Frontex, una agencia europea fuera de control

Mientras que durante años se ignoraron las críticas de las ONG, Frontex está ahora en el punto de mira. Desde su entrada en funcionamiento en 2005, la agencia europea de guardia de fronteras y guardacostas ha desempeñado un papel cada vez más importante en la implementación de la política migratoria securitaria de la Unión europea (UE). Avalada desde hace tiempo por las instituciones europeas, que en los últimos 15 años no han dejado de aumentar sus competencias en materia de controles y expulsiones de migrantes, así como su presupuesto (de 5 a 543 millones de euros), a partir de 2020 es cuestionada públicamente por primera vez sobre sus actividades y su funcionamiento interno (Comisión y Parlamento europeos, Defensor del Pueblo de la UE, OLAF), y en parte abandonada por sus partidarios.

La agencia ha sido acusada de repetidas violaciones de derechos, en particular devoluciones en las fronteras europeas (ONG y medios de comunicación internacionales), incumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, disfunciones internas e incluso ineficacia (Tribunal de Cuentas europeo).

Mientras que los medios de comunicaciones se han hecho eco de los defensores de los derechos humanos, que denuncian desde hace más de 10 años que el mandato de Frontex vulnera los derechos fundamentales de las personas exiliadas, su opacidad, su autonomía sin control y su impunidad estructural, su evolución nefasta ha sido criticada incluso dentro de sus propias filas: el ex director adjunto de la agencia se declaró “profundamente preocupado por el daño a la reputación de la agencia, su decisión de armar a los agentes y su incapacidad para impedir que la extrema derecha se infiltre en sus filas, en un contexto de movimientos anti-migrantes en toda Europa”.

Los últimos años han demostrado ampliamente la peligrosidad de esta agencia fuera de control y fuera de la ley, emblema de la política europea de ultra-securitización de las fronteras y de la guerra contra lxs migrantes. Frontex no puede reformarse, y solo su abolición podría dar paso a una nueva era en la que el apego a los derechos fundamentales sea algo más que un recurso retórico.

Colaboradorxs de este boletín : Diletta Agresta (ASGI), Matteo Astuti (ASGI), Emmanuel Blanchard (Gisti), Brigitte Espuche (Migreurop), Lucia Gennari (ASGI), Jane Kilpatrick (Statewatch), Yasha Maccanico (Statewatch), Marie Martin (Migreurop), Claire Rodier (Gisti) y Anna Sibley (Migreurop).

Cartografia : Hugo Roche
Fotografia : Salvatore Cavalli/AGF Italie
Diseño gráfico : La Société