les dispositions qui attentent directement aux droits fondamentaux.

Une détention de masse systématisée

En vertu de la législation précédente, l'enfermement des personnes étrangères devait être une mesure de dernier ressort. Le nouveau règlement ne s'embarrasse plus de telles considérations (sauf pour les mineurs isolés – du moins en théorie), et l'enfermement devient de facto systématique avec une extension des motifs de détention [6].

Celle-ci, qu'elle soit formelle ou déguisée (cf. usage de bracelets électroniques), pourra s'appliquer à toutes les catégories d'étranger·ère·s, y compris celles dites « vulnérables » : les mineur·e·s (seul·e·s ou accompagné·e·s), les demandeur·euse·s d'asile, et les personnes dont l'état de santé est a priori incompatible avec une mesure d'enfermement.

En outre, la durée maximale d'enfermement passe de 18 à 24 mois (2x12 mois) « dans un État membre donné » (Art. 32-3) - ce qui signifie que la détention peut être cumulable d'un État à l'autre - et prolongeable indéfiniment en cas de menaces à « l'ordre public », à la « sécurité » publique ou intérieure, ou en cas d'infraction. Pourtant, les juridictions européennes ont de jurisprudence constante rappelé que la détention administrative doit être exceptionnelle et proportionnée. Notons également qu'en cas de « risque sécuritaire », le texte ouvre la possibilité légale que cette détention administrative s'effectue dans des établissements pénitentiaires, dans des sections réservées, ou à défaut avec des prisonniers de droit commun.

Il est ici évident que la systématisation de l'enfermement des personnes exilées – dans des camps ou des prisons, y compris en cas de non-coopération avec les autorités – est punitive et criminalisante. Ce, alors même que les personnes concernées sont privées de liberté faute de remplir les règles pour entrer ou séjourner dans un pays européen, et que les États membres ont des obligations quant au respect des droits au titre des conventions internationales ratifiées. Enfin, la criminalisation des exilé·e·s est à l'origine de violations récurrentes de leurs droits fondamentaux, et nourrit le racisme des politiques migratoires, comme des populations.

Expulser plus vite et plus loin

Ce nouveau texte démontre la volonté européenne de permettre l'expulsion à tout prix et d'empêcher les personnes étrangères considérées comme 'indésirables' de fouler le sol européen. Une bonne fois pour toutes.

Une personne soumise à une procédure d'expulsion devra activement coopérer à son renvoi forcé avec les autorités, sous peine de sanctions notamment financières ou pénales (y compris via un emprisonnement). Elle pourra en outre être soumise à une fouille et voir ses effets personnels saisis (y compris ses appareils électroniques), ce qui peut porter atteinte aux droits des demandeurs d'asile, au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.

L'objectif est d'accélérer les renvois forcés par la reconnaissance et l'exécution mutuelle des décisions de renvoi entre États membres, donc potentiellement sans réexamen individuel des situations entre le pays ayant émis l'ordre d'expulsion et celui qui l'exécute, ce qui risque de porter atteinte au principe de non-refoulement. De plus, il sera désormais possible d'expulser une personne sans attendre la décision définitive de renvoi, l'automaticité du caractère suspensif du recours en annulation contre cette décision ayant été supprimée, ce qui peut porter atteinte au droit à un recours effectif.

Par ailleurs, sous prétexte de contourner le prétendu manque de coopération des pays d'origine ou de transit – pouvant donner lieu à des sanctions – ou l'impossibilité matérielle de renvoyer une personne, la nouvelle législation européenne élargit également la définition du « pays de retour ». Est ainsi prévue la possibilité d'expulser les personnes exilées dans des pays tiers jamais foulés – à l'exception notable des mineur·e·s isolé·e·s (art. 17-4) –, sans lien de connexion (nationalité, transit ou séjour) avec elles, et sans leur consentement, cette notion étant tout bonnement supprimée du nouveau texte. Les États membres ou l'UE pourront pour ce faire négocier des accords (formels ou informels) avec des pays hors Europe (return hubs), et devront simplement en informer la Commission européenne. A charge pour ces pays tiers de « gérer » les populations renvoyées d'Europe (mise en détention, expulsions ?), sans que ne soit prévu un mécanisme de contrôle a priori ou a posteriori de ces expulsions par les institutions européennes, et sans clause de suspension en cas de violation des droits. Ce texte permet également le partage de données avec des pays tiers, y compris celles relatives aux condamnations pénales.

Les États membres se défaussent ainsi totalement des conséquences et des suites de ces expulsions, en violation du principe de responsabilité extraterritoriale des États membres en cas de renvoi dangereux [7]. En outre, si le pays de retour ne peut être déterminé, il sera possible de notifier un ordre d'expulsion qui n'en fixe aucun… ou bien d'en désigner plusieurs, ce qui dans les deux cas entravera les possibilités de contester ces décisions. Il n'y a par ailleurs nul besoin de déclarer « sûr » le pays tiers de renvoi, sauf pour les demandeur·euse·s d'asile dont la demande a été jugée irrecevable.

Enfin, des interdictions d'entrée sur le territoire européen peuvent être prononcées sans qu'une décision de renvoi ait été rendue, voire après que la personne a quitté le territoire. La durée maximale de cette interdiction (de cinq ans auparavant) – d'abord portée à 10, puis 20 ans – n'est finalement pas précisée dans la dernière version du texte [8], sauf pour les personnes qui constitueraient un risque pour la sécurité, auquel cas le bannissement peut être indéfini (soit définitif). Comble du cynisme, « les États membres peuvent subordonner la levée d'une interdiction d'entrée au remboursement des frais engagés pour l'éloignement du ressortissant d'un pays tiers » (Art. 11-3).

Décréter des pays tiers comme « sûrs »

Pour mener à bien leurs projets anti-migratoires et se défausser de leurs responsabilités en matière d'accueil et de protection internationale, les États européens s'appuient depuis plus de 20 ans sur le concept de « pays sûrs ». Ce label à visée performative, en théorie conditionné par le respect de l'État de droit et d'une protection effective in situ, décrète opportunément des espaces géographiques stratégiques comme sûrs. Tel que prévu par le Pacte européen, ce concept a été réformé. Le Parlement européen a ainsi adopté le 10 février 2026 deux textes qui limitent drastiquement la portée du droit d'asile.

Le premier texte établit la première liste européenne commune et harmonisée de « pays d'origine sûrs », comprenant le Bangladesh, la Tunisie, le Maroc, le Kosovo, la Colombie, l'Égypte et l'Inde, liste qui laisse pantois au regard des exactions à l'encontre des personnes migrantes dénoncées dans ces pays [9].

Par ailleurs, tous les États candidats à l'adhésion à l'UE sont automatiquement considérés comme « sûrs » (à l'exception de l'Ukraine). Ce premier concept permet aux États membres d'examiner en procédure accélérée les demandes de protection lorsqu'elles émanent de ressortissant·e·s d'un pays dit « d'origine sûr », en violation du droit à un recours effectif et du respect des droits de la défense. De plus, comme l'a précisé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), l'application du concept de pays d'origine sûr empêcherait a priori tout un groupe de personnes en quête d'asile d'obtenir le statut de réfugié, ce qui contreviendrait à la Convention de Genève [10], en plus d'être contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Le Pacte européen asile et migration prévoit par ailleurs qu'un pays peut être considéré comme partiellement « sûr » et que la procédure accélérée peut également s'appliquer aux étrangers provenant de pays où le taux d'acceptation des demandes d'asile, dans l'État européen d'arrivée, est inférieur à 20 %.

Le deuxième texte élargit le concept de « pays tiers sûrs », mais sans en donner une liste. Celui-ci permet de déclarer irrecevable sans examen au fond une demande d'asile pour les personnes passées par un « pays tiers sûr », au motif que la personne aurait pu y demander l'asile, en vue de les y renvoyer.
Or, le classement automatique d'un pays comme « sûr » peut conduire au renvoi d'une personne sans examen approfondi de sa situation individuelle, ce qui porterait atteinte au principe de non-refoulement, et sans effet suspensif du recours, en violation du droit à un recours effectif.

Légaliser des pratiques d'externalisation déjà existantes

L'UE et les pays européens cherchent depuis des années à externaliser leurs responsabilités en matière de gestion des migrations et de l'asile [11]. En déléguant en premier lieu les contrôles frontaliers et les interceptions maritimes (Maroc, Libye, Turquie, Tunisie, ...), en souhaitant déléguer par la suite la détention et/ou le traitement de l'asile (Rwanda, Albanie, lettre d'intention Pays-Bas/Ouganda 2025 visant la création d'un « centre de retour » pour les demandeur·euse·s d'asile débouté·e·s), enfin en délocalisant l'expulsion (Expulsion Tirana/Le Caire mai 2025 [12]).

D'autre part, l'externalisation de l'asile a plus que jamais le vent en poupe. Alors que les derniers projets en date allant dans ce sens (deal Royaume-Uni/Rwanda 2022, deal Italie/Albanie 2023) ont échoué, sanctionnés par les juridictions nationales et européennes, le 15 mai 2024 15 États membres ont fait parvenir une lettre à la Commission européenne, réclamant le développement d'un système commun d'externalisation du traitement de l'asile, s'inspirant notamment du protocole Italie-Albanie, et poussant pour l'établissement de « centres de retour » dans des « pays tiers sûrs » vers lesquels les personnes renvoyées pourraient être « transférées ». La Commission européenne a de son côté qualifié, en dépit du bon sens et du droit international, la délocalisation des procédures d'asile vers des pays tiers de « solution innovante » [13].

Enfin, s'appuyant sur les discussions autour du règlement retour, cinq pays membres de l'Union (l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Grèce) se sont sans tarder engouffrés dans la brèche. Formés en coalition, ils se sont réunis le 5 mars 2026 en vue de « mettre en œuvre concrètement » des camps externalisés hors UE pour y envoyer les personnes expulsées d'Europe [14]. Ils s'attellent désormais à négocier avec des pays hors UE des accords formels ou informels dans ce sens.

Des attaques sans précédent contre l'État de droit

Le 22 mai 2025, neuf États membres de l'UE (l'Italie, le Danemark, l'Autriche, la Belgique, la Tchéquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne) ont signé une lettre ouverte appelant à « lancer une discussion nouvelle et ouverte d'esprit au sujet de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'Homme ». Les États signataires critiquent l'interprétation trop large de la Convention par la Cour européenne des droits de l'Homme, en matière d'immigration, notamment en ce qui concerne l'interdiction de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (art. 3) - dont le caractère est pourtant absolu et ne souffre aucune exception [15] -, ou la protection de la vie privée et familiale (art. 8). Par cette attaque frontale du pouvoir judiciaire, ces États réclament en réalité davantage de souplesse pour se départir des garanties basiques en droit des étrangers…

Les initiatives législatives de ces derniers mois reflètent la volonté assumée des États membres de s'affranchir du droit européen tel qu'il existe actuellement, qui fait pour l'instant obstacle – du moins en théorie – à la violation de leurs obligations internationales, le but étant de se doter d'un nouveau cadre juridique pour pouvoir se défaire sans difficultés de leurs responsabilités en matière migratoire.

Reste l'espoir que ces velléités attentatoires aux droits soient sanctionnées durant les négociations en trilogue et/ou à terme par les juridictions européennes…

Alors que le droit de l'Union est censé protéger les droits individuels et être garant des libertés, il s'emploie depuis des décennies à les piétiner au nom d'une « menace migratoire » fantasmée. Dans le sillage du Pacte européen et des autres réformes à venir (renégociation directive Facilitation, amendement règlement Frontex), de nouvelles lignes rouges ont été franchies, et le règlement retour entérine le remodelage du droit de l'Union en vue de l'adapter à l'idéologie raciste, anti-migratoire et anti-démocratique qui prévaut à l'échelle européenne et bien au-delà.

Cette politique assumée d'enfermement massif et d'externalisation confirme - s'il le fallait encore - l'assise de la politique de dissuasion, coercition et criminalisation au sein de l'Union, contre laquelle se bat Migreurop depuis 20 ans. Plus que jamais, le réseau et ses membres réitèrent leur engagement en faveur du respect des droits des personnes exilées et contre ce narratif de haine. Migreurop continuera d'œuvrer en vue d'élargir les imaginaires collectifs pour penser d'autres politiques migratoires, radicalement différentes, résolument inclusives, solidaires, décoloniales, s'articulant autour de la liberté de circulation et d'installation pour tou·te·s, et axées sur le strict respect des droits.

[1] « Pacte européen sur l'asile et la migration : positionnement de Migreurop et analyse juridique », positionnement Migreurop, 5 décembre 2022

[2] Adopté en avril 2024, le pacte européen asile et migration entrera en application en juin 2026

[3] « La campagne 'Open Access Now' laisse place à la mobilisation 'Close the Camps' », Migreurop, 23 mai 2016

[4] « Contrôler » les migrations : entre laisser-mourir et permis de tuer », Communiqué Migreurop, 27 octobre 2023

[5] https://static.euobserver.com/2026/03/EUobserver-Return-Regulation_Alternative-Compromise-Amendment-Copy-1.pdf

[6] Les motifs de détention sont étendus au risque de fuite, à l'entrave à la procédure de renvoi, aux « risques pour la sécurité », à la nécessité de déterminer ou de vérifier l'identité et la nationalité, ou au non-respect des mesures dites alternatives à la rétention, y compris le manque de coopération pour l'obtention des documents de voyage, ou tout autre facteur pertinent indiquant que la détention est nécessaire pour garantir un retour rapide et efficace

[7] Cf. art. 3 Convention européenne des droits de l'Homme

[8] Considérant 20 : « La durée d'une interdiction d'entrée doit être déterminée en tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce »

[9] Notamment en Égypte, au Maroc, et en Tunisie

[10] Note générale sur la notion de pays et sur le statut de réfugié, EC/SCP/68, HCR, 26 juillet 1991

[11] « L'externalisation des politiques d'immigration et d'asile de l'Union européenne », Note de plaidoyer Migreurop, 1er semestre 2019

[12] “La prima operazione di rimpatrio del governo italiano direttamente dall'Albania”, Altreeconomia, 23 juin 2025

[13] Ursula Von der Leyen a qualifié le protocole Italie-Albanie de 'pensée hors des sentiers battus' (in « Délocalisation des migrants hors de l&apos ;UE : la Commission européenne favorable aux centres de retour », Euronews, 15 octobre 2024)

[14] « Cinq pays de l'UE veulent créer des plateformes de retour pour migrants hors d'Europe », Euronews, 6 mars 2026

[15] Cour EDH, Arrêt Soering c/ Royaume-Uni}], 1989

Un anno di detenzione per Moussa Tchangari: Migreurop chiede il suo immediato rilascio

Camille — 2025-12-04T10:32:15Z

Oggi ricorre un anno dall'arresto di Moussa Tchangari, Segretario generale dell'Associazione Alternative Espaces Citoyens Niger (AEC) – membro della rete Migreurop –, fermato nella sua abitazione al rientro da un viaggio internazionale. Da 365 giorni è detenuto arbitrariamente dalle autorità nigerine.

Moussa Tchangari è una figura riconosciuta della società civile nigerina, impegnata dagli anni '90 per la giustizia sociale e la democrazia in Niger. È detenuto e perseguito sulla base di accuse infondate, unicamente per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione e denunciato misure governative lesive delle libertà democratiche.

Il 3 gennaio 2025, il tribunale di grande istanza di Niamey lo ha incriminato per reati estremamente gravi, tra cui “associazione a delinquere in relazione con un'impresa terroristica”, “attentato alla difesa nazionale” e “complotto contro l'autorità dello Stato in intelligenza con potenze nemiche”.
Da allora è incarcerato nella prigione di Filingué, a quasi 200 km da Niamey. In base al codice penale nigerino, le accuse legate al terrorismo possono comportare fino a quattro anni di detenzione preventiva non rinnovabile. Se riconosciuto colpevole di complotto in intelligenza con potenze nemiche, rischia la pena di morte. Inoltre, Moussa Tchangari rischia la revoca della cittadinanza nigerina per le accuse di terrorismo a suo carico. In Niger, come in molti altri paesi, le accuse di “terrorismo” vengono utilizzate da governi autoritari per reprimere le libertà democratiche e le iniziative della società civile.

A marzo e poi a maggio 2025, i suoi avvocati hanno presentato diversi ricorsi, tra cui una richiesta di annullamento della procedura e un'istanza di ricusazione della camera specializzata in affari di terrorismo e criminalità organizzata. Tutti questi ricorsi sono stati respinti. L'ultima audizione di Moussa Tchangari si è tenuta il 22 ottobre, ma il 24 ottobre 2025 è stata annunciata la chiusura dell'istruzione.

Noi, difensori e difensore dei diritti membri della rete Migreurop, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e indignazione di fronte alla sua incriminazione abusiva e alla sua detenzione arbitraria. Questa interminabile detenzione preventiva costituisce una flagrante violazione dei suoi diritti fondamentali, mirata unicamente a soffocare le voci dissidenti in un contesto politico autoritario. Di fronte a questi metodi repressivi inaccettabili, chiediamo la liberazione immediata di Moussa Tchangari.

Mentre gli attacchi contro i diritti umani, la solidarietà e la libertà di espressione si fanno sempre più frequenti, l'intimidazione e la feroce repressione che subiscono i difensori dei diritti – in Niger come altrove – non fanno che confermare la giustezza delle nostre lotte per il rispetto dei diritti e della democrazia.

Parigi, 3 dicembre 2025

Free Moussa Tchangari - Migreurop members, Rabat, octobre 2025.

Un año de detención de Moussa Tchangari: Migreurop exige su liberación inmediata

Camille — 2025-12-04T10:32:08Z

Hoy se cumple un año desde que Moussa Tchangari, Secretario General de la Asociación Alternative Espaces Citoyens Níger (AEC) – miembro de la red Migreurop –, fue detenido en su domicilio a su regreso de un viaje internacional. Desde hace 365 días está recluido de manera arbitraria por las autoridades nigerinas.

Moussa Tchangari es una figura reconocida de la sociedad civil nigerina, que desde la década de 1990 trabaja por la justicia social y la democracia en Níger. Está detenido y procesado sobre la base de acusaciones infundadas, únicamente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y por denunciar medidas gubernamentales que atentan contra las libertades democráticas.

El 3 de enero de 2025, el tribunal de gran instancia de Niamey lo imputó por delitos extremadamente graves, entre ellos “asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista”, “atentado contra la defensa nacional” y “complot contra la autoridad del Estado en connivencia con potencias enemigas”.
Desde entonces está encarcelado en la prisión de Filingué, a casi 200 km de Niamey. Según el código penal nigerino, las acusaciones relacionadas con el terrorismo pueden conllevar hasta cuatro años de detención preventiva no renovable. Si es declarado culpable de complot en connivencia con potencias enemigas, se enfrenta a la pena de muerte. Además, Moussa Tchangari podría ser despojado de su nacionalidad nigerina debido a las acusaciones de terrorismo que pesan en su contra. En Níger, como en muchos otros países, las acusaciones de “terrorismo” son utilizadas por gobiernos autoritarios para reprimir las libertades democráticas y las iniciativas de la sociedad civil.

En marzo y luego en mayo de 2025, sus abogados presentaron varios recursos, entre ellos una solicitud de anulación del procedimiento, así como una petición de recusación de la sala especializada en casos de terrorismo y delincuencia organizada. Todos estos recursos fueron rechazados. La última audiencia de Moussa Tchangari tuvo lugar el 22 de octubre, y el 24 de octubre de 2025 se anunció el cierre de la instrucción.

Nosotras y nosotros, defensores y defensoras de los derechos miembros de la red Migreurop, expresamos nuestra profunda preocupación e indignación ante su acusación abusiva y su detención arbitraria. Esta interminable detención preventiva constituye una flagrante violación de sus derechos más fundamentales, cuyo único fin es silenciar las voces disidentes en un contexto político autoritario. Ante estos métodos represivos inaceptables, exigimos la liberación inmediata de Moussa Tchangari.

Mientras los ataques contra los derechos humanos, la solidaridad y la libertad de expresión son cada vez más frecuentes, la intimidación y la feroz represión que sufren los defensores de los derechos –en Níger como en otros lugares– no hacen sino confirmar la legitimidad de nuestras luchas en favor del respeto de los derechos y de la democracia.

París, 3 de diciembre de 2025

Free Moussa Tchangari - Migreurop members, Rabat, octobre 2025.

One year of detention for Moussa Tchangari: Migreurop calls for his immediate release

2025-12-03T17:00:39Z

Today marks one year since Moussa Tchangari, Secretary General of the association Alternative Espaces Citoyens Niger (AEC) – a member of the Migreurop network – was arrested at his home upon returning from an international trip. He has now been arbitrarily detained by the Nigerien authorities for 365 days.

Moussa Tchangari is a well-known figure of Nigerien civil society who has been working since the 1990s for social justice and democracy in Niger. He is being detained and prosecuted on unfounded charges, solely for exercising his right to freedom of expression and for denouncing government measures that undermine democratic freedoms.

On 3 January 2025, the High Court of Niamey indicted him on extremely serious charges, including “criminal association in relation to a terrorist enterprise,” “undermining national defence,” and “conspiracy against State authority in collusion with enemy powers.”
He has since been held in Filingué prison, nearly 200 km from Niamey. Under the Nigerien penal code, terrorism-related charges can lead to up to four years of non-renewable pre-trial detention. If found guilty of conspiracy in collusion with enemy powers, he faces the death penalty. In addition, Moussa Tchangari risks being stripped of his Nigerien nationality due to the terrorism charges brought against him. In Niger, as in many other countries, accusations of “terrorism” are used by authoritarian governments to suppress democratic freedoms and civil society initiatives.

In March and then in May 2025, his lawyers filed several appeals, including a request for the annulment of the proceedings and a petition to remove the specialised chamber dealing with terrorism and organised crime cases. All these appeals were rejected. The last hearing of Moussa Tchangari was held on 22 October, and on 24 October 2025 the closure of the investigation was announced.

We, human rights defenders and members of the Migreurop network, express our deep concern and indignation at his abusive indictment and arbitrary detention. This endless pre-trial detention is a flagrant violation of his most fundamental rights and serves only to silence dissenting voices in an authoritarian political context. Faced with these unacceptable repressive methods, we call for the immediate release of Moussa Tchangari.

At a time when attacks on human rights, solidarity, and freedom of expression are becoming increasingly frequent, the intimidation and relentless repression faced by human rights defenders – in Niger and elsewhere – only further strengthen the legitimacy of our struggles for the respect of rights and democracy.

Paris, 3 December 2025

Free Moussa Tchangari - Migreurop members, Rabat, octobre 2025.

Trial of Doros Polykarpou (KISA, Cyprus): the use of repeated legal proceedings to obstruct the defence of exiles' rights

Camille — 2025-02-11T09:02:50Z

The Migreurop network offers its full support to its Cypriot member Kisa and to Doros Polykarpou, on trial from today for his fight for the rights of people in exile, and for having sought to shed light on the conditions of detention in the Pournara camp in March 2022, alongside Migreurop.

On 11 February 2025, Doros Polykarpou, a prominent human rights defender, co-founder of the Cypriot organisation KISA(Action for Equality, Support and Anti-Racism) and winner of the 2024 Front Line Defenders Award, appeared before the Nicosia District Court. He is charged with "unlawful intrusion" into the Pournara camp, "disturbing the peace", "insulting" and "assaulting" two camp security guards in March 2022. If convicted, he could face up to three years in prison.

These charges follow Doros Polykarpou's visit to the Pournara camp on 12 March 2022, where he accompanied Brigitte Espuche, Migreurop's coordinator, to examine exiles' detention conditions. During this visit, Mr Polykarpou was insulted and physically assaulted by a private camp security guard, in the presence of Ms Espuche [1]. They both reported the assault to the local police, but their complaint was never investigated, the Public Prosecutor did not take any action against the aggressor security guard, and Migreurop's coordinator was never heard as a witness. Only the security guards' complaint was taken into account, leading to the current proceedings.

The trial was due to begin on 15 October 2024, but the judge decided to postpone it until 11 February 2025, because the Prosecutor had not provided Doros Polykarpou's defence lawyer with access to the audiovisual material recorded as evidence, despite a written request made in April 2024.

This trial comes against a backdrop of increasing intimidation, accusations, harassment and repeated attacks - including bombings - against KISA and its members over many years [2]. It also reveals the increasing harassment of rights defenders who resist security-minded, repressive and racist migration policies.

The Migreurop network strongly condemns the criminalisation of rights defenders. It expresses its deep concern for the recurrent criminal proceedings that target Mr Polykarpou, motivated by political considerations linked to his commitment and activities in defence of the rights of exiles in Cyprus. Migreurop calls on the Cypriot authorities to drop all charges against Doros Polykarpou, and to ensure that human rights defenders can carry out their work without fear of intimidation or reprisals.

Paris, 11 February 2025

[1] "Trial of human rights defender Doros Polykarpou, who is facing prison", Front Line Defenders press release, 15, October 2024

[2] "State xenophobia and criminalisation of solidarity in Cyprus", Migreurop press release, 19 January 2021; "41 organisations call on the Cypriot authorities to take action to stop the escalating harassment and attacks against KISA and protect civic space in Cyprus", Collective action, 15 February 2024

Comunicato a sostegno di Moussa Tchangari

2025-01-13T12:24:45Z

Chiediamo il rilascio immediato di Moussa Tchangari, difensore dei diritti umani e Segretario Generale dell'associazione Alternative Espaces Citoyens (AEC), incarcerato il 3 gennaio 2025 dopo un mese di custodia cautelare.

Moussa Tchangari è stato arrestato nella sua abitazione il 3 dicembre 2024 al suo ritorno da un viaggio internazionale. Accusato di minare la sicurezza dello Stato, associazione a delinquere in relazione al terrorismo e apologia di terrorismo, ha trascorso un mese in custodia cautelare prima di essere presentato al giudice istruttore a Niamey il 3 gennaio 2025. Il decano ha deciso di incarcerarlo nella prigione di Filingué, portandolo a quasi 200 chilometri da Niamey e aggiungendo due accuse estremamente gravi al suo dossier: attentato alla difesa nazionale e cospirazione con potenze nemiche. Moussa Tchangari rischia l'ergastolo o addirittura la pena di morte.
Noi, organizzazioni firmatarie per i diritti umani e suoi sostenitori, sottolineiamo l'assenza di prove o elementi a sostegno delle accuse e esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e indignazione per il suo arresto, incriminazione e incarcerazione arbitrari.

Ricordiamo che Moussa Tchangari è una figura importante della società civile del Niger da decenni, un attivista integro che lavora per la difesa dei diritti umani, in particolare dei migranti. Ribadiamo il nostro appello per il suo rilascio immediato e avvertiamo dell'aumento della repressione che colpisce la società civile in Niger e dell'intimidazione incessante a cui sono sottoposti i difensori dei diritti umani. Infine, ricordiamo che gli attacchi ai diritti umani e alla solidarietà, così come al dibattito pubblico, sono sempre più frequenti in Niger e a livello internazionale.
Come attori della società civile, continueremo a lottare per la difesa dei diritti di tutti, affinché la migrazione e la solidarietà non siano più criminalizzate in Niger e altrove, e affinché Moussa Tchangari riacquisti finalmente la libertà.

Elenco dei primi firmatari:

ACAT-France
AEC - Alternative Espaces Citoyens
AMDH - Association Marocaine des Droits Humains
Anafé - Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères
APDHA - Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
ARACEM
ARCI
Asociación ELIN
ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
CNCD-11.11.11
Collectif Loujna-Tounkaranké
CRID
Emmaüs Europe
Emmaüs International
Emmaüs Roya
Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), dans le cadre de l'Observatoire pour la Protection des Défenseurs des Droits Humains
FMAS - Forum des Alternatives Maroc
FTCR - Pour une citoyenneté des deux rives
La Cimade
Ligue des Droits de l'Homme
Migreurop
MRAP - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
NigerVara
Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre de l'Observatoire pour la Protection des Défenseurs des Droits Humains
Red Acoge
Statewatch
FTDES

✏ Se desiderate firmare questo comunicato come organizzazione, scrivete a contact@migreurop.org.