MIGREUROP

Los Estados del Magreb y de la Unión Europea son culpables de violaciones sistemáticas del derecho internacional y de crímenes contra la humanidad

Sarah Bachellerie — 2026-04-09T13:24:05Z

El martes 31 de marzo de 2026, en Rabat, el jurado de la 56.ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dictó su sentencia definitiva, en la que declaró a los Estados del Magreb (Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania), a la Unión Europea y a varios de sus Estados miembros culpables de violaciones sistemáticas y sistémicas de las normas imperativas del derecho internacional y de crímenes contra la humanidad.

Aquí encontrará el streaming de la lectura de la sentencia y de la rueda de prensa.

Esta 56.ª sesión trataba sobre «la violación de los derechos humanos de las personas migrantes por parte de los Estados del Magreb, la Unión Europea y varios de sus Estados miembros», a raíz de una solicitud presentada por 54 organizaciones rrepresentadas por el Foro Social Magrebí, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y el Foro de Alternativas Marroquíes (FMAS). Esta iniciativa es consecuencia del trabajo realizado en el marco de la 45.ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (2017-2020) sobre las violaciones de los derechos de las personas migrantes en Europa.

Durante las audiencias públicas, celebradas en Palermo en el marco del festival Sabir del 23 al 25 de octubre de 2025, abogados y abogadas, expertos, testigos y víctimas se sucedieron para presentar pruebas que fueron examinadas por el Tribunal (puede encontrar aquí las grabaciones de vídeo de los tres días de audiencia de octubre de 2025). La sentencia dictada el martes 31 de marzo supone un avance simbólico que permite el reconocimiento, por parte de un tribunal ciudadano, de los delitos cometidos contra las personas migrantes.

El tribunal insta a que estas violaciones extremadamente graves de los derechos fundamentales sean examinadas por las autoridades judiciales nacionales e internacionales, subrayando que el derecho internacional y las legislaciones nacionales constituyen un sólido conjunto de textos que protegen los derechos de las personas migrantes, siendo el problema que «los derechos reconocidos en teoría se violan a diario en la práctica». Por lo tanto, no se trata tanto de elaborar nuevos marcos jurídicos como de contribuir a la aplicación concreta de las normas jurídicas existentes, constantemente vulneradas por motivos políticos.

Consulte aquí la sentencia completa (36 p., en francès))

Conférence de presse, Rabat, mardi 31 mars 2026.

Resumen de la sentencia

1. Presentación de la acusación

La primera parte de la sentencia expone el escrito de acusación, redactado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil en la que han participado los miembros de Migreurop. En él se afirma que «los hechos expuestos no son fruto ni de un accidente ni de una negligencia, sino de una voluntad política consciente, compartida y sistémica de convertir a las personas migrantes en blanco de una represión transnacional», con el más absoluto desprecio del derecho internacional. Los Estados del Magreb, varios Estados miembros de la Unión Europea, así como la propia Unión Europea, han aplicado —directamente o por delegación— políticas migratorias basadas en la devolución, el abandono, la detención arbitraria, la discriminación, la criminalización y la externalización. Estas prácticas han dado lugar a graves, persistentes y masivas violaciones de normas jurídicas imperativas, en particular el derecho a la vida, el principio de no devolución, la prohibición de la tortura, el derecho a un recurso efectivo y la igualdad ante la ley."

La acusación solicitaba al Tribunal Permanente de los Pueblos que dictara sentencia: "que Libia y la Unión Europea sean condenadas formalmente por crímenes contra la humanidad [y] que los Estados del Magreb sean condenados por violaciones graves y recurrentes de los derechos humanos, incluyendo: actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privaciones arbitrarias de libertad, expulsiones colectivas, allanamientos de morada, vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, así como violaciones específicas de los derechos de los niños, en contravención de sus compromisos internacionales».

2. Contexto histórico de las políticas racistas en el Magreb

La segunda parte de la sentencia aborda los orígenes históricos del racismo en el Magreb, contextualizando estas violaciones al demostrar que forman parte de una larga historia de persecuciones y discriminaciones contra las poblaciones negras de origen subsahariano, en particular la esclavitud y la trata practicadas por las poblaciones árabes y bereberes, que han estructurado las sociedades del Magreb relegando a las poblaciones negras a posiciones subordinadas. Esto permite al tribunal poner de manifiesto «que las violaciones de los derechos de las personas migrantes están ideológicamente respaldadas por la dimensión sistémica del racismo que atraviesa todas las sociedades norteafricanas, pero también por discursos de autoridad, el más emblemático de los cuales es el del presidente tunecino Kaïs Saïed en 2023».

3. Los hechos

La tercera parte presenta los hechos expuestos durante las audiencias, en las que se presentó un conjunto considerable de testimonios directos, acompañados de material audiovisual, documentos oficiales y peritajes independientes. Estas pruebas atestiguan hechos de detenciones arbitrarias, tortura, tratos inhumanos y omisión del deber de socorro, en particular en lo que respecta a los centros de detención y las prácticas de tortura en Libia, el continuo de violencia que va desde la detención en Libia hasta la criminalización en Europa, la falta de asistencia en el mar y los ataques contra las operaciones de rescate, y, por último, las devoluciones, abandonos en el desierto y actos de violencia racial en Túnez. Los elementos presentados demuestran que la violencia ejercida contra las personas migrantes va acompañada de una represión específica y organizada dirigida contra quienes les prestan asistencia, basada en la criminalización de la sociedad civil en Túnez y Argelia, así como a escala transnacional. El Tribunal observa asimismo hechos de externalización de las políticas migratorias europeas en los Estados del norte de África, así como de devoluciones colectivas mortales (a partir del caso de Melilla). Por último, pone de manifiesto la existencia en Libia de un sistema de devoluciones (pull-backs), detención, trata y explotación, en el que se concentran la tortura, la detención arbitraria, la esclavitud moderna y las violaciones, gestionado por milicias y que se mantiene gracias a acuerdos de cooperación en materia de seguridad y migración.

4. Análisis jurídico

La cuarta y última parte presenta el análisis jurídico de estos hechos a la luz de las normas del derecho internacional. En primer lugar, se centra en las violaciones imputables a los Estados, en su calidad de sujetos jurídicamente responsables del cumplimiento del derecho internacional. Los Estados implicados son Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Mauritania, Alemania, Italia, Francia, Grecia, España y Malta, así como la Unión Europea. Basándose en un amplio conjunto de convenios y pactos internacionales, el TPP califica las violaciones cometidas contra los migrantes negros procedentes de los Estados del África subsahariana como delitos graves contra las normas imperativas del derecho internacional (jus cogens): la falta de asistencia y los naufragios intencionados; las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos inhumanos o degradantes, las violaciones sistemáticas del principio de no devolución, las discriminaciones raciales y étnicas y la criminalización racista de la migración, la criminalización de la solidaridad con las personas migrantes, la externalización de las fronteras y la delegación ilegal de funciones soberanas, las violaciones de los derechos de los niños y niñas migrantes.

En segundo lugar, se centra en la posible calificación de crímenes contra la humanidad, en el sentido del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que implica la responsabilidad penal individual de los autores. Aunque el Tribunal no ha recabado pruebas suficientes para establecer la responsabilidad individual de los sujetos, los testigos interrogados han aportado pruebas irrefutables de que los crímenes cometidos son resultado de decisiones específicas tomadas por individuos, que deberían ser considerados penalmente responsables de sus actos. En lo que respecta a Libia, la justicia penal internacional ya ha abierto investigaciones y ha dictado varias órdenes de detención contra los líderes de las milicias libias responsables de los crímenes más atroces. A la vista de los elementos que han salido a la luz durante las audiencias, el Tribunal considera que existen motivos para sospechar de la comisión de tales crímenes en los demás países del Magreb. Los países europeos han financiado, a sabiendas, a los autores de los crímenes: por lo que se trata de complicidad, o incluso de ayuda y fomento de crímenes contra la humanidad. Esta responsabilidad indirecta no excluye la responsabilidad individual de los dirigentes europeos por complicidad en los crímenes contra la humanidad cometidos contra los migrantes.

Conclusión

El Tribunal concluye que las obligaciones de los Estados y de sus instituciones, claramente enunciadas por el jurado, constituyen una prioridad absoluta que debe traducirse en medidas operativas destinadas a impedir que delitos tan graves queden sumidos en el silencio, la impunidad y la repetición de conductas delictivas.

En la lógica fundamental del TPP, el juicio sobre la gravedad de los delitos cometidos consiste ante todo en «dar voz y visibilidad al derecho a la vida y a la dignidad de los pueblos» que, a través de sus representantes, han sido los verdaderos protagonistas y jueces de este proceso.

Este juicio y el auto de acusación deben considerarse, por tanto, como el primer paso y el instrumento que permite impulsar iniciativas que impliquen ampliamente a la opinión pública y superen las barreras del silencio, el odio y la marginación que rodean a la migración, creando un vacío jurídico y una atmósfera de rechazo.

دول المغرب الكبير والاتحاد الأوروبي مذنبة بانتهاكات منهجية للقانون الدولي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

Sarah Bachellerie — 2026-04-07T13:05:54Z

يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في الرباط، أصدر أعضاء هيئة المحلفين في الدورة السادسة والخمسين للمحكمة الدائمة للشعوب (TPP) حكمهم النهائي، حيث اعترفوا بأن دول المغرب الكبير (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا)، والاتحاد الأوروبي، وعدد من دوله الأعضاء مذنبة بانتهاكات منهجية ومنظمة للقواعد الملزمة للقانون الدولي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

يمكنكم متابعة هنا البث المباشر لإعلان الحكم والمؤتمر الصحفي.

كانت هذه الدورة السادسة والخمسون تركز على "انتهاك حقوق الإنسان للأشخاص المهاجرين من قبل دول المغرب الكبير، والاتحاد الأوروبي، وعدد من دوله الأعضاء", استجابةً لطلب مقدم من 54 منظمة ممثلة بالمنتدى الاجتماعي المغاربي، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، ومنتدى البدائل المغربية (FMAS). وهي تأتي في سياق العمل المنجز خلال الدورة الخامسة والأربعين للمحكمة الدائمة للشعوب (2017-2020) الذي تناول انتهاكات حقوق المهاجرين في أوروبا.

خلال الجلسات العلنية التي عُقدت في باليرمو ضمن فعاليات مهرجان سابير من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، تعاقب المحامون والخبراء والشهود والضحايا لتقديم عناصر الإثبات التي قامت المحكمة الدائمة للشعوب بفحصها (يمكنكم الاطلاع هنا على تسجيلات الفيديو للأيام الثلاثة للجلسات في أكتوبر 2025). يمثل الحكم الصادر يوم الثلاثاء 31 مارس خطوة رمزية تسمح بالاعتراف، من قبل جهة قضائية مدنية، بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المهاجرين.

تدعو المحكمة الدائمة للشعوب إلى أن يتم فحص هذه الانتهاكات الجسيمة للغاية للحقوق الأساسية من قبل السلطات القضائية الوطنية والدولية, مؤكدًا أن القانون الدولي والتشريعات الوطنية تشكل مجموعة متينة من النصوص التي تحمي حقوق المهاجرين، والمشكلة تكمن في أن "الحقوق المعترف بها نظريًا تُنتهك يوميًا عمليًا". لذلك، لا يتعلق الأمر بإنشاء أطر قانونية جديدة بقدر ما يتعلق بـ المساهمة في التطبيق الفعلي للمعايير القانونية القائمة، التي يتم انتهاكها باستمرار لأسباب سياسية.

يمكنكم الاطلاع هنا على الحكم كاملًا (36 صفحة، بالفرنسية)

Conférence de presse, Rabat, mardi 31 mars 2026.

ملخص الحكم

1. عرض لائحة الاتهام

تقدم الجزء الأول من الحكم لائحة الاتهام،
التي أعدتها تحالف من منظمات المجتمع المدني شارك فيها أعضاء Migreurop. وتؤكد هذه اللائحة أن "الأحداث المعروضة لم تنتج عن حادث أو إهمال، بل عن إرادة سياسية واعية ومشتركة ومنهجية لتحويل الأشخاص المهاجرين إلى أهداف لقمع عابر للحدود، في تجاهل مطلق للقانون الدولي. فقد نفذت دول المغرب الكبير، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، وكذلك الاتحاد الأوروبي نفسه، سياسات هجرة – مباشرة أو بالوكالة – تعتمد على الترحيل، والتخلي، والاحتجاز التعسفي، والتمييز، والتجريم، والاستعانة بالوساطة الخارجية. وقد أدت هذه الممارسات إلى انتهاكات جسيمة، مستمرة وواسعة للمعايير القانونية الملزمة، بما في ذلك الحق في الحياة، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر التعذيب، والحق في الحصول على سبل الانتصاف الفعالة، والمساواة أمام القانون."

طالبت لائحة الاتهام المحكمة الدائمة للشعوب بإصدار حكم يقضي بـ: "إدانة ليبيا والاتحاد الأوروبي رسميًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية [و] أن تُدان دول المغرب الكبير بانتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك: أعمال التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرمان التعسفي من الحرية، والترحيل الجماعي، وانتهاكات المنازل، والانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلاً عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الأطفال، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية".

2. السياق التاريخي للسياسات العنصرية في المغرب الكبير

تعود الجزء الثاني من الحكم إلى الأصول التاريخية للعنصرية في المغرب الكبير، موضحة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن تاريخ طويل من الاضطهاد والتمييز ضد السكان السود من أصول إفريقية جنوب الصحراء، لا سيما العبودية وتجارة الرقيق التي مارسها السكان العرب والأمازيغ، والتي هيأت المجتمعات المغاربية من خلال حصر السكان السود في مواقع دونية. ويتيح هذا للمحكمة تسليط الضوء على أن "انتهاكات حقوق المهاجرين مدعومة أيديولوجيًا بالبُعد المنهجي للعنصرية الذي يطغى على جميع المجتمعات شمال أفريقية، وأيضًا من خلال الخطابات السلطوية، أبرزها خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في عام 2023".

3. الوقائع

يعرض الجزء الثالث الوقائع المقدمة خلال الجلسات، والتي تضمنت مجموعة كبيرة من الشهادات المباشرة، مصحوبة بمواد سمعية بصرية، ووثائق رسمية، وتقييمات خبراء مستقلين. وتشير هذه الأدلة إلى وقوع احتجازات تعسفية، وتعذيب، ومعاملة لاإنسانية، وعدم تقديم المساعدة، لا سيما فيما يتعلق بمراكز الاحتجاز وممارسات التعذيب في ليبيا؛ واستمرارية العنف الممتدة من الاحتجاز في ليبيا وصولًا إلى التجريم في أوروبا؛ وعدم تقديم المساعدة في البحر والهجمات على عمليات الإنقاذ؛ وأخيرًا الترحيلات القسرية، والتخلي في الصحراء، والعنف العنصري في تونس.

تثبت الأدلة أن العنف الممارس ضد الأشخاص المهاجرين مصحوب بقمع محدد ومنظم يستهدف أولئك الذين يقدمون لهم المساعدة، بالاعتماد على تجريم المجتمع المدني في تونس والجزائر، وكذلك على الصعيد العابر للحدود. كما يلاحظ المحكمة حدوث استعانة خارجية بسياسات الهجرة الأوروبية في دول شمال إفريقيا، وترحيلات جماعية قاتلة (كما في حالة مليلية). وأخيرًا، تُبرز الأدلة في ليبيا وجود نظام للترحيل القسري (pull-backs)، والاحتجاز، والاتجار، والاستغلال، حيث تتركز التعذيب والاحتجاز التعسفي والعبودية الحديثة والاغتصابات، ويتم تنفيذها بواسطة الميليشيات، ويصبح ذلك ممكنًا ومستمرًا بفضل ترتيبات التعاون الأمني والهجرة.

4. التحليل القانوني

يقدم الجزء الرابع والأخير التحليل القانوني لهذه الوقائع وفقًا لمعايير القانون الدولي. يهتم أولاً بـالانتهاكات المنسوبة إلى الدول، بوصفها أطرافًا مسؤولة قانونيًا عن الالتزام بالقانون الدولي. الدول المعنية هي تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، اليونان، إسبانيا ومالطا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. استنادًا إلى مجموعة واسعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، تصنف المحكمة الدائمة للشعوب الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين السود القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أنها جرائم جسيمة ضد القواعد الإلزامية للقانون الدولي (jus cogens): عدم تقديم المساعدة والغرق المتعمد؛ الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ الانتهاكات المنهجية لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛ التمييز العنصري والإثني وتجريم الهجرة بشكل عنصري؛ تجريم التضامن مع المهاجرين؛ الاستعانة الخارجية بالحدود والتفويض غير القانوني للوظائف السيادية؛ وانتهاكات حقوق الأطفال المهاجرين.

ثم ينتقل التحليل إلى الإمكانية القانونية لتوصيف هذه الجرائم كجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمادة 7 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، مما يترتب عليه المسؤولية الجنائية الفردية للفاعلين. على الرغم من أن المحكمة لم تجمع أدلة كافية لإثبات المسؤولية الفردية لأشخاص محددين، قدم الشهود أدلة لا يمكن إنكارها تفيد بأن الجرائم المرتكبة ناتجة عن اختيارات محددة قام بها أفراد، والذين يجب محاسبتهم جنائيًا على أفعالهم. فيما يتعلق بليبيا، فقد فتحت العدالة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقات وأصدرت عدة مذكرات توقيف ضد قادة الميليشيات الليبية المسؤولين عن أسوأ الجرائم. وبالنظر إلى الأدلة التي ظهرت خلال الجلسات، ترى المحكمة أن هناك أسبابًا للاشتباه في ارتكاب مثل هذه الجرائم في دول المغرب الكبير الأخرى. وقد قامت الدول الأوروبية بتمويل مرتكبي الجرائم عن وعي تام: وبالتالي يُعد ذلك تواطؤًا، أو حتى مساعدة وتشجيعًا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولا تستثني هذه المسؤولية غير المباشرة المسؤولية الفردية للقادة الأوروبيين عن التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المهاجرين.

الخاتمة

تخلص المحكمة الدائمة للشعوب إلى أن التزامات الدول ومؤسساتها، كما حددها الهيئة بوضوح، تمثل أولوية مطلقة يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية تهدف إلى منع أن تتبع هذه الجرائم الجسيمة بالصمت، أو الإفلات من العقاب، أو تكرار السلوكيات الإجرامية.

وفي المنطق الأساسي لـ المحكمة الدائمة للشعوب، فإن الحكم على خطورة الجرائم المرتكبة يعني قبل كل شيء "إتاحة الصوت وإظهار الحق في الحياة وكرامة الشعوب" الذين، من خلال ممثليهم، كانوا الفاعلين والقضاة الحقيقيين لهذه المحاكمة.

ويجب اعتبار هذا الحكم ولائحة الاتهام على أنهما الخطوة الأولى والأداة التي تمكن من تحفيز مبادرات تشرك الرأي العام على نطاق واسع، وتتجاوز حواجز الصمت والكراهية والتهميش المحيطة بالهجرة، مما يخلق فراغًا قانونيًا وجوًا من الرفض.

Les États du Maghreb et de l'Union européenne coupables de violations systématiques du droit international et de crimes contre l'humanité

2026-04-07T10:31:26Z

Mardi 31 mars 2026 à Rabat, le jury de la 56e session du Tribunal Permanent des Peuples (TPP) a rendu son jugement définitif, en reconnaissant les États du Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie), l'Union européenne et plusieurs de ses États membres coupables de violations systématiques et systémiques des règles impératives du droit international et de crime contre l'humanité.

Retrouvez ici le streaming de l'annonce du jugement et de la conférence de presse.

Cette 56e session portait sur "la violation des droits humains des personnes migrantes par les États du Maghreb, l'Union européenne et plusieurs de ses États membres", à la suite d'une demande émanant de 54 organisations représentées par le Forum Social Maghrébin, le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) et le Forum des Alternatives Marocaines (FMAS). Elle fait suite au travail réalisé dans le cadre de la 45e session du Tribunal Permanent des Peuples (2017-2020) portant sur les violations des droits des personnes migrantes en Europe.

Durant les audiences publiques, qui se sont tenues à Palerme dans le cadre du festival Sabir du 23 au 25 octobre 2025, avocat·e·s, expert·e·s, témoins, et victimes, se sont succédé·e·s pour présenter des éléments de preuve qui ont été examinés par le Tribunal (retrouvez ici les captations vidéos des trois jours d'audience en octobre 2025). Le jugement prononcé le mardi 31 mars est une avancée symbolique qui permet la reconnaissance, par une juridiction citoyenne, des crimes perpétués contre les personnes migrantes.

Le tribunal appelle à ce que ces violations extrêmement graves des droits fondamentaux soient examinées par les autorités judiciaires nationales et internationales, en soulignant que le droit international et les législations nationales constituent un ensemble solide de textes protégeant les droits des migrant·e·s, le problème étant que "les droits reconnus en théorie sont violés quotidiennement dans la pratique". Il s'agit donc moins d'élaborer de nouvelles constructions juridiques que de contribuer à l'applicabilité concrète des normes juridiques existantes, constamment bafouées pour des raisons politiques.

Consulter ici le jugement en entier (36 p., en français))

Conférence de presse, Rabat, mardi 31 mars 2026.

Résumé du jugement

1. Présentation de l'acte d'accusation

La première partie du jugement présente l'acte d'accusation, rédigé par une coalition d'organisations de la société civile au sein de laquelle se sont impliqué·e·s les membres de Migreurop. Celui-ci affirme que "les faits exposés ne résultent ni de l'accident ni de la négligence, mais d'une volonté politique consciente, partagée et systémique de transformer les personnes migrantes en cibles d'une répression transnationale, dans le mépris le plus absolu du droit international. Les États du Maghreb, plusieurs États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Union européenne elle-même, ont mis en œuvre – directement ou par délégation – des politiques migratoires fondées sur le refoulement, l'abandon, la détention arbitraire, la discrimination, la criminalisation et l'externalisation. Ces pratiques ont conduit à des violations graves, persistantes et massives de normes juridiques impératives, notamment le droit à la vie, le principe de non-refoulement, l'interdiction de la torture, le droit à un recours effectif, et l'égalité devant la loi."

L'acte d'accusation demandait au Tribunal Permanent des Peuples de statuer : "que la Libye et l'Union européenne soient formellement condamnées pour crimes contre l'humanité [et] que les États du Maghreb soient condamnés pour violations graves et récurrentes des droits humains, incluant : actes de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, privations arbitraires de liberté, expulsions collectives, violations de domicile, atteintes aux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi que violations spécifiques des droits des enfants, en contradiction avec leurs engagements internationaux".

2. Contextualisation historique des politiques racistes au Maghreb

La seconde partie du jugement revient sur les origines historiques du racisme au Maghreb, contextualisant ces violations en montrant qu'elles s'inscrivent dans une histoire longue de persécutions et de discriminations des populations noires d'origine subsaharienne, notamment l'esclavage et la traite pratiqués par les populations arabes et berbères, qui a structuré les sociétés du Maghreb en confinant les populations noires à des places subalternes. Cela permet au tribunal de mettre en évidence "que les violations des droits des migrant·e·s sont idéologiquement soutenues par la dimension systémique du racisme qui traverse toutes les sociétés nord-africaines, mais aussi par des discours d'autorité, dont le plus emblématique est celui du président tunisien Kaïs Saïed en 2023".

3. Les faits

La troisième partie présente les faits exposés lors des audiences au cours desquelles a été présenté un ensemble substantiel de témoignages directs, accompagné d'éléments audiovisuels, de documents officiels et d'expertises indépendantes. Ces preuves attestent de faits de détentions arbitraires, torture, traitements inhumains et non-assistance, notamment en ce qui concerne les centres de détention et les pratiques de torture en Libye, le continuum de violences allant de la détention libyenne jusqu'à la criminalisation en Europe, la non-assistance en mer et les attaques contre les opérations de sauvetage, et enfin les refoulements, abandons dans le désert et violences raciales en Tunisie. Les éléments présentés établissent que les violences exercées contre les personnes migrantes s'accompagnent d'une répression spécifique et organisée visant celles et ceux qui leur portent assistance, s'appuyant sur la criminalisation de la société civile en Tunisie et en Algérie, ainsi qu'à l'échelle transnationale. Le Tribunal note également des faits d'externalisation des politiques migratoires européennes dans les États d'Afrique du Nord, de refoulements collectifs meurtriers (à partir du cas de Melilla). Enfin, il met en évidence en Libye l'existence d'un système de refoulement (pull-backs), de détention, de traite et d'exploitation, où se concentrent torture, détention arbitraire, esclavage moderne, viols, opéré par des milices et rendu possible et durable par des arrangements de coopération sécuritaire et migratoire.

4. Analyse juridique

La quatrième et dernière partie présente l'analyse juridique de ces faits selon les normes du droit international. Elle s'intéresse dans un premier temps aux violations imputables aux États, en tant que sujets juridiquement responsables du respect du droit international. Les États mis en cause sont la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Grèce, l'Espagne et Malte, ainsi que l'Union européenne. Se fondant sur un ensemble vaste de conventions et de Pactes internationaux, le TPP qualifie les violations commises à l'égard des migrant·e·s Noir·e·s issu·e·s des États d'Afrique Subsaharienne de crimes graves contre les règles impératives du droit international (jus cogens) : la non-assistance et les naufrages intentionnels ; les détentions arbitraires, tortures et traitements inhumains ou dégradants, les violations systématiques du principe de non-refoulement, les discriminations raciales, ethniques et la criminalisation raciste de la migration, la criminalisation de la solidarité envers les personnes migrantes, l'externalisation des frontières et la délégation illégale de fonctions régaliennes, les violations des droits des enfants migrant·e·s.

Dans un second temps elle s'intéresse à la possible qualification de crimes contre l'Humanité, au sens de l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), impliquant ainsi la responsabilité pénale individuelle des auteurs. Bien que le Tribunal n'ait pas recueilli suffisamment d'éléments de preuve pour établir la responsabilité individuelle de sujets, les témoins auditionné·e·s ont fourni la preuve indéniable que les crimes commis résultent de choix spécifiques faits par des individus, qui devraient être tenus pénalement responsables de leurs actes. Concernant la Libye, la justice pénale internationale a déjà ouvert des enquêtes et émis plusieurs mandats d'arrêt contre les chefs des milices libyennes responsables des crimes les plus atroces. Au vu des éléments qui ont émergé lors des audiences, le Tribunal estime qu'il existe des motifs de soupçonner la commission de tels crimes dans les autres pays du Maghreb. Les pays européens ont, en toute conscience, financé les auteurs de crimes : il s'agit donc de complicité, voire de l'aide et de l'encouragement aux crimes contre l'Humanité. Cette responsabilité indirecte n'exclut pas la responsabilité individuelle des dirigeant·e·s européen·ne·s pour complicité dans les crimes contre l'Humanité commis contre les migrant·e·s.

Conclusion

Le Tribunal conclut que les obligations des États et de leurs institutions, clairement énoncées par le jury, constituent une priorité absolue qui doit se traduire par des mesures opérationnelles visant à empêcher que des crimes aussi graves ne soient suivis de silence, d'impunité et de la répétition de comportements criminels.

Dans la logique fondamentale du TPP, le jugement sur la gravité des crimes commis consiste avant tout à "donner la parole et à rendre visible le droit à la vie et à la dignité des peuples qui, à travers leurs représentant·e·s, ont été les véritables protagonistes et juges de ce procès".

Ce jugement et l'acte d'accusation doivent ainsi être considérés comme la première étape et l'instrument permettant de stimuler des initiatives qui impliquent largement l'opinion publique, et dépassent les barrières du silence, de la haine et de la marginalisation qui entourent la migration, créant un vide juridique et une atmosphère de rejet.

Revue de presse janvier 2026

Camille — 2026-01-29T11:38:34Z

Sommaire

Libye

L'Orient-le-Jour, “21 corps de migrants subsahariens découverts dans une fosse commune”, le 15 janvier 2026

En Libye, 21 corps d'exilé·e·s ont été découverts mi-janvier dans une fosse commune à Ajdabiya, dans le nord-est du pays. Selon les autorités locales, les victimes étaient détenues dans une ferme transformée en lieu de détention pour les personnes exilées. Plusieurs survivant·e·s, retrouvé·e·s dans un état critique, ont permis de localiser le charnier.

Des fosses communes sont régulièrement découvertes en Libye [1], et des violations des droits fondamentaux des personnes exilé·e·s y sont constamment dénoncées [2]. Pourtant, l'Union européenne persiste à collaborer avec la Libye, aussi bien dans le cadre de financements [3] accordés pour « renforcer le contrôle aux frontières » et « la gestion des migrations », que pour former et équiper les « garde-côtes » libyens [4]. De cette façon, l'Union européenne contribue à maintenir un système meurtrier pour les personnes exilées en Libye et partant, elle engage sa responsabilité dans les violations massives des droits humains dans le pays [5].

Mauritanie

Infomigrants, “Les 'ressortissants africains sont les bienvenus' en Mauritanie, affirme le Premier ministre mauritanien à Dakar”, le 9 janvier 2026

En déplacement à Dakar les 8 et 9 janvier, le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Diay a affirmé que « tous les ressortissant·e·s du continent africain et de la sous-région [étaient] les bienvenu·e·s en Mauritanie ». En proposant d'accepter sur son sol l'ensemble des ressortissant·e·s du continent africain, la Mauritanie offre une solution aux États européens, qui, confrontés à des impossibilités matérielles et juridiques, ne peuvent pas mettre en œuvre l'ensemble des obligations de quitter le territoire qu'ils délivrent.

Cette déclaration intervient alors que Nouakchott est constamment épinglé pour porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes exilées [6]. Du fait de son ouverture sur la côte atlantique et de sa proximité avec les îles Canaries, la Mauritanie est devenue un pays de transit majeur vers l'Europe. En mars 2024, elle a signé un partenariat migratoire avec l'Union européenne moyennant un financement de plus de 200 millions d'euros pour « empêcher les départs » et en octobre 2025, l'Union y a financé et construit deux « centres d'accueil temporaire des étrangers » [7].

En déléguant la gestion de ses frontières, l'Union européenne a contribué à renforcer et multiplier les violences commises à l'encontre des personnes exilées [8], pour qui, la Mauritanie n'est pas un pays sûr [9], au vu notamment des refoulements aux frontières sénégalaise et malienne, des arrestations massives in situ, ou même de la hausse des retours dits « volontaires ».

Rwanda

Courrier international, “Le Rwanda poursuit le Royaume-Uni après l'annulation de leur accord migratoire », le 28 janvier 2026

Le Rwanda a engagé une procédure d'arbitrage devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye contre le Royaume-Uni pour réclamer 50 millions de livres,après que le pays a suspendu les paiements prévus dans le cadre de l'arrangement conclu entre les deux États en 2022 [10], dont l'objectif était de sous-traiter au Rwanda les demandes de protection jugées irrecevables par le Royaume-Uni. En somme, il s'agissait d'envoyer au Rwanda les personnes arrivées sur le territoire britannique de manière dite « irrégulière », pour que le Rwanda gère leur demande de protection. Après moult rebondissements judiciaires et politiques, et à la suite de la victoire du Labour aux élections générales britanniques en juillet 2024, Keir Starmer avait en effet renoncé au deal, le déclarant « mort et enterré » [11].

Ce contentieux souligne la logique marchande,propre à l'externalisation, qui « permet à des régimes autoritaires non-européens de se renflouer économiquement et d'être réhabilités au niveau diplomatique » [12]. Il révèle en outre les limites de cette externalisation, l'arrangement ayant notamment été abandonné en raison des réserves émises par la justice britannique [13], qui avait statué en ce sens que le Rwanda n'était pas un « pays tiers sûr » et qu'il existait des motifs sérieux de croire que les demandeurs d'asile renvoyés y couraient un risque réel d'être soumis à des mauvais traitements. Si le Rwanda a réaffirmé à cette occasion son engagement pour apporter sécurité, dignité et opportunités aux personnes exilées, cette position continue de contraster avec les atteintes aux droits dénoncées in situ [14].

Tunisie

Le Monde, “En Tunisie, des humanitaires libérés mais une répression toujours aussi forte”, le 6 janvier 2026

Après 20 mois de détention, Sherifa Riahi, ancienne directrice de Terre d'asile Tunisie, a finalement été remise en liberté le 6 janvier 2026 à l'issue de son procès. Pour rappel, l'ancienne directrice de Terre d'asile Tunisie était poursuivie – avec d'autres cadres de l'association et des élu·e·s locaux – pour avoir « facilité l'entrée, l'hébergement et l'installation de personnes en situation irrégulière ».

Bien que condamnées à deux ans de prison, les personnes poursuivies ont été remises en liberté, mais leur peine a été assortie d'un sursis compte tenu de la durée de leur détention« provisoire ». Toutefois, ce sursis constitue un moyen de pression du pouvoir tunisien sur les élu·e·s locaux et les défenseur·euse·s des droits pour entraver leurs actions. Par ailleurs, se poursuivent les attaques répétées du gouvernement du président Kaïs Saïed à l'encontre des défenseur·euse·s des droits humains [15].

Espagne

Reuters, “Spain opposes plan for asylum centers outside EU ”, le 20 janvier 2026

Alors que l'Union européenne est en passe d'entériner la création de « centres de retour » hors de ses frontières pour les demandeur·euse·s d'asile débouté·e·s, l'Espagne s'y oppose. Son ministre de l'Intérieur estime que ces centres constituent une fausse solution dont les effets juridiques et politiques sont préoccupants,au regard en particulier des centres de Tirana [16].

Si l'Espagne fait figure d'exception, cette position s'accompagne toutefois d'un discours sur l'efficacité du modèle espagnol qui consiste à externaliser et déléguer la gestion des frontières à des États tiers à l'Union européenne pour empêcher les départs vers l'Europe [17]. Cette stratégie repose bien sur la sous-traitance du contrôle migratoire à des États où les violations des droits des personnes exilées sont largement documentées [18].

Si l'on peut se réjouir du fait que l'Espagne prenne ses distances avec les « return hubs », sa politique migratoire reste pleinement inscrite dans la stratégie européenne d'externalisation, laquelle déplace toujours plus loin ses frontières et la gestion de l'asile, et sacrifie les droits humains au nom de la dissuasion.

El Diario, « Cinco años de lucha por la regulazización : la intrahistoria del movimiento liderado por migrantes que lo consiguió », le 31 janvier 2025

Libération, « Espagne : la régularisation de 500 000 sans-papiers, une avancée qui affole la droite », le 27 janvier 2026

Le gouvernement espagnol a approuvé, le 27 janvier 2026, un décret-loi visant à régulariser 500 000 personnes en situation administrative dite « irrégulière ». La mesure concerne les étranger·e·s présent·e·s en Espagne depuis au moins cinq mois fin 2025, sans casier judiciaire, ainsi que certain·e·s demandeur·euse·s d'asile dont la demande a été déposée avant le 31 décembre 2025. L'examen des demandes de titres de séjour - valables un an pour les adultes et cinq ans pour les mineur·e·s - commencera à compter du 1er avril et se fera par le biais d'une procédure accélérée n'excédant pas trois mois.

Cette opération de « régularisation » extraordinaire, née d'une initiative législative populaire signée par plus de 700 000 personnes, est le résultat d'années de luttes portées par les personnes exilées elles-mêmes, avec le soutien des associations de défense des droits humains [19]. L'Espagne assume ainsi un choix politique fort, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises. En effet, le pays cumule un programme de régularisation continue (notamment à travers l'enracinement social ou professionnel - arraigo) et des opérations extraordinaires, lorsqu'un large groupe est visé par des politiques temporaires, comme ce fut notamment le cas en 2005 [20], ou encore à l'occasion de la réforme du Règlement de la loi sur les étrangers (Extranjeria) en 2025.

Ce choix va largement à contre-courant des politiques restrictives menées ailleurs en Europe. Il n'en demeure pas moins que cette régularisation, justifiée par la nécessité de soutenir la « croissance économique », obéit à une logique d'utilitarisme migratoire en répondant à un besoin de main-d'œuvre et à des contraintes démographiques.

Belgique

Vrt, “La ministre Van Bossuyt veut encourager le retour des Syriens en leur accordant jusqu'à 5.000 euros d'aide à la réintégration”, le 22 janvier 2026

La ministre belge de l'Asile et de la Migration, a annoncé que la Belgique allait augmenter l'aide financière à la « réintégration » des ressortissant·e·s syrien·ne·s « acceptant de retourner chez eux ». Présentée comme une mesure « volontaire », cette politique repose sur une incitation financière dégressive selon l'avancée de la procédure d'asile, et s'accompagne, dans « la mesure du possible », d'une interdiction de retour sur le territoire.

Cette stratégie s'inscrit dans une politique d'exclusion progressive des personnes exilées du système d'accueil belge, dont la précarisation organisée [21], sert de levier pour contraindre les « retours volontaires ». La Belgique rejoint ainsi d'autres États européens qui, depuis 2024 avec la chute du régime de Bachar el Assad, multiplient les dispositifs destinés à faciliter et contraindre le retour des ressortissant·e·s syrien·ne·s en Syrie et ce, en dépit de la persistance des violences, de l'instabilité politique et de l'absence de garanties de sécurité et de droits pour les personnes « renvoyées » [22].

France

Les Jours, « « Les Africains, c'est des sauvages » : des juges du droit d'asile en roue libre », le 27 janvier 2026

Le Monde, « A la Cour nationale du droit d'asile, des propos racistes, sexistes et homophobes épinglés », le 29 janvier 2026

Le média Les Jours a rendu public un rapport de la CGT, faisant état de propos racistes, sexistes et homophobes tenus par des juges de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) envers des demandeur·euse·s d'asile, lors d'audiences directement ou a posteriori, pendant les délibérés. Pour rappel, cette juridiction est chargée d'examiner les recours dirigés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lui-même chargé de l'instruction des demandes d'asile.

Les témoignages, recueillis anonymement auprès d'agents de la juridiction, interrogent sur l'indépendance de la Cour et sur sa capacité à garantir un examen équitable des demandes de protection internationale, d'autant que des pressions sur l'institution et ses membres ont déjà été dénoncées [23]. Ces révélations mettent aussi en cause son fonctionnement, qui repose très majoritairement sur des juges vacataires (environ 500, contre seulement 26 magistrats professionnels et permanents), souvent retraités de la justice administrative, financière ou judiciaire, ou issus de l'université et de la haute fonction publique, notamment préfectorale. Insuffisamment formés aux enjeux spécifiques de l'asile, ces juges sont pointés du doigt pour avoir laissé transparaître « leurs convictions personnelles ou politiques ».

En exprimant des propos racistes, sexistes ou homophobes au sein de la juridiction, un juge compromet de facto sa neutralité et son impartialité, or cela est d'autant plus préoccupant que les décisions rendues menacent directement la sécurité et les droits fondamentaux des personnes exilées.

Grèce

Le Monde, “Poursuivis par la Grèce pour trafic de migrants, 24 humanitaires acquittés à Lesbos”, le 16 janvier 2026

L'acquittement de Sara Mardini et de 23 autres bénévoles de l'ONG ERCI par le tribunal de Lesbos met fin à sept années de poursuites arbitraires et confirme que « fournir une aide humanitaire est une obligation, pas un crime ». Accusés de trafic de migrants, blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle, pour avoir mené des opérations de recherche et de sauvetage en mer Égée entre 2016 et 2018, les bénévoles risquaient jusqu'à vingt ans de prison.

Cette victoire au prétoire est révélatrice de la criminalisation de l'action humanitaire mise en œuvre par les autorités grecques pour dissuader les acteur·rice·s civils de recherche et de sauvetage en mer d'intervenir, là où pourtant les États se sont retirés. En effet, depuis 2019, les patrouilles navales étatiques ont déserté la mer Méditerranée au profit d'une surveillance aérienne [24]. Ainsi, en laissant prospérer ces poursuites judiciaires pendant des années, la Grèce a contribué à entraver l'action salvatrice des acteur·rice·s civils en mer,et à mettre en danger les personnes exilées.

Portugal

Expresso, “Portugal escolhe pagar mais de €8 milhões para não acolher refugiados de outros Estados-membros”, le 12 janvier 2026

Pour 2026, le Portugal préfère s'acquitter d'une compensation financière de 8,4 millions d'euros à l'Union européenne, plutôt que d'accueillir 420 demandeur·euse·s d'asile dans le cadre de l'entrée en application du « mécanisme de solidarité » issu du Pacte sur la migration et l'asile adopté en 2024, afin de « répartir équitablement les demandeur·euse·s d'asile sur le territoire de l'Union européenne » [25]. Si l'objectif poursuivi est la relocalisation des demandeur·euse·s d'asile, le Pacte institutionnalise un droit de refus moyennant le paiement d'une contribution financière de 20 000 € par personne non accueillie.

Alors qu'il vient juste d'entrer en application, le mécanisme de solidarité (« flexible »), révèle ses véritables enjeux : échapper au partage des responsabilités, financer la fortification des frontières et la détention. Avec ce Pacte, l'Union européenne prend le problème à l'envers en prétendant résoudre une situation dont elle est elle-même responsable, les traversées maritimes étant par exemple une conséquence directe de la fermeture des frontières européennes. Ce mécanisme est en réalité un dispositif fallacieux, qui organise la solidarité entre États membres dans la répression et le contrôle, non pas dans l'accueil des exilé·e·s.

Suède

Infomigrants, “Sweden calls for EU-wide action on returning failed Afghan asylum seekers”, le 23 janvier 2026

AP News, « Failed Afghan asylum seekers need to go back home, Sweden's migration minister urges », le 22 janvier 2026

La Suède appelle l'Union européenne à franchir une nouvelle étape dans la politique de retour des ressortissant·e·s afghan·e·s. Son ministre des Migrations, Johan Forssell, plaide pour la mise en place d'un dispositif européen commun de délivrance de documents d'identité et de voyage afin de faciliter l'expulsion desdemandeur·euse·s déboutées de l'asile.

Déjà, en octobre 2025, 20 États membres avaient signé une lettre conjointe appelant la Commission européenne à prendre des « mesures coordonnées pour permettre le retour volontaire et forcé vers l'Afghanistan » [26]. En appelant l'Union européenne à ouvrir des « négociations techniques » avec les autorités talibanes de facto pour permettre les expulsions, les États s'enferment dans une contradiction majeure, en souhaitant négocier avec un régime qu'ils ne reconnaissent pas officiellement. D'autant que l'Afghanistan ne saurait être considéré comme un « pays d'origine sûr ». Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, le pays continue d'être marqué par des violations massives des droits de l'Homme [27], rendant toute expulsion contraire au principe de non-refoulement et à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Royaume-Uni

The Guardian, “UK's plans to seize asylum seekers' phones condemned by campaigners”, le 4 janvier 2026

BBC, « New powers to seize phones from migrants come into force », le 5 janvier 2026

Le Home Office a annoncé que les personnes exilées, principalement celles arrivées par la Manche, peuvent désormais se voir confisquer par la police leurs téléphones, sans arrestation ni contrôle judiciaire préalable. Les autorités sont aussi autorisées à procéder à des fouilles, notamment sur les mineurs, y compris des « fouilles buccales » pour chercher d'éventuelles cartes SIM.

Cette autorisation de saisie des téléphones portables est issue de la loi sur la sécurité des frontières, l'asile et l'immigration adoptée au Parlement en décembre 2025 [28]. Or, en introduisant des techniques de l'anti-terrorisme pour « lutter contre les réseaux de passeurs », cette loi stigmatise une nouvelle fois les exilé·e·s, qui du seul fait du franchissement de la frontière se trouvent présumé·e·s coupables de constituer une menace pour la sécurité.

Au-delà,ces nouvelles prérogatives de la police constituent plus largement une atteinte au droit à la vie privée et familiale. Déjà en 2022, la Haute Cour de justice avait jugé en ce sens que la confiscation et la fouille des téléphones portables par la police était contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et aux lois sur la protection des données [29]. Une nouvelle décision en ce sens risque de raviver l'obsession de Keir Starmer, déjà engagé dans une surenchère politique face aux pressions de l'extrême droite, pour réformer la Convention [30].

The Guardian, “Eighty ‘one in, one out' asylum seekers accuse UK of degrading treatment”, le 5 janvier 2026

Au Royaume-Uni, les demandeur·euse·s d'asile détenu·e·s en vue de leur renvoi vers la France dans le cadre de l'accord« One in, one out »,dénoncent leurs conditions de détention dans les centres de Harmondsworth et Brook House. A travers des rapports, témoignages [31], manifestations pacifiques dans les centres, les personnes exilées interpellent les instances de l'ONU, les organisations de défense des droits humains et les médias.

Dans un rapport collectif envoyé aux instances onusiennes, les détenu·e·s dénoncent de nombreuses violations de leurs droits : abus physiques, psychologiques et émotionnels extrêmes. Les exilé·e·s font notamment état de l'absence d'assistance juridique et notamment de l'impossibilité d'accès à un avocat, de soins médicaux insuffisants, voire inexistants, ainsi que de pratiques dégradantes généralisées. Dans ces conditions, beaucoup évoquent des épisodes de dépression, d'anxiété, d'isolement forcé et des tentatives d'automutilation.

Ces dénonciations, qui interviennent alors que le gouvernement britannique a renforcé son arsenal répressif en décembre 2025 [32], mettent en lumière l'iniquité de l'accord « One in, One out », qui prive les demandeur·euse·s d'asile de leur droit à un examen individualisé, et témoignent de l'injustice et du désespoir que les camps de détention génèrent parmi celles et ceux qui s'y retrouvent piégés.

Elles sont en outre révélatrices de l'érosion du droit d'asile et du traitement réservé aux demandeur·euse·s d'asile au Royaume-Uni, et au-delà en Europe.

Obligations de quitter le territoire

Infomigrants, “Au dernier trimestre 2025, l'UE a délivré 115 440 obligations de quitter le territoire européen”, le 22 janvier 2026

Au dernier trimestre 2025,selon les chiffres de la Commission européenne [33],115 440 personnes ont reçu une obligation de quitter le territoire dans l'Union européenne. La France reste le pays qui en délivre le plus, devant l'Allemagne et la Grèce. Toutefois, seule une minorité de ces décisions sont effectivement suivies d'un départ. En 2025, 34 000 personnes ont quitté le territoire de l'Union européenne, dont une partie par des dispositifs de « retour volontaire ».

Une grande partie de ces obligations ne sont pas mises en œuvre, non par manque de volonté politique, mais parce qu'elles sont matériellement ou juridiquement impossibles (absence de laissez-passer consulaires, risques avérés dans le pays d'origine). Certaines nationalités, comme les ressortissant·e·s algérien·ne·s, sont particulièrement ciblées par ces obligations de quitter le territoire, alors même que les expulsions restent quasiment impossibles en raison du refus de l'Algérie de délivrer des laissez-passer consulaires [34].

Sans possibilité d'exécution, ces obligations de quitter le territoire organisent la précarisation des personnes exilées, en maintenant des milliers de personnes dans un vide juridique, sans droits ni accès à la régularisation, tout en les empêchant de travailler. Les obligations de quitter le territoire servent ainsi d'outil pour mettre à l'écart les exilé·e·s, tout en affichant une politique migratoire prétendument « maîtrisée », qui permet aux États de communiquer sur leurs « performances » en matière de retours forcés dans une Europe de plus en plus enferrée dans une hostilité patente envers les personnes en migration.

Revue de presse janvier 2026

[1] Voir la revue de presse de février 2025 et/ouUNSMIL, « Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo's remarks to the Security Council on the situation in Libya », le 19 février 2025

[2] Voir notamment l'enquête : Afrique XXI, « En Libye, un système carcéral meurtrier à l'ombre de l'Europe », le 19 décembre 2025

[3] Voir notamment, NDICI – Instrument de Voisinage, de Coopération au Développement et de Coopération Internationales

[4] Voir en ce sens ; LaLibre, « Des garde-côtes libyens formés et équipés par l'Union européenne tirent sur le navire d'une ONG qui secourt des migrants », le 26 août 2025

[5] Amnesty International, « Libye. Les gouvernements européens se rendent complices des violations des droits humains des réfugiés et des migrants », le 12 décembre 2017

[6] Voir en ce sens, le rapport de l'ONG Human Rights Watch,« Mauritanie : Des années d'abus liés aux contrôles des migrations », 27 août 2025

[7] Voir la revue de presse de novembre 2025

[8] Voir en ce sens, El Sato, “El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania”, 5 novembre 2025.

[9] Voir notamment,la déclaration de l'Association Mauritanienne des Droits de l'Homme.

[10] Voir en ce sens : « Arrangement Royaume-Uni/Rwanda : externaliser l'asile en Afrique, arme de dissuasion massive en Europe », 20 juin 2022

[11] Voir notamment, BBC, « Starmer confirms Rwanda deportation plan 'dead' », le 6 juillet 2024

[12] Ibid.

[13] UK's supreme court,AAA and others v. Secretary of Statefor the Home Departement, 15th of November 2023, UKSC 42

[14] Amnesty International, Rwanda : la situation des droits humains, 2024 / Human Rights Watch, « Rwanda, événements de 2024 », 2025

[15] Voir notamment, Migreurop, « Suspension des activités du FTDES en Tunisie », le 28 octobre 2025 et/ou
Amnesty International, « Tunisie. Le durcissement de la répression contre les organisations de défense des droits humains atteint des niveaux critiques », le 14 novembre 2025

[16] Voir notamment, Migreurop, « Protocole d'accord Italie/Albanie sur les migrations : une coopération transfrontière contraire au droit international », le 13 février 2024

[17] Voir notamment les partenariats avec la Mauritanie, le Sénégalou encore le Maroc.

[18] Récemment, Migreurop, « Manifeste contre la répression des personnes migrantes à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc », le 18 décembre 2025

[19] Voir en ce sens, Sos Racismo Madrid, “¡Regularización Ya ! (Manifesto y galería 1ra parte)”

[20] Voir notamment, Libération, « L'Espagne va régulariser en masse », le 17 janvier 2005

[21] Notamment : absence d'hébergement pour les hommes seuls, gels des procédures d'asile, restrictions au regroupement familial.

[22] Voir notamment, Euractiv, « Rapatriement de Syriens : le ministre allemand des Affaires étrangères déclenche une polémique au sein de son parti conservateur », 6 novembre 2025

[23] Voir en ce sens, Mediapart, « Cour nationale du droit d'asile : des juges dénoncent des « pressions » », le 3 septembre 2021

[24] Voir notamment, Amnesty International, « Union européenne. La réduction des activités de l'« opération Sophia » abandonne réfugiés et migrants aux mains des impitoyables gardes-côtes libyens », le 27 mars 2019

[25] Voir la revue de presse de novembre 2025

[26] Joint letter from the undersigned ministers on voluntary and forced return to Afghanistan, 16 octobre 2025

[27] Voir le rapport de l'ONU, « No safe haven : Human rights risks faced by persons involuntarily returned to Afghanistan », de juillet 2025.

[28] Border Security, Asylum and Immigration Act 2025

[29] R (HM and MA and KH) v Secretary of State for the Home Department, 25 mars 2022

[30] Voir notamment, Le Monde, « Contre l'immigration illégale, le Royaume-Uni et le Danemark appellent à réformer la Convention européenne des droits de l'homme », le 10 décembre 2025

[31] Voir notamment, « Reports from Harmondsworth and Brook House protesters », le 14-15 janvier 2026

[32] Ibid. Border Security, Asylum and Immigration Act 2025

[33] Eurostat, « Returns of irregular migrants - quarterly statistics »,à jour au 10 décembre 2025

[34] Voir notamment, Libération, « Alger retoque la liste de ressortissants que la France veut expulser », le 17 mars 2025

Press review January 2026

Camille — 2026-01-29T11:38:02Z

Sommaire

Libya

L'Orient-le-Jour, “21 bodies of sub-Saharan migrants discovered in a mass grave”, 15 January 2026

In Libya, 21 bodies of migrants were discovered in mid-January in a mass grave in Ajdabiya, in the north-east of the country. According to local authorities, the victims were being held in a farm that had been converted into a detention centre for people on the move. Several survivors, found in critical condition, helped locate the mass grave.

Mass graves are regularly discovered in Libya [1], and violations of the fundamental rights of migrants are constantly being reported [2]. Yet the European Union continues to collaborate with Libya, both in terms of funding [3] granted to 'strengthen border control' and 'migration management', and to train and equip the Libyan 'coast guard' [4]. In this way, the European Union is helping to maintain a deadly system for migrants in Libya and is therefore complicit in massive human rights violations in the country [5].

Mauritania

Infomigrants, “African nationals are welcome in Mauritania, says Mauritanian Prime Minister in Dakar”, 9 January 2026

During a visit to Dakar on 8 and 9 January, Mauritanian Prime Minister Moctar Ould Diay stated that "all nationals from the African continent and the sub-region [were] welcome in Mauritania". By offering to accept all nationals from the African continent on its soil, Mauritania is offering a solution to European states which, faced with material and legal impossibilities, are unable to enforce all the obligations to leave the territory that they issue.

This declaration comes at a time when Nouakchott is constantly being criticised for violating the fundamental rights of people on the move [6]. Due to its location on the Atlantic coast and its proximity to the Canary Islands, Mauritania has become a major transit country to Europe. In March 2024, it signed a migration partnership with the European Union worth more than €200 million to 'prevent departures' and in October 2025, the EU financed and built two 'temporary reception centres for foreigners' there [7].

By delegating the management of its borders, the European Union has contributed to increasing and intensifying the violence committed against migrants [8], for whom Mauritania is not a safe country [9], particularly in view of the refoulements at the Senegalese and Malian borders, the mass arrests in situ, and even the increase in so-called 'voluntary' returns.

Rwanda

- Courrier international, “Rwanda sues the United Kingdom after cancellation of their migration agreement”, 28 January 2026

Rwanda has initiated arbitration proceedings before the Permanent Court of Arbitration in The Hague against the United Kingdom to claim £50 million after the country suspended payments under the agreement concluded between the two states in 2022 [10], the aim of which was to outsource to Rwanda applications for protection deemed inadmissible by the United Kingdom. In short, the idea was to send people who had arrived on British territory ‘irregularly' to Rwanda, so that Rwanda could process their applications for protection. After many legal and political twists and turns, and following Labour's victory in the British general election in July 2024, Keir Starmer effectively renounced the deal, declaring it ‘dead and buried' [11].

This dispute highlights the commercial logic inherent in outsourcing, which ‘allows non-European authoritarian regimes to bail themselves out economically and be rehabilitated diplomatically' [12]. It also reveals the limits of this outsourcing, as the agreement was abandoned due to reservations expressed by the British courts [13], which ruled that Rwanda was not a ‘safe third country' and that there were serious grounds for believing that asylum seekers returned there would be at real risk of being subjected to ill-treatment. Although Rwanda reaffirmed on this occasion its commitment to providing security, dignity and opportunities to migrants, this position continues to contrast with the human rights violations reported in situ [14].

Tunisia

Le Monde, 'In Tunisia, humanitarian workers released but repression remains as strong as ever', 6 January 2026

After 20 months in detention, Sherifa Riahi, former director of Terre d'Asile Tunisia, was finally released on 6 January 2026 following her trial. As a reminder, the former director of Terre d'asileTunisie was prosecuted – along with other executives of the association and local elected officials – for 'facilitating the entry, accommodation and settlement of people in irregular situations'.

Although sentenced to two years in prison, the defendants were released, but their sentences were suspended in view of the duration of their 'provisional' detention. However, this suspended sentence is a means of pressure used by the Tunisian authorities on local elected officials and human rights defenders to hinder their actions. Furthermore, the government of President Kaïs Saïed continues its repeated attacks on human rights defenders [15].

Spain

Reuters, “Spain opposes plan for asylum centres outside EU”, 20 January 2026

While the European Union is in the process of ratifying the creation of 'return centres' outside its borders for rejected asylum seekers, Spain is opposed to this. Its Minister of the Interior believes that these centres are a false solution with worrying legal and political implications, particularly in view of the centres in Tirana [16].

Although Spain is an exception, its position is accompanied by rhetoric about the effectiveness of the Spanish model, which consists of outsourcing and delegating border management to non-EU countries in order to prevent departures to Europe [17]. This strategy is based on subcontracting migration control to countries where violations of the rights of people on the move are widely documented [18].

While we can welcome the fact that Spain is distancing itself from 'return hubs', its migration policy remains fully in line with the European externalisation strategy, which is pushing its borders and asylum management ever further away and sacrificing human rights in the name of deterrence.

- El Diario, ‘Five years of fighting for regularisation: the inside story of the migrant-led movement that succeeded', 31 January 2025

- Libération, ‘Spain: the regularisation of 500,000 undocumented migrants, a step forward that has the right wing in a panic', 27 January 2026

On 27 January 2026, the Spanish government approved a decree-law aimed at regularising 500,000 people in an ‘irregular' administrative situation. The measure concerns foreigners who have been in Spain for at least five months at the end of 2025, have no criminal record, and certain asylum seekers whose applications were filed before 31 December 2025. The examination of applications for residence permits – valid for one year for adults and five years for minors – will begin on 1 April and will be carried out through an accelerated procedure lasting no more than three months.

This extraordinary ‘regularisation' operation, born of a popular legislative initiative signed by more than 700,000 people, is the result of years of struggle by migrants themselves, with the support of human rights organisations [19]. Spain is thus making a strong political choice, as it has done on several occasions in the past. The country has a programme of continuous regularisation (notably through social or professional roots - arraigo) and extraordinary operations, when a large group is targeted by temporary policies, as was the case in 2005 [20], or during the reform of the Foreigners Act (Extranjeria) in 2025.

This choice goes largely against the grain of the restrictive policies pursued elsewhere in Europe. Nevertheless, this regularisation, justified by the need to support ‘economic growth', follows a logic of migratory utilitarianism by responding to a need for labour and demographic constraints.

Belgium

Vrt, 'Minister Van Bossuyt wants to encourage Syrians to return by granting them up to €5,000 in reintegration aid', 22 January 2026

The Belgian Minister for Asylum and Migration announced that Belgium would increase financial aid for the 'reintegration' of Syrian nationals 'who agree to return home'. Presented as a 'voluntary' measure, this policy is based on a financial incentive that decreases as the asylum procedure progresses and is accompanied, 'as far as possible', by a ban on returning to the territory.

This strategy is part of a policy of gradually excluding migrants from the Belgian reception system, whose organised precariousness [21]serves as a lever to compel 'voluntary returns'. Belgium thus joins other European states which, since 2024 with the fall of Bashar al-Assad's regime, have been increasing the number of measures designed to facilitate and compel the return of Syrian nationals to Syria, despite the continuing violence, political instability and the lack of guarantees of security and rights for those who are 'returned' [22].

France

- Les Jours, ‘“Africans are savages”: asylum judges running wild', 27 January 2026

- Le Monde, ‘Racist, sexist and homophobic comments exposed at the National Court of Asylum', 29 January 2026

The media outlet Les Jours has published a report by the CGT trade union detailing racist, sexist and homophobic comments made by judges at the National Court of Asylum (CNDA) towards asylum seekers, either during hearings or afterwards, during deliberations. As a reminder, this court is responsible for examining appeals against decisions made by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), which is itself responsible for investigating asylum applications.

Anonymous testimonies gathered from court officials raise questions about the Court's independence and its ability to guarantee a fair examination of applications for international protection, especially since pressure on the institution and its members has already been denounced [23]. These revelations also call into question its functioning, which relies heavily on temporary judges (around 500, compared to only 26 professional and permanent magistrates), often retired from administrative, financial or judicial courts, or from academia and senior civil service, particularly prefectural service. Insufficiently trained in the specific issues surrounding asylum, these judges are criticised for allowing ‘their personal or political convictions' to show.

By expressing racist, sexist or homophobic views within the court, a judge effectively compromises their neutrality and impartiality, which is all the more worrying given that the decisions handed down directly threaten the safety and fundamental rights of people on the move.

Greece

Le Monde, 'Prosecuted by Greece for migrant smuggling, 24 humanitarian workers acquitted in Lesbos', 16 January 2026

The acquittal of Sara Mardini and 23 other volunteers from the NGO ERCI by the Lesbos court ends seven years of arbitrary prosecution and confirms that 'providing humanitarian aid is an obligation, not a crime'. Accused of migrant smuggling, money laundering and membership of a criminal organisation for conducting search and rescue operations in the Aegean Sea between 2016 and 2018, the volunteers faced up to 20 years in prison.

This victory in court is indicative of the criminalisation of humanitarian action by the Greek authorities to deter civilian search and rescue actors at sea from intervening where states have withdrawn. Since 2019, state naval patrols have deserted the Mediterranean Sea in favour of aerial surveillance [24]. By allowing these legal proceedings to continue for years, Greece has contributed to hindering the life-saving work of civilian actors at sea and endangering people on the move.

Portugal

Expresso, “Portugal escolhepagar mais de €8 milhões para nãoacolherrefugiados de outrosEstados-membros”, 12 January 2026

For 2026, Portugal prefers to pay €8.4 million in financial compensation to the European Union rather than take in 420 asylum seekers under the 'solidarity mechanism' set out in the Migration and Asylum Pact adopted in 2024, in order to 'relocate asylum seekers fairly across the territory of the European Union' [25]. While the objective is to relocate asylum seekers, the Pact institutionalisesa right of refusal in exchange for the payment of a financial contribution of €20,000 per person not accepted.

Although it has only just come into force, the (flexible) solidarity mechanism is revealing its true aims: to avoid sharing responsibilities and to finance the fortification of borders and detention. With this pact, the European Union is tackling the problem backwards by claiming to resolve a situation for which it is itself responsible, with sea crossings, for example, being a direct consequence of the closure of European borders. This mechanism is in fact a fallacious device, which organises solidarity between Member States in repression and control, not in the reception of migrants.

Sweden

Infomigrants, 'Sweden calls for EU-wide action on returning failed Afghan asylum seekers', 23 January 2026

AP News, “Failed Afghan asylum seekers need to go back home, Sweden's migration minister urges”, 22 January 2026

Sweden is calling on the European Union to take a new step in its policy on the return of Afghan nationals. Its Minister for Migration, Johan Forssell, is advocating the establishment of a common European system for issuing identity and travel documents to facilitate the expulsion of asylum seekers whose applications have been rejected.

Already, in October 2025, 20 Member States signed a joint letter calling on the European Commission to take 'coordinated measures to enable voluntary and forced returns to Afghanistan' [26]. By calling on the European Union to open 'technical negotiations' with the de facto Taliban authorities to allow deportations, the states are locking themselves into a major contradiction, wishing to negotiate with a regime that they do not officially recognise. This is particularly true given that Afghanistan cannot be considered a 'safe country of origin.' Since the Taliban regained power in 2021, the country has continued to be marked by massive human rights violations [27], making any deportation contrary to the principle of non-refoulement and Article 3 of the European Convention on Human Rights.

United Kingdom

The Guardian, 'UK's plans to seize asylum seekers' phones condemned by campaigners', 4 January 2026

BBC, “New powers to seize phones from migrants come into force”, 5 January 2026

The Home Office has announced that migrants, mainly those arriving via the English Channel, can now have their phones seized by the police without prior arrest or judicial review. The authorities are also authorised to carry out searches, particularly on minors, including 'oral searches' to look for possible SIM cards.

This authorisation to seize mobile phones stems from the Border Security, Asylum and Immigration Bill passed by Parliament in December 2025 [28]. However, by introducing anti-terrorism techniques to 'combat smuggling networks', this law once again stigmatisespeople on the move, who, simply by crossing the border, are presumed guilty of posing a threat to security.

Beyond that, these new police powers constitute a broader infringement of the right to privacy and family life. Already in 2022, the High Court of Justice ruled that the confiscation and search of mobile phones by the police was contrary to Article 8 of the European Convention on Human Rights and data protection laws [29]. A new ruling along these lines risks reigniting Keir Starmer's obsession with reforming the Convention, as he is already engaged in a political bidding war in response to pressure from the far right [30].

The Guardian, 'Eighty 'one in, one out' asylum seekers accuse UK of degrading treatment', 5 January 2026

In the United Kingdom, asylum seekers detained pending their return to France under the 'One in, one out' agreement are denouncing their conditions of detention in the Harmondsworth and Brook House centres. Through reports, testimonies [31], and peaceful demonstrations in the centres, migrants are appealing to UN bodies, human rights organisations, and the media.

In a collective report sent to UN bodies, the detainees denounce numerous violations of their rights: extreme physical, psychological and emotional abuse. They report a lack of legal assistance, including the inability to access a lawyer, inadequate or non-existent medical care, and widespread degrading practices. Under these conditions, many report episodes of depression, anxiety, forced isolation and attempts at self-harm.

These allegations, which come at a time when the British government has strengthened its repressive arsenal in December 2025 [32], highlight the unfairness of the 'One in, One out' agreement, which deprives asylum seekers of their right to an individual assessment, and testify to the injustice and despair that detention camps generate among those trapped there.

They also reveal the erosion of the right to asylum and the treatment of asylum seekers in the United Kingdom and beyond in Europe.

Obligations to leave the territory

Infomigrants, 'In the last quarter of 2025, the EU issued 115,440 obligations to leave European territory', 22 January 2026

In the last quarter of 2025, according to figures from the European Commission [33], 115,440 people received an obligation to leave the European Union. France remains the country that issues the most, ahead of Germany and Greece. However, only a minority of these decisions are actually followed by departure. In 2025, 34,000 people left the European Union, some of them through 'voluntary return' schemes.

A large proportion of these orders are not enforced, not because of a lack of political will, but because they are materially or legally impossible (lack of consular laissez-passer, proven risks in the country of origin). Certain nationalities, such as Algerian nationals, are particularly targeted by these obligations to leave the territory, even though expulsions remain virtually impossible due to Algeria's refusal to issue consular laissez-passer [34].

Without the possibility of enforcement, these obligations to leave the territory organise the precariousness of people on the move, keeping thousands of people in a legal limbo, without rights or access to regularisation, while preventing them from working. Obligations to leave the territory thus serve as a tool to sideline migrants, while displaying a supposedly 'controlled' migration policy, which allows states to communicate about their 'performance' in terms of forced returns in a Europeincreasingly mired in overt hostility towards migrants.

Press review January 2026 - EN

[1] See the February 2025 press review and/or UNSMIL, 'Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo's remarks to the Security Council on the situation in Libya,' 19 February 2025

[2] See in particular the investigation: Afrique XXI, “In Libya, a deadly prison system in the shadow of Europe”, 19 December 2025

[3] See in particular NDICI – Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

[4] See in this regard: LaLibre, “Libyan coast guard trained and equipped by the European Union fires on NGO ship rescuing migrants,” 26 August 2025

[5] Amnesty International, 'Libya: European governments complicit in human rights violations against refugees and migrants,' 12 December 2017

[6] See in this regard the report by the NGO Human Rights Watch, 'Mauritania: Years of Abuse Linked to Migration Controls,' 27 August 2025

[7] See the November 2025 press review

[8] See also El Sato, 'Spanish government opens two migrant prisons in Mauritania,' 5 November 2025.

[9] See in particular the statement by the Mauritanian Human Rights Association.

[10] See in this regard: ‘UK/Rwanda agreement: outsourcing asylum to Africa, a weapon of mass deterrence in Europe', 20 June 2022

[11] See in particular, BBC, ‘Starmer confirms Rwanda deportation plan “dead”', 6 July 2024

[12] Ibid.

[13] UK Supreme Court, AAA and others v. Secretary of State for the Home Department, 15 November 2023, UKSC 42

[14] Amnesty International, Rwanda: the human rights situation, 2024 / Human Rights Watch, ‘Rwanda, events of 2024', 2025

[15] See in particular Migreurop, “Suspension of FTDES activities in Tunisia”, 28 October 2025 and/or
Amnesty International, “Tunisia: Crackdown on human rights organisations reaches critical levels”, 14 November 2025

[16] See, in particular, Migreurop, 'Italy/Albania Memorandum of Understanding on Migration: Cross-Border Cooperation Contrary to International Law,' 13 February 2024

[17] See, in particular, partnerships with Mauritania, Senegal and Morocco.

[18] Recently, Migreurop, “Manifesto against the repression of migrants during the Africa Cup of Nations in Morocco,” 18 December 2025

[19] See, in this regard, Sos Racismo Madrid, ‘¡Regularización Ya! (Manifesto y galería 1ra parte)'

[20] See, in particular, Libération, ‘L'Espagne va régulariser en masse' (Spain to regularise en masse), 17 January 2005.

[21] In particular: lack of accommodation for single men, freezing of asylum procedures, restrictions on family reunification.

[22] See, in particular, Euractiv, 'Repatriation of Syrians: German Foreign Minister sparks controversy within his conservative party,' 6 November 2025

[23] See Mediapart, ‘National Court of Asylum: judges denounce “pressure”', 3 September 2021.

[24] See, in particular, Amnesty International, 'European Union. Reduction in 'Operation Sophia' activities leaves refugees and migrants at the mercy of ruthless Libyan coastguard,' 27 March 2019

[25] See the November 2025 press review

[26] Joint letter from the undersigned ministers on voluntary and forced return to Afghanistan, 16 October 2025

[27] See the UN report, 'No safe haven: Human rights risks faced by persons involuntarily returned to Afghanistan,' July 2025.

[28] Border Security, Asylum and Immigration Act 2025

[29] R (HM and MA and KH) v Secretary of State for the Home Department, 25 March 2022

[30] See, in particular, Le Monde, 'Against illegal immigration, the United Kingdom and Denmark call for reform of the European Convention on Human Rights', 10 December 2025

[31] See, in particular, 'Reports from Harmondsworth and Brook House protesters,' 14-15 January 2026

[32] Ibid. Border Security, Asylum and Immigration Act 2025

[33] Eurostat, 'Returns of irregular migrants - quarterly statistics,' updated 10 December 2025

[34] See, in particular, Libération, 'Algiers revises list of nationals France wants to expel,' 17 March 2025

Press Review November 2025

Camille — 2025-12-10T14:47:24Z

Sommaire

Mauritania

El Diario, “La UE abre en Mauritania, con la colaboración de España, dos cárceles para migrantes inspiradas en los campamentos policiales de Canarias”, 6 November 2025.

On 17 October 2025, two new “temporary reception centres for foreigners” were inaugurated in Mauritania, in Nouakchott and Nouadhibou. These facilities were funded and built by the European Union with the support of the Foundation for the Internationalisation of Public Administrations [1] (FIAP), following the model of the “Centros de Acogida Temporal de Extranjeros” [2] (CATE) in the Canary Islands. Their opening forms part of the migration partnership concluded in 2024 with the European Union to “reduce departures towards Europe”. Officially, people arrested may be held there for up to 72 hours for “identification interviews”. However, an investigation by porCausa and El Salto [3] warns of the risk that these centres may operate as detention sites, a claim which the European Union denies [4].

By delegating to an authoritarian regime [5] the management, detention and sorting of people on the move, the European Union deliberately places itself outside “the control mechanisms” that apply on its own territory. The construction of these centres highlights the responsibility of a Union that continues to externalise its borders at any cost, in this instance in a country where serious human rights violations are thoroughly documented [6].

In addition, a report published this month on the CATE in the Canary Islands highlights the failure to comply with international standards, both regarding infrastructure and access to information or the effective possibility of applying for asylum [7]. The new centres in Nouakchott and Nouadhibou, directly inspired by them, risk in turn becoming links in yet another system of invisibilisation and forced return.

Tunisia

Le Monde, « Tunisie : les migrants confrontés à des « violations généralisées » de leurs droits humains, dénonce Amnesty, qui critique l'Europe», 6 November 2025.

In a report published on 6 November 2025 [8], Amnesty International documents, on the basis of more than a hundred testimonies gathered between 2023 and 2025, the violations committed in Tunisia against people on the move. The report describes a migration policy based on racist practices, beatings, torture, sexual violence and dangerous, unlawful and violent interceptions at sea by the Tunisian National Guard. Amnesty condemns the passivity and cynicism of the European Union and highlights its responsibility under the memorandum of understanding concluded with Tunis in July 2023 to “prevent departures towards Europe”.

Despite massive and well-documented human rights violations in Tunisia [9], the European Union and its Member States have not ended their cooperation with the authoritarian and repressive government of Kaïs Saïed, prioritising restrictions on mobility over respect for the rule of law. By externalising the management of migration to Tunisia while closing their eyes to the widespread violations of the rights of people on the move in the country, the European Union incurs responsibility.

Italy

InfoMigrants, “Explainer: Italy's 2026-2028 'Flow Decree' (Decreto Flussi)”, 28 November 2025

The Italian Parliament definitively adopted on 26 November the “Flow Decree” for 2026–2028, which sets quotas for the admission of foreign workers for the next three years. It provides for the allocation of nearly 500,000 work permits, with specific quotas reserved for countries considered Italy's “migration partners”. The procedures are fully digital and rely on a calendar of “click days” that determine when employers may lodge applications.

This decree establishes a system of exploitation of foreign workers, based on a utilitarian vision of migration. Under the guise of a controlled “opening” of borders, it organises the dependence of foreign workers on their employers and makes any right to stay conditional on precarious contracts, thus creating a workforce that is easily replaceable and easily expellable. At the same time Italy is also attacking the right to family reunification, preventing workers from settling permanently with their families and living in dignity. The IDOS Study and Research Centre revealed in its 2025 Statistical Report on Immigration [10], that Italy's “flow decrees” favour the exploitation of foreign workers and human trafficking [11].

Rfi, « Italie-Albanie: la question migratoire au cœur du premier sommet intergouvernemental entre les deux pays», 14 November 2025

The first Italy–Albania intergovernmental summit was held in Rome on 13 November 2025. Beyond trade partnerships and Italy's support for Albania's accession to the European Union, the central issue was the implementation of the memorandum of understanding concluded in 2023, providing for the establishment in Albania of detention and removal centres under Italian jurisdiction. Although the initial agreement envisioned the processing of 36,000 people per year, the scheme has so far barely operated [12] due to objections from Italian [13] and European courts [14].

The failure to implement the Italy–Albania protocol since 2023 shows that this structure rests on a structural violation of legal safeguards (absence of effective remedies and judicial oversight). Yet Giorgia Meloni insists the centres will operate as planned and will be fully functional when the European Pact on Migration and Asylum enters into force in June 2026.

These centres represent a step forward in the European strategy of externalisation: not only asylum procedures and administrative detention but now expulsions themselves are delegated to non-EU states conveniently designated as “safe”.

This requires altering current EU law by building new European legislation (the Pact, the concept of safe countries, the Return Regulation) that is less protective, allowing Member States to evade their international obligations [15].

France

Le Monde, « Migrants : des associations demandent à la justice de forcer l'Etat à améliorer les conditions de vie dans les camps du Dunkerquois», 27 November 2025

InfoMigrants, « Nord de la France : six associations attaquent l'État en justice pour 'non-respect des droits humains' envers les migrants», 19 November 2025

Six organisations — Refugee Women's Centre, Médecins du Monde, Utopia 56, Roots, Salam and Human Rights Observers — lodged an emergency application before the administrative court in Lille on 18 November. They denounce the “non-respect of human rights” suffered by more than 2,000 migrants living in precarious camps in the Dunkirk area and ask the court to recognise the “serious and unlawful” infringement of fundamental freedoms and order immediate and lasting measures: access to water, food, healthcare, accommodation, and information.

The situation in the Dunkirk area reflects a deliberate policy of non-reception designed to deter migration by making living conditions so intolerable that people on the move “give up” remaining on the coast. As early as 2017, the courts ordered the State to ensure minimum access to water and sanitation in camps in the Calais area [16]. But as in Calais, these obligations are now ignored, and the French State denies people on the move the material conditions of dignified and adequate reception, exposing them to severe vulnerability.

Migrants survive only thanks to the work of organisations that alone compensate for the State's inaction and act as a defence against institutional violence.

Greece

InfoMigrants, «La Grèce procède aux premiers tests osseux sur les jeunes migrants affirmant être mineurs », 12 November 2025

Ekathimerini, «Greece conducts first age tests on migrants claiming to be minors », 11 November 2025

Greece has now generalised bone tests to determine the age of young migrants who declare themselves minors, following a ministerial decision adopted in August 2025 [17]. This system requires a series of assessments — medical, psychosocial and radiographic of the wrist or left hand — to determine age. Where results diverge, the radiographic exam prevails. The Minister for Migration and Asylum, Thanos Plevris, has already welcomed the scheme, stating that more than 50% of those tested were declared to be adults.

The use of bone tests is not new in Greece or elsewhere in Europe [18], but it is now openly assumed and normalised. Yet these methods are scientifically discredited because of their margin of error, sometimes of several years [19]. The European Economic and Social Committee has called for them to be “abandoned outright”, stressing that in the absence of reliable tools it is irresponsible to rely on methods known to be approximate [20].

By basing fundamental decisions — access to accommodation, protection, regular stay — on a tool deemed “as reliable as a crystal ball” [21], the Greek State effectively jeopardises the protection owed to unaccompanied minors.

By choosing a cynical, scientifically dubious and politically opportunistic approach, Greece opens the way to their expulsion and disregards its obligations regarding the rights of the child and the best interests of the minor, to whom the benefit of the doubt is not given. In doing so, it incurs responsibility for violations of their rights, exposing them still further to trafficking, abuse, mistreatment and police violence [22].

United Kingdom

Le Monde, « Le gouvernement britannique durcit drastiquement son régime d'asile», 17 November 2025

InfoMigrants, « Le Royaume-Uni réduit la protection accordée aux réfugiés dans un vaste plan anti-immigration », 17 November 2025

The United Kingdom has taken a further step in dismantling asylum rights by transforming international protection into a precarious, revisable and conditional status. The Labour government's reform reduces the duration of refugee status from five years to thirty months and postpones access to permanent residence to 20 years.

Refugees will be subject to regular reassessments and may be removed as soon as London designates their country as “safe”. The government also intends to abolish automatic access to social support, use artificial intelligence to determine minority, condition access to permanent residence on employment or study, restrict family reunification and reduce the scope of the European Convention on Human Rights.

The government thus hollows out asylum law and departs from the letter of the Geneva Convention. This reform exposes people on the move to widespread violations of their rights: arbitrary expulsions based on opportunistic designations of “safe countries”, infringements of the right to private and family life, and violations of children's rights through the use of artificial intelligence to determine age.

Behind this repressive shift, presented as a “historic” turning point, lies an electoral strategy. Faced with pressure from the far right and the rise of Nigel Farage, Keir Starmer has adopted a rhetoric of firmness that sacrifices people on the move to electoral politics.

Frontex

Digit.site36.net, “Frontex launches aerial surveillance in West Africa – its fundamental rights officer raises concerns”, 15 November 2025

Frontex is opening its first air base in Africa, in Cape Verde, to monitor the Atlantic route towards the Canary Islands. Using aircraft chartered from private companies, the agency intends to detect boats departing from Senegal, Mauritania or Gambia, and transmit this information to the local authorities so they can intercept migrants. After failed negotiations with Dakar and Nouakchott, Cape Verde thus becomes the new pivot of a European control system deployed far beyond its borders and based on a fragile legal foundation. In principle, Frontex's mandate does not permit it to operate directly outside the European Union. To circumvent this limit, the agency will not deploy its own staff but will outsource surveillance to private actors while receiving real-time images in Warsaw.

This new system fuels a form of “proxy pushback”, marked by documented risks of serious violations of fundamental rights [23]. The agency's own Fundamental Rights Officer reportedly warned in May of the absence of safeguards in countries where protection against inhuman treatment is not guaranteed, recalling the obligation to respect the principle of non-refoulement [24].

At a time when the European agency is criticised for its participation or complicity in pushbacks in the Aegean Sea and at the Balkan borders [25], its arrival in Cape Verde confirms once again the normalisation of extraterritorial repressive practices targeting people on the move.

InfoMigrants, « 100 Frontex officers arrive in Bosnia to boost border patrols », 4 November 2025

On 4 November 2025, Frontex deployed 100 officers to Bosnia and Herzegovina. The official aim is to prevent “irregular crossings” and strengthen security along the Balkan route. Frontex officers will patrol alongside Bosnian border guards and participate in surveillance operations at borders and airports. The cooperation agreement between Frontex and Sarajevo was signed in June 2025 [26].

This deployment illustrates the EU's growing strategy of externalising border control, whereby responsibilities for “reception” are delegated to third countries to prevent people on the move from reaching Europe, in disregard of their rights. By strengthening Frontex's presence in Bosnia, the EU extends its filtering capacity upstream of its own borders, in a country where violence, pushbacks and degrading treatment against migrants are regularly denounced [27].

This deployment also raises concerns regarding access to rights, as it offers no effective guarantees against violence and inhuman or degrading treatment that could result from the presence of the European agency. Not only because Frontex is near-immune to legal accountability [28], but also because Article 12 of the agreement guarantees its impunity for all acts committed in the context of a joint operation in Bosnia and Herzegovina, whether before criminal, civil or administrative courts.

Thus, even if the agency's officers do not operate alone, their presence contributes to legitimising a coercive and opaque control system outside the EU.

The solidarity mechanism

Euronews, «La Pologne et la Hongrie sont prêtes à défier l'UE sur les règles en matière d'immigration », 13 November 2025

Euronews, «Madrid, Rome, Athènes et Nicosie sous 'pression migratoire', selon l'UE », 12 November 2025

In its annual report on asylum and migration, the European Commission ranks Spain, Italy, Greece and Cyprus as countries “under migratory pressure”, mainly due to the arrival of people on the move by sea. This classification triggers the Pact's “solidarity mechanism”, planned to enter into force in 2026: relocations of asylum seekers, payment of €20,000 per person not taken in, or operational support to the concerned states. The announcement immediately provoked strong opposition from a group of states — Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic — which reject both the reception of asylum seekers and the financial contribution. The Polish and Hungarian leaders, engaged in domestic political posturing before elections, promise to “apply nothing” from the Pact.

With the “solidarity mechanism”, the European Union claims to resolve a situation for which it is itself responsible, as the rise in Mediterranean crossings is a direct consequence of the closure of European borders. This mechanism is in reality an inequitable device that organises the “authoritarian distribution of people on the move among a few willing states, while the others may avoid it by paying a financial contribution” [29]. People on the move are thus arbitrarily sent to a country they do not know, without consideration for their circumstances, their needs or their choices, becoming transferable or buyable accounting units.

Far from building European solidarity, the Pact reinforces existing imbalances and consolidates a governance system based on sorting, detention and exclusion, to the detriment of the fundamental rights of people on the move.

[1] To learn more about the role of this Spanish cooperation agency.

[2] “Temporary detention centers for foreigners”

[3] See in this regard, “El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania”
, 5 November 2025.

[4] See thepress release from the European Union Delegation in Mauritania.

[5] See in particular,the statement of the Association Mauritanienne des Droits de l'Homme.

[6] See in this regard, the report by the. NGO Human Rights Watch, « Mauritanie : Des années d'abus liés aux contrôles des migrations»
, 27 august 2025.

[7] See the report by Novact and Iridia, «Abandono y violencia institucional hacia las personas migrantes: Un análisis territorial », published on 2 november 2025

[8] Amnesty International, « Tunisie : « Personne ne vous entend quand vous criez »: Le dangereux tournant de la politique migratoire en Tunisie»
, 6 November 2025

[9] See in particular, «La Tunisie n'est pas un lieu sûr pour les personnes secourues en mer »

[10] See in this regard,DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2025
.

[11] See in particular, Melting Pot, “I decreti flussi favoriscono lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti”
, 3 November 2025.

[12] See in this regard, InfoMigrants, « L'Italie a procédé à sa première expulsion de migrants depuis son centre en Albanie », le 25 June 2025

[13] Corriere della Sera, “Migranti, i giudici di Bologna rinviano alla Corte Ue il decreto sui migranti : « Con questi criteri la Germania nazista sarebbe stata definita 'Paese sicuro' », 29 October 2024

[14] See in particular,the Amnesty International press release.

[15] See in this regard, Migreurop, « Protocole d'accord Italie/Albanie sur les migrations : une coopération transfrontière contraire au droit international », 13 February 2024

[16] Conseil d'État, 6ème chambre, 31/07/2017, n°412125, Published in the Lebon collection

[17] Greek City Times, « Greece Introduces Medical Tests to Verify Asylum Seekers'Age », 23 August 2025

[18] See in this regard,The Asylum Information Database,Country Report: Greece, 2020.

[19] See in particular,the observations of the UN Committee on the Rights of the Childsur
ce sujet.

[20] Opinion of the European Economic and Social Committee on the "protection of unaccompanied migrant minors in Europe", 18 September 2020

[21] La Croix, « Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux pour les jeunes migrants », 22 March 2019

[22] See in particular the report of the United Nations Committee on the Rights of the Child of 16 October 2025 of 16 October 2025

[23] Migreurop press release of 26 October 2024, Frontex celebrates 20 years of rights violations with complete impunity.

[24] See in this regard, Nd, « Frontex fliegt jetzt vor Westafrika»
, 16 November 2025

[25] See Migreurop note no. 3, Frontex : A european agency out of control.

[26] See theJune 2025 press review

[27] See in this regard, Le Monde, « En Bosnie, une inhumaine route migratoire », 18 January 2021 / Amnesty,Rapport sur la situation des droits humains dans le monde, April 2025

[28] See in particular, Anna Sibley, « Frontex agent intouchable du renseignement migratoire»
article published in the journal Plein droit no. 145 « Migrations, pourquoi tant de discours ?»

[29] Le Gisti, « Tout savoir sur le « Nouveau Pacte sur la migration et l'asile » de l'Union européenne », updated on 26 november 2025

Revue de presse novembre 2025

Camille — 2025-12-10T09:46:29Z

Sommaire

Mauritanie

El Diario, “La UE abre en Mauritania, con la colaboración de España, dos cárceles para migrantes inspiradas en los campamentos policiales de Canarias”, 6 novembre 2025.

Le 17 octobre 2025, deux nouveaux « centres d'accueil temporaire des étrangers » ont été inaugurés en Mauritanie, à Nouakchott et à Nouadhibou. Ces établissements ont été financés et construits par l'Union européenne, grâce au concours de la Fondation pour l'internationalisation des administrations publiques [1](FIAP), sur le modèle des « Centros de Acogida Temporal de Extranjeros » [2](CATE) des îles Canaries. Leur ouverture s'inscrit dans la continuité du partenariat migratoire conclu en 2024 avec l'Union européenne pour « réduire les départs vers l'Europe ». Officiellement, les personnes arrêtées peuvent y être retenues au maximum 72 heures pour des « entretiens d'identification ». Cependant, une enquête de porCausa et El Salto [3]alerte sur le risque que ces centres fonctionnent comme des lieux de détention, ce que l'Union européenne dément [4].

En déléguant à un régime autoritaire [5]la gestion, la détention et le tri des personnes exilées, l'Union européenne se place délibérément hors du cadre « des mécanismes de contrôle » imposés sur son propre territoire. La construction de ces centres souligne la responsabilité d'une Union qui persiste à externaliser ses frontières quel qu'en soit le prix, en l'espèce dans un pays où des violations graves des droits humains sont abondamment documentées [6].

Par ailleurs, un rapport publié ce mois-ci sur les CATE aux Canaries alerte sur le non-respect des normes internationales, tant en matière d'infrastructures que d'accès à l'information ou de possibilité effective de solliciter l'asile [7]. Les nouveaux centres de Nouakchott et Nouadhibou, qui en sont directement inspirés, risquent à leur tour de devenir les maillons d'un énième dispositif d'invisibilisation et de renvoi forcé.

Tunisie

Le Monde, « Tunisie : les migrants confrontés à des « violations généralisées » de leurs droits humains, dénonce Amnesty, qui critique l'Europe », 6 novembre 2025.

Dans un rapport publié le 6 novembre 2025 [8], Amnesty International documente, à partir de plus d'une centaine de témoignages recueillis entre 2023 et 2025, les violations commises en Tunisie à l'encontre des personnes exilées. Le rapport fait état d'une politique migratoire qui repose sur des méthodes racistes, des passages à tabac, tortures, agressions sexuelles et des interceptions en mer dangereuses, illégales et violentes de la Garde nationale tunisienne. Amnesty dénonce la passivité et le cynisme de l'Union européenne, et souligne sa responsabilité dans la violation de ces droits au regard du protocole d'accord conclu avec Tunis, en juillet 2023, pour « empêcher les départs vers l'Europe ».

En effet, malgré des violations massives des droits humains en Tunisie [9], dûment documentées, l'Union européenne et ses États membres n'ont pas mis un terme à leur collaboration avec le gouvernement autoritaire et répressif de Kaïs Saïed, privilégiant les entraves à la mobilité sur le respect de l'État de droit. En externalisant la gestion des mouvements migratoires à la Tunisie tout en fermant les yeux sur les violations généralisées des droits des personnes exilées dans le pays, l'Union européenne engage sa responsabilité.

Italie

InfoMigrants, “Explainer : Italy's 2026-2028 'Flow Decree' (Decreto Flussi)”, 28 novembre 2025

Le Parlement italien a définitivement adopté ce 26 novembre le « Décret Flux » pour 2026-2028, qui fixe les quotas d'entrée de travailleur·se·s étranger·e·s pour les trois prochaines années. Il prévoit l'attribution de près de 500 000 permis de travail avec des quotas spécifiques réservés aux pays « partenaires » de l'Italie en matière de migration. Les procédures sont entièrement numériques et s'appuient sur un calendrier de « click days » déterminant l'enregistrement des demandes par les employeurs.

Ce décret instaure un système d'exploitation des travailleur·se·s étranger·e·s, fondé sur une vision utilitariste des migrations. Sous couvert d'une « ouverture » encadrée des frontières, il organise la dépendance des travailleur·se·s étranger·e·s à leurs employeurs et subordonne tout accès au séjour à des contrats précaires, créant de fait une main-d'œuvre hautement substituable et expulsable. D'autant qu'en parallèle, l'Italie s'attaque au droit au regroupement familial, empêchant les travailleur·se·s de s'installer durablement avec leurs familles et de vivre dignement. Le Centre d'études et de recherches IDOS, a révélé dans son Dossier statistique sur l'immigration en 2025 [10], que le système italien des « décrets flux » favorise l'exploitation des travailleur·se·s étranger·e·s et la traite des êtres humains [11].

Rfi, « Italie-Albanie : la question migratoire au cœur du premier sommet intergouvernemental entre les deux pays », 14 novembre 2025

Le premier sommet intergouvernemental Italie-Albanie s'est tenu à Rome le 13 novembre 2025. Au-delà des partenariats commerciaux et du soutien italien à l'adhésion albanaise à l'Union européenne, la question centrale était celle de la mise en œuvre du protocole d'accord conclu en 2023, qui prévoit l'installation en Albanie de centres de rétention et d'expulsion placés sous juridiction italienne. Si l'accord initial annonçait la prise en charge de36 000 personnes par an, ce dispositif n'a, pour l'instant, pratiquement pas fonctionné [12]en raison du blocage par la justice italienne [13]et européenne [14].

L'échec de la mise en œuvre du protocole d'accord italo-albanais depuis 2023 montre que cette architecture repose sur une violation structurelle des garanties juridiques (absence de recours effectif et de contrôle juridictionnel). Pourtant, Giorgia Meloni persiste en affirmant que les centres fonctionneront comme prévu et qu'ils seront pleinement opérationnels avec l'entrée en application du Pacte européen sur la migration et l'asile en juin 2026.

Ces centres marquent une avancée dans la stratégie européenne d'externalisation, il ne s'agit plus seulement d'externaliser la procédure d'asile et la rétention administrative, mais désormais de déléguer les expulsions aux États tiers à l'Union, opportunément désignés comme « sûrs ».

Pour ce faire, il s'agit de modifier le droit actuel de l'Union en bâtissant de nouvelles législations européennes (Pacte, concept de pays sûrs, règlement retour) moins protectrices pour permettre aux États membres d'échapper aux responsabilités qui leur incombent en matière de respect des droits au titre des conventions internationales ratifiées [15].

France

Le Monde, « Migrants : des associations demandent à la justice de forcer l'Etat à améliorer les conditions de vie dans les camps du Dunkerquois », le 27 novembre 2025

InfoMigrants, « Nord de la France : six associations attaquent l'État en justice pour 'non-respect des droits humains' envers les migrants », le 19 novembre 2025

Six associations - Refugee Women's Centre, Médecins du Monde, Utopia 56, Roots, Salam et Human Rights Observers - ont saisi le 18 novembre le tribunal administratif de Lille par une requête en référé liberté. Elles dénoncent le « non-respect des droits humains » dont sont victimes plus de 2 000 exilé·e·s vivant dans les campements précaires du Dunkerquois et demandent que le juge constate l'atteinte « grave et illégale » aux libertés fondamentales et ordonne à l'État des mesures immédiates et pérennes : accès à l'eau, à l'alimentation, aux soins, à l'hébergement, à l'information.

La situation dans le Dunkerquois est révélatrice d'une politique assumée de non-accueil, pensée pour dissuader les mouvements migratoires en rendant les conditions de vie tellement insupportables que les personnes exilées « renonceraient » à rester sur le littoral. Déjà en 2017, la justice avait ordonné à l'État de garantir un minimum d'accès à l'eau et aux sanitaires dans les campements du Calaisis [16]. Mais comme à Calais, ces obligations sont aujourd'hui ignorées par les autorités et l'État français prive les personnes exilées de conditions matérielles d'accueil dignes et suffisantes, les exposant de fait à une situation de grande vulnérabilité.

Les personnes exilées survivent grâce au travail des associations, seules à pallier l'inaction de l'État et à faire barrage à la violence institutionnelle.

Grèce

InfoMigrants, « La Grèce procède aux premiers tests osseux sur les jeunes migrants affirmant être mineurs », le 12 novembre 2025

Ekathimerini, « Greece conducts first age tests on migrants claiming to be minors », le 11 novembre 2025

La Grèce généralise désormais les tests osseux pour déterminer l'âge des jeunes exilé·e·s se déclarant mineur·e·s, conformément à une décision ministérielle adoptée en août 2025 [17]. Ce dispositif impose une série d'examens - médical, psychosocial et radiographique du poignet ou de la main gauche - pour déterminer l'âge. En cas de résultats divergents, l'examen radiographique prévaut. Le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Thanos Plevris, s'en félicite déjà et annonce que plus de 50% des personnes testées auraient été déclarées majeures.

Ce recours aux tests osseux n'est pas nouveau en Grèce, ou ailleurs en Europe [18], mais il est dorénavant assumé, banalisé, décomplexé. Pourtant, ces méthodes sont scientifiquement discréditées en raison de leur marge d'erreur, de parfois plusieurs années [19]. Le Comité économique et social européen appelle d'ailleurs à « les abandonner purement et simplement »,rappelant qu'en l'absence d'outils fiables, il est irresponsable de s'appuyer sur des moyens que l'on sait approximatifs [20].

En fondant des décisions fondamentales - accès à l'hébergement, protection, régularité du séjour - sur un outil jugé « aussi fiable qu'une boule de cristal » [21], l'État grec met de facto en péril la protection due aux mineur·e·s isolé·e·s.

En choisissant une approche cynique, scientifiquement hasardeuse et politiquement opportuniste, la Grèce ouvre la voie à leur expulsion et partant, méconnaît ses obligations en matière de respect des droits de l'enfant et d'intérêt supérieur du mineur, à qui le doute ne bénéficie pas. Ce faisant, elle engage sa responsabilité dans les violations de leurs droits, les exposant encore davantage à la traite, aux abus, à la maltraitance et aux violences policières [22].

Royaume-Uni

Le Monde, « Le gouvernement britannique durcit drastiquement son régime d'asile », le 17 novembre 2025

InfoMigrants, « Le Royaume-Uni réduit la protection accordée aux réfugiés dans un vaste plan anti-immigration », le 17 novembre 2025

Le Royaume-Uni franchit une nouvelle étape dans le démantèlement du droit d'asile en transformant la protection internationale en un statut précaire, révisable et conditionnel. La réforme du gouvernement travailliste réduit la durée du statut de réfugié de cinq ans à trente mois et repousse à 20 ans l'accès à la résidence permanente.

Les réfugié·e·s seront soumis à une réévaluation régulière et pourront être expulsé·e·s dès que Londres désignera leur pays comme étant « sûr ». Le gouvernement entend également supprimer l'accès automatique à l'aide sociale, utiliser l'intelligence artificielle pour déterminer la minorité, conditionner l'accès à la résidence permanente à l'emploi ou aux études, restreindre le regroupement familial et limiter la portée de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le gouvernement vide ainsi le droit d'asile de sa substance et s'écarte de la lettre de la Convention de Genève. Cette réforme expose les exilé·e·s à des violations massives de leurs droits :expulsions arbitraires fondées sur une désignation opportuniste de pays « sûrs », atteintes au droit à la vie privée et familiale, et violations des droits de l'enfant par le recours à l'intelligence artificielle pour déterminer leur âge.

Derrière ce virage répressif, présenté comme un tournant « historique », se joue aussi une stratégie électoraliste. Face aux pressions de l'extrême droite et la percée de Nigel Farage, Keir Starmer reprend à son compte une rhétorique de fermeté qui sacrifie les personnes exilées sur l'autel d'un jeu politique.

Frontex

Digit.site36.net, “Frontex launches aerial surveillance in West Africa – its fundamental rights officer raises concerns”, 15 novembre 2025

Frontex ouvre sa première base aérienne en Afrique, au Cap-Vert, pour surveiller la route atlantique vers les Canaries. Avec des avions affrétés auprès d'entreprises privées, l'agence entend détecter les embarcations quittant le Sénégal, la Mauritanie ou la Gambie, et transmettre ces informations aux autorités locales afin qu'elles interceptent les exilé·e·s. Après l'échec de négociations avec Dakar et Nouakchott, le Cap-Vert devient ainsi le nouveau pivot d'un dispositif de contrôle européen déployé loin de ses frontières et fondé sur une base juridique fragile. En principe, le mandat de Frontex ne lui permet pas d'intervenir directement hors de l'Union européenne. Pour contourner cette limite, l'agence ne déploiera pas son propre personnel mais externalisera la surveillance à des acteurs privés, tout en recevant les images en temps réel à Varsovie.

Ce nouveau dispositif alimente un système de « refoulement par procuration », marqué par des risques documentés de violations graves des droits fondamentaux [23]. Le responsable des droits fondamentaux de Frontex aurait lui-même alerté au mois de mai sur l'absence de garanties dans des pays où les protections contre les traitements inhumains ne sont pas assurées, rappelant l'obligation de respecter le principe de non-refoulement [24].

Alors que l'agence européenne est mise en cause pour sa participation ou complaisance dans des refoulements en mer Égée et aux frontières balkaniques [25], son arrivée au Cap-Vert consacre une nouvelle fois la banalisation des pratiques extraterritoriales répressives contre les personnes en exil.

InfoMigrants, « 100 Frontex officers arrive in Bosnia to boost border patrols », le 4 novembre 2025

Le 4 novembre 2025, Frontex a déployé 100 agents en Bosnie-Herzégovine. L'objectif officiel est de prévenir les « franchissements irréguliers » des frontières, et de renforcer la sécurité sur la route des Balkans. Les agents de Frontex patrouilleront avec les garde-frontières bosniens et participeront aux opérations de surveillance aux frontières et dans les aéroports. Pour rappel, l'accord de coopérationentre Frontex et Sarajevo a été signé en juin 2025 [26].

Ce déploiement illustre la stratégie croissante d'externalisation du contrôle des frontières par l'Union européenne qui s'obstine à déléguer aux États dits tiers ses responsabilités en matière « d'accueil », afin d'empêcher les personnes en migration d'atteindre l'Europe au mépris de leurs droits. En renforçant la présence de Frontex en Bosnie, l'UE étend ainsi sa capacité de filtrage en amont de ses propres frontières, dans un pays où les violences, refoulements et traitements dégradants contre les personnes en migration sont régulièrement dénoncés [27].

Ce déploiement pose aussi problème en matière d'accès aux droits, car il n'apporte aucune garantie effective contre les violences et traitements inhumains ou dégradants qui pourraient résulter de la présence de l'agence européenne. Non seulement parce qu'elle est par nature juridiquement intouchable [28], mais aussi parce que l'article 12 dudit accord organise son impunité concernant tous les actes réalisés dans le cadre d'une opération conjointe en Bosnie-Herzégovine, que ce soit devant la justice pénale, civile ou administrative de ce pays.

Dès lors, même si les agents de l'agence européenne n'opèrent pas seuls, leur présence contribue à légitimer un système de contrôle coercitif et opaque hors de l'UE.

Le mécanisme de solidarité

Euronews, « La Pologne et la Hongrie sont prêtes à défier l'UE sur les règles en matière d'immigration », le 13 novembre 2025

Euronews, « Madrid, Rome, Athènes et Nicosie sous 'pression migratoire', selon l'UE », le 12 novembre 2025

Dans son rapport annuel sur l'asile et la migration, la Commission européenne classe l'Espagne, l'Italie, la Grèce et Chypre comme pays « sous pression migratoire », principalement en raison des arrivées d'exilé·e·s par voie maritime. Ce classement active le « mécanisme de solidarité » du Pacte, outil censé entrer en application en 2026 : relocalisations des demandeur·euse·s d'asile, versement de 20 000 € par personne non accueillie, ou soutien opérationnel aux États concernés. L'annonce a immédiatement déclenché l'opposition frontale d'un bloc d'États - Pologne, Hongrie, Slovaquie et République tchèque - refusant à la fois d'accueillir des demandeurs d'asile et de payer la contribution financière. Les dirigeants polonais et hongrois, engagés dans une surenchère politique intérieure avant les élections, promettent de ne « rien appliquer » du Pacte.

Avec « le mécanisme de solidarité », l'Union européenne prétend résoudre une situation dont elle est elle-même responsable, la multiplication des traversées de la Méditerranée étant une conséquence directe de la fermeture des frontières européennes. Ce mécanisme est en réalité un dispositif inéquitable, qui organise la « répartition autoritaire des exilé·e·s entre quelques États volontaires, tandis que les autres peuvent s'en affranchir en payant une compensation financière » [29]. Les personnes exilées sont ainsi arbitrairement envoyées dans un pays qu'elles ne connaissent pas, sans tenir compte de leurs situations, de leurs besoins ni de leurs choix, devenant ainsi des unités comptables transférables ou rachetables.

Loin de construire une solidarité européenne, le Pacte renforce les déséquilibres existants et consolide une gouvernance du tri, de l'enfermement et de l'exclusion, au détriment des droits fondamentaux des personnes en migration.

Revue de presse novembre 2025

[1] Pour en savoir plus sur le rôle de cette agence de coopération espagnole.

[2] « Centres d'accueil temporaire des étrangers »

[3] Voir en ce sens, “El Gobierno de España abre dos cárceles de migrantes en Mauritania”, 5 novembre 2025.

[4] Voir leCommuniqué de la Délégation de l'Union européenne en Mauritanie.

[5] Voir notamment,la déclaration de l'Association Mauritanienne des Droits de l'Homme.

[6] Voir en ce sens, le rapport de l'ONG Human Rights Watch, « Mauritanie : Des années d'abus liés aux contrôles des migrations », 27 août 2025.

[7] Voir le rapport de Novact et Iridia, « Abandono y violencia institucional hacia las personas migrantes : Un análisis territorial », publié le 2 novembre 2025

[8] Amnesty International, « Tunisie : « Personne ne vous entend quand vous criez » : Le dangereux tournant de la politique migratoire en Tunisie », 6 novembre 2025

[9] Voir notamment, « La Tunisie n'est pas un lieu sûr pour les personnes secourues en mer »

[10] Voir en ce sens,DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2025.

[11] Voir notamment, Melting Pot, “I decreti flussi favoriscono lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti”, 3 novembre 2025.

[12] Voir en ce sens : InfoMigrants, « L'Italie a procédé à sa première expulsion de migrants depuis son centre en Albanie », le 25 juin 2025

[14] Voir notamment,le communiqué de presse d'Amnesty International.

[15] Voir en ce sens, Migreurop, « Protocole d'accord Italie/Albanie sur les migrations : une coopération transfrontière contraire au droit international », 13 février 2024

[16] Conseil d'État, 6ème chambre, 31/07/2017, n°412125, Publié au recueil Lebon

[17] Greek City Times, « Greece Introduces Medical Tests to Verify Asylum Seekers'Age », 23 août 2025

[18] Voir en ce sens,The Asylum Information Database,Country Report : Greece, 2020.

[19] Voir notamment,les observations du Comité des droits de l'enfant de l'Onusur ce sujet.

[20] Avis du Comité économique et social européen sur « la protection des mineurs isolés migrants en Europe », 18 septembre 2020

[21] La Croix, « Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux pour les jeunes migrants », le 22 mars 2019

[22] Voir notammentle rapport du Comité des droits de l'enfant des Nations Uniesdu 16 octobre 2025

[23] Communiqué Migreurop du 26 octobre 2024, Frontex célèbre 20 ans de violations des droits en toute impunité.

[24] Voir en ce sens, Nd, « Frontex fliegt jetzt vor Westafrika », le 16 novembre 2025

[25] Voir la note n°3 de Migreurop, Frontex : Une agence européenne hors de contrôle.

[26] Voir larevue de presse de juin 2025

[27] Voir en ce sens, Le Monde, « En Bosnie, une inhumaine route migratoire », le 18 janvier 2021 / Amnesty,Rapport sur la situation des droits humains dans le monde, avril 2025

[28] Voir notamment, Anna Sibley, « Frontex agent intouchable du renseignement migratoire » article publié dans la revue Plein droit du n°145 « Migrations, pourquoi tant de discours ? »

[29] Le Gisti, « Tout savoir sur le « Nouveau Pacte sur la migration et l'asile » de l'Union européenne », à jour le 26 novembre 2025

البيان التمهيدي للدورة السادسة والخمسين للمحكمة الدائمة للشعوب حول انتهاكات حقوق الأشخاص المهاجرين في منطقة المغرب

Camille — 2025-11-27T14:27:57Z

من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، وفي إطار مهرجان "سابير" في باليرمو، انعقدت الدورة السادسة والخمسون للمحكمة الدائمة للشعوب حول انتهاكات حقوق الأشخاص المهاجرين في منطقة المغرب. على مدى ثلاثة أيام، قدّم/ت خبراء وخبيرات، وناجون/ات من طرق الهجرة، ومدافعون/ات عن حقوق الإنسان شهاداتهم أمام هيئة المحكمة.
إنّ العناصر المعروضة أمام المحكمة هي ثمرة سنوات من التوثيق من قبل باحثين/ات ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان، من بينهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، وكلاهما عضو في شبكة "ميغريوروب". وقد سمح هذا العمل التوثيقي برصدٍ دقيق لمختلف أشكال العنف والانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، كما أبرز مسؤولية دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء.
في ختام الأيام الثلاثة من الجلسات، أصدر القضاة هذا البيان التمهيدي في انتظار صدور الحكم النهائي

يمكنكم/ن الاطلاع هنا على عَرض الاتّهام الذي قُدّم أمام هذه المحكمة بتاريخ 23 أكتوبر خلال الجلسة الافتتاحية:

ملخّص باللغة العربية

قراءة النص الكامل لعرض الاتّهام باللغتين الفرنسية والإنجليزية

ويمكنكم/ن هنا مشاهدة التسجيل المصوّر للمحكمة

البيان التمهيدي

الدورة السادسة والخمسون حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها المهاجرون على يد دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء

باليرمو، مهرجان سابير، كانتيري كولتورالي ألا زيزا، 23–25 أكتوبر 2025

أعضاء هيئة التحكيم :

الرئيسة: صوفي بَسيس

الأعضاء: شادية عرب، براوليو مورو، أمزات بوكاري-يابارا، وحيد الفرشيشي، لوكا مازيرا

اجتمعت المحكمة الدائمة للشعوب، المنشأة عقب الإعلان العالمي لحقوق الشعوب – الجزائر 1976، في مدينة باليرمو من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، استمرارًا لدورها كـ«ضمير عالمي».
بعد تلقيها وفحصها عرض الاتّهام المقدَّم من قبل 54 منظمة، ممثَّلة بمنتدى الحركات الاجتماعية المغاربية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنتدى بدائل المغرب (FMAS)، والمتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها الأشخاص المهاجرون على يد دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء، إضافة إلى منظمات دولية
وبعد الاستماع إلى العديد من الشهود والمحامين والخبراء الذين تعرّضوا أو وثّقوا أو شهدوا على انتهاكات حقوق الإنسان بحق المهاجرين من قبل دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء؛
وبعد المداولة؛ تُعلن المحكمة ما يلي

استنادًا إلى :

– اتفاقية مكافحة الرق (1926)
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
– اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكولها لعام 1967
– اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1951)
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)
– اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)
– اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)
– اتفاقية حقوق الطفل (1989)
– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)
– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
– الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2010)
– الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)
– اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين (1969)
– الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)
– ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)

تأكيدًا لخطورة الوقائع الواردة في عرض الاتّهام والمثبتة بالشهادات المختلفة، تدين المحكمة الانتهاكات التالية :
– الاعتداءات الجسيمة على الحق في الحياة والحرية والأمن وعدم التمييز
– انتهاك الحظر المطلق للتعذيب
– ممارسات الاتجار بالأشخاص
– انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية
– انتهاك التزامات إنقاذ الأرواح في البحر
– العنف الجنسي
– عسكرة متزايدة للحدود والاستخدام المنهجي للقوة
– انتشار مراكز عبور واحتجاز خارج أي إطار قانوني، تحوّلت إلى أماكن للتعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء
– تجريم المهاجرين لاعتبار دخولهم أو إقامتهم «غير نظاميين» وحرمانهم من الضمانات القانونية
– انتهاك أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
– تجريم التضامن من خلال ملاحقات وضغوط ضد جمعيات ومحامين وصحفيين ومواطنين قدّموا المساعدة للمهاجرين
– نشر خطابات عنصرية وكراهية الأجانب، بما في ذلك من قبل مؤسسات رسمية
– سياسات الاتحاد الأوروبي في دفع حدوده نحو دول ثالثة
وترى المحكمة أنّ بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وتلاحظ المحكمة :
– الطابع المتعمّد والمنهجي لهذه الانتهاكات، باعتبارها نتيجة سياسات منظمة تؤدي إلى:
الموت والاختفاء في البحر والصحراء، الاعتقال والمعاملة اللاإنسانية، العنف، الابتزاز، العنصرية المؤسسية.
– أهمية الإرث التاريخي للرقّ في بلدان المغرب العربي، حيث يُستخدم العنصرية لتبرير الانتهاكات ضد المهاجرين السود.

وتحمّل المحكمة المسؤولية إلى :
جميع دول المغرب العربي (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا)، وإلى الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء، وإلى وكالاته لا سيما فرونتكس.
وتُشير إلى أنّ مسؤوليات فردية قد تكون قائمة، لكنها غير قادرة على تحديدها، وبالتالي تُحمّل المسؤولية للدول والمنظمات، بمسؤوليات مشتركة لكن متفاوتة.
وتؤكد، استنادًا إلى شهادات صادمة، أنّ الدول المغاربية الخمس تمارس بشكل ممنهج:
الاعتقالات التعسفية، الطرد الجماعي، الترحيل القسري، والنقل إلى مناطق صحراوية أو حدود مُعسكرة، وتعريض آلاف الأشخاص للجوع والعطش والاتجار والتعذيب والموت والاختفاء.
كما تُدير أو تتسامح مع وجود مراكز احتجاز غير قانونية وغير إنسانية.
وتُشدّد على الوضع الخاص في ليبيا، حيث أدّى عدم الاستقرار السياسي وانتشار الميليشيات منذ 2011 إلى تحويل الاتجار بالمهاجرين إلى مصدر ربح.
وتلاحظ المحكمة كذلك :
تفاقم الانتهاكات رغم التوصيات السابقة، نتيجة سياسات تصدير الحدود والأطر الأمنية والمالية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء.

وبناءً على خطورة الوضع، تدعو المحكمة إلى :
– مواصلة توثيق مسارات المهاجرين ومحاولة تحديد المفقودين وكشف آليات القمع في إطار التعاون المغاربي–الأوروبي
– تقديم صورة دقيقة وشفافة عن الانتهاكات وتجاوز حصرها في الأرقام
– تحميل الدول والمنظمات المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الجرائم التي قد تُعدّ جرائم ضد الإنسانية
– القيام بإجراءات قانونية وسياسية تهدف إلى:
وقف الممارسات غير القانونية واللاإنسانية،
الاعتراف بالأضرار التي لحقت بالضحايا،
التعويض الكامل،
ومساءلة المسؤولين والمستفيدين من هذا النظام العنيف
وتعبّر المحكمة عن امتنانها للشهود وتشيد بشجاعتهم في كشف الواقع الذي يُخفى غالبًا وراء لغة قانونية وأرقام.

حرّر في باليرمو، 25 أكتوبر 2025

Tribunale Permanente dei Popoli sulle violazioni dei diritti dei migranti nel Maghreb

Camille — 2025-11-26T15:10:55Z

Dal 23 al 25 ottobre 2025, nell'ambito del Festival Sabir a Palermo, si è svolta la 56ª sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, dedicata alle violazioni dei diritti delle persone migranti nel Maghreb. Per tre giorni, espertə, persone sopravvissutə alle rotte migratorie e difensorə dei diritti umani hanno presentato le loro testimonianze davanti alla Giuria del Tribunale.

Le evidenze portate davanti al Tribunale sono il frutto di un lavoro pluriennale di documentazione realizzato da ricercatricə, ricercatorə e attivistə per i diritti umani, tra cui il Forum Tunisino per i Diritti Economici e Sociali (FTDES) e la Federazione dei Tunisini per una Cittadinanza sulle Due Sponde (FTCR), entrambi membri di Migreurop. Questa raccolta di dati ha permesso di documentare in modo rigoroso le violenze e le violazioni dei diritti subite dalle persone migranti in Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia, e di mettere in luce le responsabilità degli Stati maghrebini, dell'Unione Europea e di diversə Stati membri.

Al termine dei tre giorni di udienze, la Giuria ha pubblicato una dichiarazione preliminare, in attesa del verdetto finale.

Ritrovate qui l'atto d'accusa presentato a questo TPP il 23 ottobre davanti alla Corte, durante la serata di apertura:

Sintesi in Italiano
leggere l'integralità dell'atto d'accusa in francesee in inglese

Ritrovate qui la registrazione video del Tribunale in italiano.

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

56a SESSIONE SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DEI MIGRANTI DA PARTE DEGLI STATI DEL MAGHREB, DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALCUNI SUOI STATI MEMBRI

Palermo, Festival Sabir, Cantieri Culturali alla Zisa, 23-25 ottobre 2025

Collegio dei giudici:

Presidente: Sophie BESSIS

Membri: Chadia ARAB, Braulio MORO, Amzat BOUKARI-YABARA, Wahid FERCHICHI e Luca MASERA

Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), istituito in seguito alla Dichiarazione universale dei diritti dei popoli, Algeri 1976, riunitosi a Palermo dal 23 al 25 ottobre 2025, nella continuità della sua missione di coscienza universale,

Dopo aver ricevuto ed esaminato l'atto d'accusa, presentato da 54 organizzazioni rappresentate dal Forum Social Maghreb, Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) e il Forum des Alternatives Maroc (FMAS), relativo alle violazioni dei diritti umani dei migranti da parte degli Stati del Maghreb, dell'Unione europea e di diversi suoi Stati membri nonché delle organizzazioni internazionali,

Dopo aver ascoltato numerosi testimoni, avvocati ed esperti che hanno rispettivamente subito, documentato o assistito alle violazioni dei diritti umani delle persone migranti da parte degli Stati del Maghreb, dell'Unione europea e di molti dei suoi Stati membri,

E dopo aver deliberato, dichiara:

Sulla base di:

– la Convenzione sulla schiavitù (1926),

– la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948),

– la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951) e il relativo protocollo del 1967,

– la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui (1951),

– il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966),

– il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966),

– la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979), – la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982),

– la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984), – la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989),

– la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari (1990),

– lo Statuto della Corte penale internazionale (1998),

– la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate (2010), – la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950),

– la Convenzione dell'OUA sui rifugiati (1969),

– la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981),

– la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2000),

Convinto della gravità dei fatti riportati dall'atto d'accusa e confermati dalle diverse testimonianze, il Tribunale condanna le violazioni dei diritti umani delle persone migranti e in particolare:

– gravi violazioni del diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza e alla non discriminazione (articoli 6, 7, 9 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici),

– la violazione del divieto assoluto di tortura (articolo 3 della Convenzione contro la tortura),

– la pratica della tratta di persone, in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1951, per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui,

– la violazione del principio di non respingimento (articolo 33 della Convenzione di Ginevra),

– la violazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982, e in particolare l'obbligo di salvataggio,

– gli abusi sessuali,

– la crescente militarizzazione delle frontiere e l'uso sistematico della forza,

– la proliferazione dei centri di transito e dei luoghi di detenzione, spesso al di fuori di qualsiasi quadro legale, trasformati in luoghi di tortura, assassinio, stupro e sparizioni,

– la criminalizzazione dei migranti, perseguiti per ingresso o soggiorno irregolare e privi di garanzie procedurali,

– la violazione delle disposizioni della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,

– la criminalizzazione della solidarietà, attraverso procedimenti giudiziari o pressioni amministrative nei confronti di associazioni, ONG, avvocati, giornalisti o cittadini che hanno prestato assistenza a persone migranti, in particolare durante i salvataggi in mare, alloggi di emergenza o consulenza legale,

– la diffusione generalizzata di discorsi razzisti e xenofobi, anche da parte di alcune istituzioni o personalità ufficiali, che alimentano la stigmatizzazione e la repressione dei migranti e in particolare delle donne, dei bambini e delle persone LGBTQI+,

– l'esternalizzazione delle frontiere dell'Unione europea verso paesi terzi,

Certo, inoltre, che alcune di queste violazioni possano essere considerate come crimini contro l'umanità,

Il Tribunale dichiara:

– il carattere deliberato e sistematico di tali violazioni. Si tratta, infatti, di politiche e pratiche che non costituiscono né incidenti isolati, né semplice negligenza, ma dipendono da una volontà politica strutturata i cui effetti sono tragicamente prevedibili: morti e sparizioni in mare e nel deserto, detenzione e trattamenti inumani, violenza, estorsione, razzismo istituzionalizzato;

– l'importanza dell'eredità storica schiavista dei paesi del Maghreb, dove il razzismo legittima le violazioni dei diritti delle persone migranti nere;

Il Tribunale ritiene responsabili di queste violazioni:

Tutti gli Stati del Maghreb (Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia), l'Unione europea e alcuni dei suoi Stati membri,

Il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza di responsabilità individuali, non è in grado di stabilirle. Considera, quindi, la responsabilità degli Stati e delle Organizzazioni, responsabilità comuni ma differenziate.

Il Tribunale, a seguito della tragicità delle testimonianze acquisite riconosce che i cinque Stati del Maghreb sono colpevoli di pratiche sistematiche di arresti arbitrari, di espulsioni collettive, degli spostamenti forzati e delle deportazioni verso zone desertiche o frontiere militarizzate. Tali pratiche sistematiche espongono consapevolmente migliaia di persone alla tratta, alla fame, alla sete, alla tortura, alla morte o alla scomparsa. Suddetti Stati hanno mantenuto o tollerato l'esistenza di centri di detenzione illegali, insalubri e disumani, in cui regnano maltrattamenti, violenze sessuali, privazione della libertà senza fondamento legale e in assenza di controllo giudiziario.

Nel quadro della determinazione delle diverse responsabilità, il Tribunale richiama l'attenzione sulla situazione particolare della Libia. Questo Stato, infatti, dal 2011 è caratterizzato da instabilità politica e carenza di sicurezza, nonché dalla proliferazione di gruppi armati e milizie che hanno fatto del traffico e dello sfruttamento dei migranti una fonte di reddito.

Il Tribunale ritiene responsabili l'UE, alcuni dei suoi Stati membri, le sue agenzie in particolare Frontex e i suoi fornitori di servizi. Il Tribunale constata l'aggravarsi delle violazioni, nonostante le raccomandazioni e segnalazioni fatte dalle sue precedenti sentenze, relative alle violazioni dei diritti delle persone migranti. Questa situazione si riflette nell'attuazione di politiche di esternalizzazione delle sue frontiere e di accordi finanziari e di sicurezza.

Di fronte a questa grave situazione che sacrifica ogni anno la vita e la dignità umana di migliaia di persone, in particolare delle persone nere provenienti dall'Africa subsahariana,

– il Tribunale invita le organizzazioni e le parti interessate a continuare a documentare i percorsi dei migranti, a cercare di identificare le persone scomparse e a chiarire i meccanismi repressivi attuati nel quadro della cooperazione Maghreb-Europa, inter-maghrebina e transnazionale,

– chiede inoltre di contribuire a presentare un'immagine chiara, trasparente e reale delle violazioni, di rimediare alla loro invisibilizzazione e di superare la loro rappresentazione puramente statistica,

– il Tribunale ritiene gli Stati e le organizzazioni, coinvolte direttamente o indirettamente, responsabili delle violazioni commesse, comprese quelle che possono essere considerate crimini contro l'umanità,

– il Tribunale incoraggia le parti interessate a condurre azioni sia contenziose che politiche, con l'obiettivo di porre fine alle pratiche illegali e disumane, riconoscere i danni subiti dalle vittime, risarcire integralmente i danni causati, l'incriminazione degli autori, istigatori e beneficiari di questo sistema di violenze.

Il Tribunale esprime la sua riconoscenza ai testimoni ed onora il loro coraggio per aver reso visibile la realtà che spesso si nasconde dietro formulazioni strettamente giuridiche e dati quantitativi.

Fatto a Palermo il 25 ottobre 2025

Scaricate qui questa dichiarazione preliminare in italiano

Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las violaciones de los derechos de las personas migrantes en el Magreb

Camille — 2025-11-26T15:10:50Z

Del 23 al 25 de octubre de 2025, en el Festival Sabir en Palermo, tuvo lugar la 56ª edición del Tribunal Permanente de los Pueblos, dedicada a las violaciones de los derechos de las personas migrantes en el Magreb. Los elementos presentados ante el Tribunal son el resultado de varios años de trabajo de documentación realizado por investigadorxs y defensorxs de derechos humanos, entre ellxs el Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y la Federación de Tunecinxs por una Ciudadanía en las Dos Orillas (FTCR), ambxs miembros de Migreurop. Esta recopilación de datos ha permitido documentar de manera minuciosa las violencias y vulneraciones de derechos sufridas por las personas migrantes en Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y poner de relieve la responsabilidad de los Estados magrebíes, de la Unión Europea y de varios de sus Estados miembros.

Durante tres días, expertxs, supervivientes de las rutas migratorias y defensorxs de derechos humanos ofrecieron sus testimonios ante la Corte. Al finalizar la audiencia, lxs juecxs redactaron esta declaración preliminar, en espera de la proclamación del veredicto final.

Encuentren aquí el acta de acusación presentada ante este TPP el 23 de octubre, frente a la Corte, durante la sesión de apertura:

Resumen en inglés, francés, italiano, árabe
leer la totalidad del acta de acusación en inglés y francés

Encontrarán aquí la grabación en vídeo del Tribunal en inglés, francés, italiano.

DECLARACIÓN PRELIMINAR

56ª SESIÓN SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES POR LOS ESTADOS DEL MAGREB, LA UNIÓN EUROPEA Y VARIOS DE SUS ESTADOS MIEMBROS

Palermo, Festival Sabir, Cantieri Culturali alla Zisa, 23–25 de octubre de 2025

Colegio de Juecxs:

Presidenta: Sophie BESSIS
Miembrxs: Chadia ARAB, Braulio MORO, Amzat BOUKARI-YABARA, Wahid FERCHICHI y Luca MASERA

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), nacido a partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), reunido en Palermo del 23 al 25 de octubre de 2025, en continuidad con su misión de conciencia universal,

Tras haber recibido y examinado el acta de acusación, presentada por 54 organizaciones, representadas por el Foro Social Magrebí, el Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y el Foro de las Alternativas Marruecos (FMAS), relativa a las violaciones de derechos humanos de las personas migrantes cometidas por los Estados del Magreb, la Unión Europea y varios de sus Estados miembros, así como por organizaciones internacionales,

Tras haber escuchado a numerosxs testigxs, abogadxs y expertxs, que han sufrido, documentado o presenciado las violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes por parte de los Estados del Magreb, la Unión Europea y diversos de sus Estados miembros,

Y tras deliberación, declara lo siguiente:

Basándose en:

– La Convención sobre la Esclavitud (1926),
– la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
– la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo de 1967,
– la Convención para la Represión de la Trata de Seres Humanos y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1951),
– el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966),
– el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966),
– la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979),
– la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982),
– la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984),
– la Convención sobre los Derechos del Niño (1989),
– la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares (1990),
– el Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998),
– la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2010),
– la Convención Europea de Derechos Humanos (1950),
– la Convención de la OUA sobre los Refugiados (1969),
– la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981),
– la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000),

Convencido de la gravedad de los hechos relatados en el acta de acusación y confirmados por los distintos testimonios, el Tribunal condena las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes, en particular:

– los graves atentados al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la no discriminación (arts. 6, 7, 9 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos),
– la violación de la prohibición absoluta de la tortura (art. 3 de la Convención contra la Tortura),
– la práctica de la trata de personas, en violación de la Convención de 1951,
– la violación del principio de no devolución (non-refoulement) (art. 33 de la Convención de Ginebra),
– la violación de las disposiciones del Derecho del Mar, incluida la obligación de rescate,
– las agresiones sexuales,
– la creciente militarización de las fronteras y el uso sistemático de la fuerza,
– la proliferación de centros de tránsito y lugares de detención, a menudo fuera de cualquier marco legal, convertidos en espacios de tortura, asesinato, violación y desapariciones,
– la criminalización de las personas migrantes, perseguidas por entrada o estancia consideradas “irregulares” y privadas de garantías procesales,
– la violación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas,
– la criminalización de la solidaridad, mediante procesos judiciales o presiones administrativas contra asociaciones, ONG, abogadxs, periodistas o ciudadanxs que han asistido a personas migrantes, especialmente en operaciones de rescate marítimo, alojamiento de emergencia o asesoramiento jurídico,
– la difusión generalizada de discursos racistas y xenófobos, incluso por instituciones o figuras oficiales, alimentando la estigmatización y la represión de las personas migrantes, y en particular de mujeres, niñxs y personas LGBTQI+,
– la externalización de las fronteras de la UE hacia terceros países.

Convencido asimismo de que algunas de estas violaciones pueden considerarse crímenes de lesa humanidad,

El Tribunal constata:

– el carácter deliberado y sistemático de estas violaciones. Se trata de políticas y prácticas que no son accidentes aislados ni simples negligencias, sino decisiones políticas estructuradas, cuyos efectos son trágicamente previsibles: muertes y desapariciones en el mar y el desierto, detenciones y tratos inhumanos, violencia, extorsión y racismo institucionalizado;
– la importancia del legado histórico esclavista en los países del Magreb, donde el racismo legitima las violaciones de los derechos de las personas migrantes negras.

El Tribunal considera responsables de estas violaciones a:

Todos los Estados magrebíes (Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia), la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros.

El Tribunal, aun reconociendo la existencia de responsabilidades individuales, no está en condiciones de determinarlas. Retiene, por tanto, la responsabilidad de los Estados y de las organizaciones, responsabilidades comunes pero diferenciadas.

El Tribunal, basándose entre otros elementos en los testimonios más impactantes, reconoce que los cinco Estados magrebíes son culpables de prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, desplazamientos forzados y deportaciones hacia zonas desérticas o fronteras militarizadas, exponiendo conscientemente a miles de personas a la trata, el hambre, la sed, la tortura, la muerte o la desaparición. Han mantenido o tolerado la existencia de centros de detención ilegales, insalubres e inhumanos donde reinan los malos tratos, la violencia sexual, la privación de libertad sin base legal y sin control judicial.

El Tribunal llama la atención sobre la situación particular de Libia, país que desde 2011 vive una profunda inestabilidad política y de seguridad, con la proliferación de grupos armados y milicias que han convertido la trata y explotación de personas migrantes en una fuente de ingresos.

El Tribunal retiene la responsabilidad de la UE, de ciertos Estados miembros, de sus agencias —en particular Frontex— y de sus proveedores de servicios. Constata el agravamiento de las violaciones, a pesar de las recomendaciones y alertas formuladas en sesiones anteriores, reflejado en políticas de externalización de fronteras y en acuerdos de seguridad y financieros.

Ante esta situación grave, que sacrifica cada año la vida y la dignidad de miles de personas, en particular personas negras procedentes del África subsahariana:

– el Tribunal llama a las organizaciones y partes implicadas a continuar documentando los recorridos migratorios, identificar a las personas desaparecidas y esclarecer los mecanismos represivos implementados en el marco de la cooperación Magreb–Europa, intermagrebí y transnacional,
– llama también a contribuir a presentar una imagen clara, transparente y real de las violaciones, remediar su invisibilización y superar la dimensión puramente estadística de los datos,
– retiene la responsabilidad directa o indirecta de los Estados y organizaciones implicadas en las violaciones cometidas, incluidas aquellas que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad,
– insta a las partes implicadas a emprender acciones legales y políticas destinadas a poner fin a las prácticas ilegales e inhumanas, reconocer los daños sufridos por las víctimas, garantizar su reparación integral y exigir responsabilidades a lxs autores, instigadorxs y beneficiarios de este sistema de violencia.

El Tribunal expresa su reconocimiento a lxs testigxs y saluda su valentía por haber hecho visible la realidad que suele esconderse detrás de fórmulas jurídicas y cifras.

Hecho en Palermo, el 25 de octubre de 2025