Cerca de 100 organizaciones denuncian la violencia contra las personas migrantes en Ceuta

Migreurop es cofirmante de este comunicado que denuncia las violaciones de derechos cometidas por los Estados español y marroquí contra las personas exiliadas en Ceuta. El trabajo de documentación realizado por el equipo de Border Resistance con activistas, gracias a la labor de las secciones de Tetuán, Fnideq y Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) pone de manifiesto un patrón de violencia física y psicológica sistemática. El texto destaca la dimensión racista y de género de esta violencia y muestra que se inscribe en un contexto de tensiones fronterizas entre Marruecos y España, fruto de una situación colonial y de décadas de políticas de externalización.

Emitimos este comunicado para documentar y denunciar una serie de violaciones de DDHH interrelacionadas que revelan, en su conjunto, una política sistemática por parte de los Estados español y marroquí y de la Unión Europea que convierte a las personas migrantes en una moneda de cambio en un conflicto político y económico, así como una violencia directa y sistemática que golpea los cuerpos de los colectivos especialmente expuestos a la violencia institucional y fronteriza: personas vulnerabilizadas por las políticas migratorias, el racismo institucional personas migrantes, solicitantes de asilo y menores, además de las personas del colectivo LGBTIQ+, entre los grupos más expuestos a esta violencia. Las personas que se desplazan no son instrumentos políticos de los estados, tienen sus propios motivos, necesidades, expectativas y decisiones que deben ser escuchadas.

La movilidad humana no nace de las fronteras ni de las políticas que buscan regularla. Las personas ya se desplazan, toman decisiones y construyen sus propias trayectorias antes de encontrarse con los dispositivos fronterizos que intentan limitar esos movimientos. La frontera no produce el movimiento: se construye precisamente para contenerlo.

Esta crisis se desarrolla en un contexto de décadas de políticas de externalización de fronteras europeas, mediante la cual España y la Unión Europea financian, equipan y entrenan desde hace años a fuerzas de seguridad en Marruecos, Mauritania, Senegal y Malí, y Túnez y Libia a través de la entrega de cientos de vehículos, drones y embarcaciones, con el objetivo de impedir la llegada de personas migrantes al territorio europeo. Los estados intentan instrumentalizar y gobernar la movilidad humana como mecanismo de presión geopolítica, pero las personas migrantes no son instrumentos pasivos.

Lo ocurrido tampoco puede comprenderse al margen de la historia colonial de España en el norte de África y en el Sáhara Occidental. Ceuta y Melilla son fronteras atravesadas por relaciones coloniales, disputas territoriales y jerarquías raciales que organizan quién puede circular y quién es sometido al control, la expulsión o la violencia. Esta frontera tiene en su memoria varios sucesos en años anteriores que demuestran que esto no es un caso aislado, por ejemplo las muertes de 2005, el Tarajal en 2014, y las devoluciones ilegales de menores en 2021.

Este modelo ha mostrado repetidamente su contradicción fundamental: en mayo de 2021, más de 10.000 personas entraron a Ceuta tras la acogida por parte de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según diversos informes publicados en relación a estos hechos, que describieron una apertura deliberada de la frontera por parte de Marruecos, como estrategia de presión vinculada al expediente del Sáhara Occidental. Aquella crisis provocó la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya. El 24 de junio de 2022, en la frontera de Melilla se produjo una masacre sangrienta que costó la vida a al menos 27 personas y dejó cerca de 70 desaparecidos.

Cabe señalar también que las Islas Canarias recibieron por sí solas a 23.000 migrantes en 2020, según cifras oficiales, la mayoría procedentes de las costas del Sáhara Occidental, en uno de los momentos de mayor llegada de personas migrantes por vía marítima a las Islas. A este contexto se suma un conflicto económico y estratégico creciente en torno al "Monte Tropic", un monte submarino situado a unos 499 kilómetros de la isla de El Hierro, que alberga toneladas de telurio, así como cobalto, níquel y litio, minerales estratégicos esenciales para el desarrollo de la tecnología verde y la transición energética. En 2009, Marruecos presentó una solicitud para ampliar su plataforma continental de modo que incluyera este monte, y España respondió en 2014 con una solicitud similar basada en la prolongación natural de las Islas Canarias. Posteriormente, en 2020, Marruecos amplió sus aguas territoriales mediante dos leyes parlamentarias que Madrid interpretó como una injerencia en su soberanía. El expediente volvió con fuerza a primer plano en noviembre-diciembre de 2025, tras la resolución 2797 del Consejo de Seguridad relativa al Sáhara Occidental, que reforzó la posición negociadora marroquí a nivel internacional y reavivó los temores españoles de perder el control sobre estos recursos.

En este clima de tensión, España adoptó una serie de decisiones anteriores a julio de 2026: una regularización extraordinaria y colectiva de la situación de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular demandada hace años por el movimiento migrante y antirracista, la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a Argelia, que normalizó las relaciones bilaterales tras años de tensión, después de que España hubiera cambiado su postura en 2023 para apoyar el plan de autonomía marroquí en el Sáhara Occidental, Y la ratificación por el Parlamento español de una ley destinada a conceder la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas bajo la administración española, cuyo número de posibles beneficiarios se estima entre 80.000 y 200.000 personas, y Cabe señalar también que las inversiones chinas en España pasaron de 249 millones de euros en 2024 a cerca de 643 millones de euros en 2025, un dato que se menciona como factor adicional en los cálculos de las grandes potencias en torno a la región, junto con el hecho de que Argelia es el principal proveedor de gas de España.

En este mismo contexto, coincidiendo con la Fiesta del Trono del Reino de Marruecos, se produjo los días 30 y 31 de julio de 2026 un episodio extraordinario de llegada de entre 50.000 y 70.000 personas. mayoría marroquíes, junto con una minoría procedente de países del Sudan, Yemen, la República de las Comoras, Togo, Níger, Camerún, Etiopía, Egipto, República Centroafricana, Somalia, Palestina, Chad, Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil, Malí, Eritrea, Sudán del Sur, Siria, Benín… hacia Ceuta, que dejó más de 120 muertos, la mayoría jóvenes y menores marroquíes.

El incidente estuvo precedido por publicaciones en Facebook y otras plataformas, cuyo origen sigue siendo oficialmente desconocido, que incitaron específicamente a los marroquíes, y no a otras nacionalidades, a dirigirse hacia Ceuta, afirmando falsamente que la frontera estaba abierta.

A diferencia de la indulgencia observada en el caso de Ceuta, se registró una intervención violenta por parte de las autoridades marroquíes en la zona fronteriza de Beni Ansar-Melilla, lo que revela dos patrones diferentes de actuación en el marco de las negociaciones con la Unión Europea y España: el modelo de Melilla y el modelo de Ceuta.

Así que no estamos ante una “crisis migratoria”, las personas que migran no son la crisis, la crisis es política, y deriva de un régimen de fronteras que determina que vidas importan, quién puede desplazarse de manera segura y quien debe arriesgar su vida para hacerlo. Así que denunciamos también la islamofobia y el racismo antinegro que atraviesan este régimen de fronteras. La construcción racial y colonial del “moro-musulmán” como amenaza y la criminalización de las personas negras africanas que alimentan discursos de “invasión” y “peligrosidad” para preparar el terreno de la vulneración de todo derecho, persecución y el control.

En este comunicado se ha basado de decenas de testimonios directos de víctimas migrantes, entre ellxs solicitantes de asilo, menores y personas del colectivo LGBTIQ+. En su conjunto, estos testimonios documentan un patrón de violencia física y psicológica sistemática deliberada que exponemos a continuación:

Los testimonios recogidos entre personas queer revelan una violencia física de especial intensidad, agravada por el rechazo hacia su identidad de género. Varias describen haber recibido puñetazos, golpes con porras, en el rostro hasta la hinchazón del ojo, golpes posteriores con un objetos contundentes, patadas en el pecho y golpes en las manos hasta dejarlas amoratadas y ardiendo. Estas agresiones ocurren a menudo tras haber sido expulsadas de los centros de acogida, quedando obligadas a dormir en la calle sin ninguna protección; varias testimonian que el simple hecho de ser visiblemente queer las expone a una violencia redoblada en el espacio público, donde nadie se atreve a intervenir, y que no pueden, a diferencia de otras personas, refugiarse en ningún lugar sin volver a ser blanco de ataques.

La violencia más intensa se produce al amanecer (entre las 2:00 y las 4:30 de la madrugada), cuando se irrumpe repentinamente y sin previo aviso en los lugares donde duermen las personas. Por la noche, en general, llegan patrullas en coche entre gritos e insultos constantes. Durante el día la violencia es relativamente menos intensa, pero no desaparece (gritos, insultos, persecuciones); y la violencia se reanuda de inmediato en cuanto las víctimas se alejan de los voluntarios o periodistas que las acompañan.Se despierta a las personas dormidas con golpes directos de porra, o primero con una linterna y luego con la porra; se les patea con botas de combate pesadas; los lugares donde duermen son rodeados por un gran número de agentes; se ordena a las víctimas levantarse e irse de inmediato ("Fuera"), golpeando a quienes no obedecen; y se destruyen o dañan sus pertenencias (colchones, cartones, equipaje).

Los testimonios describen un patrón casi uniforme y deliberado: golpes en la cabeza con una intensidad relativamente menor en comparación con las piernas, que reciben golpes mucho más fuertes, lo que sugiere un patrón calculado para causar daño físico severo evitando lesiones mortales visibles de inmediato. A esto se suman golpes en el estómago, el vientre y la espalda (con marcas cutáneas evidentes), golpes directos en el rostro (puñetazos y patadas, incluidas lesiones alrededor de los ojos), golpes deliberados en la zona púbica y los genitales, y fracturas o lesiones en las manos y las muñecas hasta inutilizar su movimiento.En algunos casos se ha documentado a personas que no saben nadar y que fueron obligadas a entrar al agua bajo amenaza; las patrullas persiguen a quienes intentan huir nadando e intentan ahogarlos, según la descripción directa de un testigo; a la persona se la mantiene en el agua y luego se la saca para reanudar la golpiza mientras está completamente empapada; y se obliga a grupos enteros a entrar al agua para después pisotearlos mientras están tendidos en ella.

Personas de la población local rocían gas lacrimógeno directamente en los ojos como herramienta de tortura individual, a veces tras atraer a la víctima con el pretexto de "ofrecerle ayuda", huyendo de inmediato después de rociarlo.Los teléfonos móviles y los auriculares de repuesto son confiscados de manera sistemática, especialmente durante las redadas nocturnas, y el dinero en efectivo es sustraído directamente de los bolsillos bajo amenaza de golpes, distinguiendo algunos testigos entre este robo "oficial" y el robo de "ladrones callejeros" comunes como fuentes separadas.Los testimonios describen el diagnóstico de lesiones graves como "un simple espasmo muscular", sin un examen real; la negativa de clínicas y hospitales a tratar heridas infectadas; y gestos que rechazan la atención sin ninguna justificación médica clara.

Varios testigos señalan también el uso de agentes capaces de comunicarse en darija durante las intervenciones, una práctica que, según las personas entrevistadas, incrementaba la intimidación y el miedo al permitirles dirigirse directamente a ellas en su propia lengua y emplear ese conocimiento como parte de las amenazas, agresiones y torturas sufridas.

Las violencias documentadas a través de estos testimonios no pueden entenderse de forma aislada. Forman parte de un contexto más amplio de control y criminalización de las personas que intentaron cruzar la frontera y de quienes participaron en las movilizaciones posteriores.Esta crisis se extendió hasta alcanzar a jóvenes marroquíes con cargos relacionados con el mismo intento de cruce.

En la región de Fnideq-Tetuán, las autoridades detuvieron, la noche del cruce masivo, a nueve personas, entre ellas cinco menores, en el contexto de los disturbios que vivió la ciudad de Fnideq, donde los adultos fueron ingresados en la prisión local de Tetuán y los menores fueron trasladados al centro de protección de la infancia de Temara. La cifra aumentó rápidamente hasta alcanzar un total de 69 detenidos. Se juzgó a 30 de ellos con penas que oscilaron entre un año completo y dos meses de prisión efectiva, y se juzgó a otros 7 específicamente por el cargo de incitación, en medio de la denuncia de la sección de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tetuán sobre la gravedad de la ausencia de la defensa durante estos juicios, lo cual considera una violación flagrante de las garantías de un juicio justo.

En cuanto a los taxistas, en la fase de apelación fueron procesados con penas suspendidas y multas.En el contexto de los sucesos de Ceuta, fueron detenidas 69 personas, todas ellas procesadas en libertad. Los procedimientos judiciales se desarrollaron en ausencia de la defensa, lo que supone una grave vulneración de las garantías fundamentales de un juicio justo.En relación con las personas fallecidas, según una declaración de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el número de muertes durante la primera semana de los sucesos, son más de 11 cuerpos fueron recuperados en el lado marroquí y posteriormente entregados a sus familias para su entierro.Varias familias continúan reclamando los cuerpos de sus hijos. Según declaraciones de las autoridades españolas, Marruecos se negó a recibir algunos de los cuerpos, pese a que seis de ellos habían sido identificados mediante huellas dactilares y pruebas de ADN.

Paralelamente, en la región de Nador-Beni Ansar se produjo una ola de procesos judiciales contra personas detenidas en el contexto de los mismos sucesos. Algunas fueron condenadas a penas de entre cuatro y seis meses de prisión efectiva, además del pago de indemnizaciones colectivas que, en uno de los casos, ascendieron a 84.000 dirhams y fueron destinadas a la Dirección General de Seguridad Nacional.Entre las personas detenidas también había menores de edad. Algunos están siendo procesados ante el tribunal en procedimientos de carácter penal, cuyas audiencias continúan aplazándose debido a la ausencia de la defensa, en el contexto de la huelga de abogados. En la sesión del 10 de agosto de 2026, comparecieron 50 procesados repartidos en 13 expedientes, por cargos relacionados con insultos a funcionarios, uso de la violencia y daños a la propiedad.

Solo 11 detenidos fueron juzgados de forma presencial, mientras que el resto fue juzgado a distancia, entre ellos dos chicas detenidas. En sesiones posteriores ante el tribunal de primera instancia de Nador, el tribunal dictó sentencias de prisión efectiva y multas de 500 dirhams contra varios grupos. Las violaciones no se detuvieron en las detenciones y los juicios, pues incluyeron operaciones de devolución inmediata de cientos de jóvenes que lograron llegar a Melilla, donde fueron devueltos a través de puertas semi clandestinas situadas en medio de la valla fronteriza en la zona de «Barrio Chino», en circunstancias que suscitan interrogantes sobre el respeto de las garantías legales y de derechos humanos vinculadas a las operaciones de devolución. Posteriormente se llevaron a cabo operaciones de expulsión de cientos de jóvenes, que fueron trasladados por la fuerza a zonas remotas y dispersas, justo antes de llegar a las ciudades (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt...), y fueron abandonados allí en pleno verano, en medio de las altas temperaturas y sin proporcionarles las condiciones necesarias de protección y asistencia…

Esta violencia no ha impedido que las personas migrantes hayan desarrollado formas de organización y resistencia. La resistencia empieza en el movimiento, en la decisión de abandonar el lugar que les ha sido asignado, a pesar de las fronteras y de los dispositivos destinados a impedirlo.

Hemos presenciado formas de resistencia en las prácticas cotidianas de supervivencia: compartir información sobre las rutas; socorrer o cuidar a una persona herida; compartir alimentos o medicamentos; traducir; proteger las pertenencias de otras personas; organizar turnos para dormir, para así, mantenerse a salvo; transmitir experiencias y consejos a otras personas; memorizar un número de teléfono o una información importante para que no se pierda si rompen sus teléfonos; o reconstruir las redes que han sido dispersadas por las redadas policiales y militares.

También en la creación de alianzas con personas; en la conservación de pruebas y la denuncia de las violencias sufridas; en la organización colectiva y la reclamación de derechos incluso cuando las instituciones bloquean o impiden su ejercicio; en el mantenimiento de redes de comunicación y apoyo a distancia; y en la construcción de formas de solidaridad y organización cotidiana que permiten sostener colectivamente la posibilidad de seguir resistiendo.

Exigimos:

• La apertura de una investigación internacional independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta y Melilla por parte española y marroquí, que incluya la toma de declaraciones directas a las víctimas y la realización de un examen médico independiente de las lesiones.

• La revelación inmediata y transparente de la identidad y el número de víctimas y desaparecidos, y que se facilite dicha información a sus familias, así como la entrega de los cuerpos de las personas identificadas a sus familiares para su entierro y para permitirles el duelo con dignidad.

• El cese inmediato de todas las formas de golpizas sistemáticas, de la obligación a las personas de entrar al mar, y de la confiscación de pertenencias personales, que llevan a cabo las autoridades públicas en Ceuta.

• Una protección especial e inmediata para las personas del colectivo LGBTIQ+ y para los menores, que incluya la asignación de centros de acogida específicos para ellos.

• Garantizar un juicio justo y el derecho a la defensa para todos los jóvenes detenidos en Tetuán y Nador, revisar las sentencias severas dictadas en ausencia de defensa, y liberar a los menores detenidos.

• Exigir responsabilidades por cualquier acuerdo o tensión diplomática entre Rabat y Madrid que instrumentalice a los seres humanos como herramienta de presión política.

• Que las instituciones europeas e internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, ACNUR, los Relatores Especiales de la ONU) ejerzan plenamente sus mandatos para exigir responsabilidades a España, Marruecos y la Unión Europea de acuerdo con sus respectivas actuaciones, competencias y responsabilidades políticas.

• Garantizar la continuidad del reparto de alimentos, agua y asistencia médica y psicológica a todas las personas que se encuentran en Ceuta.

• Una protección efectiva para los activistas, voluntarias, periodistas y la población local solidaria frente a amenazas y agresiones, y la apertura de una investigación sobre la filtración que afectó a sus datos personales.

• La apertura de una investigación independiente sobre el origen de las publicaciones de incitación que precedieron a los sucesos del 30 de julio, y exigir responsabilidades a las plataformas digitales que permitieron su difusión sin control.

• La apertura de las investigaciones judiciales necesarias contra todos los llamamientos y agresiones racistas emitidos por varias partes, de forma directa o indirecta, incluso en las redes sociales, contra las personas migrantes en Ceuta.

• La publicación de un informe público periódico con las cifras de fallecidos, heridos y detenidos, actualizado regularmente y verificable por partes independientes, en lugar de limitarse a datos dispersos y extraoficiales.

• Garantizar una protección efectiva de las mujeres, especialmente las menores no acompañadas, y una investigación seria e independiente de todas las agresiones sexuales y violaciones cometidas en su contra, exigir responsabilidades a los implicados y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la protección y la atención sanitaria, psicológica y social, junto con mecanismos seguros para denunciar las violaciones.