Posicionamiento de la red
Por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y por la libertad de circulación
Por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, en Europa y en todas partes.
2010
En los Estados miembros de la Unión Europea y en los países situados en sus fronteras (Libia, Marruecos, Turquía, Ucrania) incluso más allá (Mauritania, Líbano), los lugares de detención para extranjeros, cuyo número no ha dejado de aumentar desde finales del siglo 20, tienen por objetivo ocultar las prácticas contrarias a los compromisos internacionales que algunos de estos mismos estados han firmado (Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, etc. ). En Chipre, Grecia, Italia o Malta, los extranjeros son automáticamente detenidos, independientemente de su situación humanitaria y / o jurídica, incluidos los que son rescatados o interceptados en el mar después de largos viajes.
De cualquier manera que se les llame, [1] los centros de retención de extranjeros se han convertido en un instrumento privilegiado para la gestión de las migraciones. Se detiene a personas que no han sido juzgadas ni condenadas, en condiciones carcelarias, llegando a veces a su encierro en celdas, por el único motivo de no haber respetado las normas relativas al cruce de fronteras y la estancia, a pesar de que estas normas pueden ser contrarias al derecho internacional, por ejemplo en el ámbito de la protección a los refugiados. En algunos lugares, el maltrato y la violencia física o psicológica son algo cotidiano. Los frecuentes incidentes (revueltas, huelgas de hambre, incendios), a veces dramáticos (suicidios, muertes), ponen de relieve la inadecuación del sistema de encierro a las personas a quienes se aplica.
La proliferación de centros de internamiento va unida al aumento de la duración de la detención [2], que a menudo supera el tiempo necesario para llevar a cabo las expulsiones. Detrás de los objetivos oficialmente buscados (racionalizar la gestión de las migraciones), la institucionalización de la detención de migrantes está dirigida a mantener una política de disuasión, y a criminalizar a quienes se designa como indeseables. Esta política, contraria a los principios democráticos, tiene un coste exorbitante: no sólo en el plano humano, sino también porque los medios administrativos y policiales movilizados superan sin duda varios miles de millones de euros sólo para los países de la Unión Europea. [3]
Desde 2002, la red Migreurop se ha implicado en la documentación y denuncia de las consecuencias de las políticas migratorias de la UE, en particular la detención de los migrantes. [4] Desde 2004, sus miembros hicieron un llamamiento Contra la creación de centros de internamiento en las fronteras de Europa [5]. Mientras tanto, los informes se han acumulado, elaborados por organismos de la ONU, el CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura), el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, misiones parlamentarias, organizaciones internacionales u organizaciones no gubernamentales. Todas las encuestas y observaciones de campo llevan a la conclusión de que la detención administrativa de extranjeros supone en sí, una violación de los derechos fundamentales: en primer lugar, la libertad de circulación, pero también el derecho de asilo, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, o incluso los derechos específicos que tienen las personas vulnerables, en particular los niños. Un estudio encargado por el Parlamento Europeo en 2007, muestra que «el confinamiento en centros de detención conduce a la creación o exacerbación de los problemas psicológicos de los extranjeros detenidos, [trastornos] que pueden revelarse dramáticos cuando se trata de menores". [6]
A menudo, el encierro escapa a cualquier control judicial efectivo, cuando están en juego libertades individuales.
El encierro masivo de migrantes, tal como se lleva a cabo en el contexto de la política europea en materia de asilo e inmigración, se revela inútil en relación a los objetivos de «control de flujos migratorios" que supuestamente le son asignados. No es apropiado para detener un fenómeno -la inmigración llamada "irregular"- que es inútil abordar desde un enfoque securitario. Participando de la estigmatización del migrante como culpable, y promoviendo la idea de que ejercer su derecho a viajar es un delito, está en el origen de violaciones frecuentes de los derechos humanos, y alimenta el racismo y la xenofobia.
Migreurop pide a los gobiernos de los Estados miembros de la UE y los países situados en sus fronteras el cese de la utilización de la detención como práctica de control migratorio, y llama a la opinión pública a rechazar todas las lógicas de encierro de extranjeros.
Llamamiento solemne por la libertad de circulación
2013
Desde su creación, la red Migreurop evidencia los efectos nefastos de la política de gestión de fronteras de la Unión Europea [7]. La visión securitaria de las políticas migratorias, que se traduce por una creciente militarización de la Europa fortaleza, la multiplicación de las intercepciones marítimas, e incluso el bloqueo de las posibilidades de migración legal (que se traduce en obstáculos a la concesión de visados) es denunciado regularmente [8]. Migreurop señala la multiplicación de controles, que recurren a métodos sofisticados y caros, como dan fe la construcción de nuevos muros y la creación y reforzamiento de la agencia Frontex –auténtico brazo armado de la Unión Europea.
A su vez, Migreurop denuncia el proceso de externalización del control migratorio que obliga a los países no miembros de la UE a readmitir a toda persona expulsada de los países europeos que haya transitado por su territorio y a reforzar el control y la represión para impedir la salida y el tránsito de migrantes. Es así como se multiplican los acuerdos de readmisión, que buscan facilitar las expulsiones y constituyen una de las armas para impedir la movilidad de migrantes más allá de las fronteras europeas [9]. La UE no duda en instrumentalizar la Ayuda Pública al Desarrollo para presionar a los Estados de tránsito y de origen para que acepten tales acuerdos. Por estos dispositivos, Europa se desentiende de su obligación de proteger a las personas que buscan asilo e ignora las violaciones de derechos humanos que ocasiona.
En 2010, Migreurop se posicionó por el cierre de los centros de detención de extranjeros, instrumentos privilegiados de gestión de las poblaciones migrantes [10]. Las personas migrantes, detenidas o no, son consideradas como criminales y declaradas en situación ilegal, por el único motivo de que no habrían respetado las reglas impuestas para el paso de las fronteras y el permiso de residencia. La transgresión de estas reglas –pese a ser contrarias en ocasiones al derecho internacional- sirve para justificar políticas cada vez más firmes de restricción de circulación, cuyas espantosas consecuencias nadie puede ignorar: desde 1990, más de 20.000 personas han muerto o desaparecido intentando alcanzar Europa.
Por medio de estos combates realizados por Migreurop se han puesto en evidencia los perjuicios de las trabas a la libertad de circulación de personas. Sin embargo, esta libertad existe para una parte de ciudadanos del mundo que, por el azar del lugar de nacimiento, tienen un pasaporte u obtienen sin dificultad los visados que permiten franquear fácilmente las fronteras. Aceptar que otros sean privados de ello supone admitir la existencia de un mundo a dos velocidades, portador de discriminaciones basadas en una relación de dominación político-económica de los países llamados industrializados sobre los demás. Supone igualmente ignorar la existencia de derechos fundamentales, como el derecho a emigrar, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, o el principio de non refoulement consagrado por la convención de Ginebra de 1951.
Reivindicar, en nombre del principio de igualdad, la libertad de desplazarse e instalarse para todas las personas, constituye un corolario indispensable de la defensa de derechos de las personas migrantes. Es por ello, como prolongación de sus actividades y de sus combates, que Migreurop demanda la puesta en práctica efectiva de la libertad de circulación, herramienta de cambio social al servicio de un modelo de sociedad más justa y equitativa.