Carta Política de Migreurop

Nuestros fundamentos

La red Migreurop, nacida en el Foro Social Europeo de Florencia (Italia) en 2002 y constituida oficialmente como asociación en 2005, está compuesta por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por personas militantes e investigadoras procedentes de 18 países de Europa, África subsahariana, el Magreb y Oriente Próximo. La red afirma su voluntad de actuar colectivamente y coordinar sus esfuerzos para defender los derechos de las personas exiliadas y promover la libertad de circulación y de instalación. Estos objetivos implican:

• El fin de los obstáculos a la movilidad, de la militarización de las fronteras, de la detención administrativa formal e informal, de las distintas formas de expulsión, así como de la externalización del control fronterizo y del asilo.
• El respeto del derecho a la movilidad y a la libre circulación, considerando que el derecho a migrar forma parte de los derechos económicos, sociales y políticos. Rechazamos así el modelo utilitarista que subordina las migraciones a modos de producción capitalistas y poscoloniales, reduciendo a las personas a su mera fuerza de trabajo.

Lejos de centrarnos únicamente en las políticas institucionales y en sus efectos, otorgamos una importancia central a la manera en que las propias personas directamente afectadas contornean, afrontan y transgreden cotidianamente las políticas migratorias desiguales y ejercen su derecho a la movilidad.

Nuestro enfoque

La red pone en sinergia el trabajo de actores del Norte y del Sur con el fin de construir una visión y un análisis compartidos de estos procesos, en particular en lo que respecta a las dimensiones de externalización de las políticas de gestión de los movimientos migratorios, el encierro de las personas exiliadas y el refuerzo de la securitización de las fronteras.

Articulamos nuestro trabajo en torno a tres ejes:

• Documentar: Migreurop recopila y sistematiza información de terreno sobre las condiciones de vida de las personas en migración, su (no) acceso a derechos y las violencias sufridas a lo largo de los recorridos de exilio. La red también documenta la elaboración, la evolución y la aplicación de las políticas migratorias en Europa y más allá (en África y en Oriente Medio).
• Descifrar: Migreurop pone en relación esta información recopilada gracias al trabajo conjunto de sus miembros individuales y asociativos, investigadoras/es y militantes. Migreurop produce análisis compartidos y multidisciplinarios sobre las consecuencias de las políticas migratorias en la vida de las personas exiliadas y en las sociedades en las que vivimos, a escala regional y desde una perspectiva histórica. Posteriormente, la red da forma a estos análisis mediante la elaboración de diversas herramientas de desciframiento (boletines de análisis breves, textos de posicionamiento, atlas y cartografías críticas, informes de observación o de misión, así como pódcasts o vídeos).
• Denunciar: A partir de estos análisis documentados, Migreurop denuncia las políticas migratorias europeas (incluidas las que son externalizadas) hostiles a las personas exiliadas, nombrando claramente la realidad multiforme y mortífera de los obstáculos a la movilidad, como el cierre de fronteras, el encampamiento de las personas exiliadas, la guerra contra las personas migrantes o el apartheid de las movilidades. La red alimenta y apoya a las organizaciones de las sociedades civiles euroafricanas y las movilizaciones de las personas exiliadas, de sus miembros y de sus organizaciones aliadas, mediante el intercambio y la difusión de herramientas, actividades de fortalecimiento de capacidades de sus miembros y acciones de sensibilización dirigidas al público en general.

Nuestros posicionamientos fundamentales

• Poner fin al encierro de las personas extranjeras, a la represión, al racismo y a las violencias de las políticas migratorias en el Norte y en el Sur:  

Véase la declaración de posicionamiento: "Por el cierre de los campos de personas extranjeras, en Europa y más allá" (2010)

A partir de los años noventa, se inaugura una nueva etapa en las políticas migratorias en Europa: la imposibilidad creciente de acceder de forma legal y segura al espacio Schengen. La Unión Europea (UE) entra entonces en una nueva era de control de sus fronteras, marcada por la destrucción, para algunas personas, de los derechos a circular y de las posibilidades de instalación, con la instauración de la obligación de visados y de sanciones contra las compañías que transportan a personas desprovistas de los documentos de viaje exigidos.

El endurecimiento de las condiciones de acceso al territorio europeo se ha materializado en las fronteras y fuera de ellas mediante el encierro en lugares de privación administrativa de libertad —con condiciones cada vez más carcelarias— y otras lógicas de exclusión, selección y encampamiento. Los dispositivos tecnológicos y las prácticas de vigilancia y control migratorio en las fronteras exteriores han hecho emerger un verdadero mercado de la seguridad, al tiempo que han puesto de relieve la paradoja de unas políticas humanitario-militares cada vez más mortíferas, así como la hipocresía de las llamadas políticas de «acogida».

Desde su puesta en funcionamiento en 2005, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha desempeñado un papel cada vez más importante en la aplicación de la política migratoria ultra-securitaria de la Unión Europea. Respaldada por las instituciones europeas, que desde hace veinte años no han dejado de reforzar sus competencias en materia de control y expulsiones, así como su presupuesto y su equipamiento militar, la agencia es sin embargo acusada de violaciones reiteradas de derechos y, en particular, de complicidad y/o complacencia en casos de devoluciones en las fronteras europeas.

Desde los años 2000, se han firmado acuerdos asimétricos con países terceros de «origen» y de «tránsito» para facilitar la expulsión de personas extranjeras ilegalizadas en Europa, a través de múltiples marcos de negociación y de manera cada vez más informal. La ayuda pública al desarrollo se desvía así de sus objetivos iniciales —como la lucha contra la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible— y se convierte en moneda de cambio del control migratorio deslocalizado en África y en otras regiones, mientras los llamados Estados terceros tratan de sacar provecho de las oportunidades que ofrecen estas negociaciones.

Durante los últimos veinte años, la externalización creciente de las fronteras europeas ha generalizado prácticas diversas: vigilancia marítima, campañas de información y disuasión de la inmigración, encierro, delegación de responsabilidades en materia de asilo, securitización de las prácticas humanitarias, formación de guardias fronterizos, alineamiento de las legislaciones de los países externos a la UE con las de los Estados miembros, etc. La externalización se ha visto facilitada por la emergencia de una gobernanza mundial de las migraciones bajo el impulso de organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que participan de manera cómplice en la instauración de un régimen fronterizo desigual vinculado al modelo de economía neoliberal y capitalista.

Como consecuencia de la externalización de las políticas migratorias europeas represivas, de la gobernanza migratoria mundial y de la ambivalencia de los Estados de salida, el racismo y la xenofobia dirigidos contra las personas migrantes racializadas «legitiman» a las autoridades de los países de tránsito y de llegada para llevar a cabo, con total impunidad, campañas de devoluciones y expulsiones masivas, empujando a estas personas cada vez más lejos y hacia rutas más peligrosas.

En Europa y en África, la asociación frecuente entre las personas migrantes y las redes transnacionales del crimen en los discursos políticos y mediáticos contribuye a crear una confusión entre inmigración y criminalidad. La criminalización de los «pasadores», así como de las prácticas de facilitación, asistencia o ayuda mutua en contextos migratorios, se intensifica. La adopción de leyes «contra el tráfico de migrantes» incrementa en realidad las situaciones de precariedad para las personas extranjeras, al exponerlas al encarcelamiento y a nuevas formas de abuso, al tiempo que contribuye a la proliferación de un negocio de las fronteras. En los últimos años, en el Magreb y en África Occidental, las violaciones de los derechos humanos y de la solidaridad se multiplican, con la detención de militantes de la sociedad civil bajo cargos especialmente graves, exponiéndolos a penas de prisión e incluso a la pena de muerte.

Pero la violencia de las políticas migratorias no se limita a causar la muerte. Se prolonga después del fallecimiento, en la negación del valor de las vidas de las personas migrantes, en la relegación a los márgenes de sus cuerpos y de su memoria. Como víctimas directas del control fronterizo, estas personas fallecidas impulsan luchas memoriales colectivas ante la ausencia de investigaciones institucionales, para reconstruir las circunstancias de las muertes, localizar y repatriar los cuerpos, y apoyar a las familias de las personas fallecidas en sus luchas por la verdad y la dignidad.

• Promover la libertad de circulación como alternativa a las políticas migratorias mortíferas

Véase la declaración de posicionamiento:"Llamamiento solemne por la libertad de circulación" (2013)

En el contexto europeo descrito anteriormente, la idea de libre circulación dentro del espacio Schengen es más una expresión fácil de usar que una realidad concreta: excluye a los ciudadanos más precarios y a las personas “inactivas”, a ciertxs trabajadores, a las comunidades estigmatizadas, así como a los nacionales de Estados terceros y a sus familias, sujetos a controles fronterizos basados en el perfil racial.

Desde hace aproximadamente 15 años, el tema de la libertad de circulación e instalación de las personas extranjeras se ha convertido progresivamente en un asunto de análisis dentro de la red Migreurop, a raíz de los movimientos de las personas denominadas “sin papeles” y frente al callejón sin salida de las regularizaciones “caso por caso”. Este tema también se ha impuesto frente a la normalización progresiva de la violencia en las fronteras, utilizada como estrategia de disuasión. Asimismo, se ha afirmado como reacción al carácter ilusorio del enfoque del “triple beneficio” en el núcleo del Pacto Mundial para la Migración (2018), según el cual las migraciones internacionales podrían beneficiar a todas las partes —países de origen, receptores y las propias personas migrantes. Sin embargo, el Pacto —instrumento no jurídicamente vinculante— presenta objetivos contradictorios al promover simultáneamente las migraciones laborales temporales, circulares y flexibles (a menudo favorecidas por los Estados receptores), mientras pretende garantizar la reunificación familiar, cuando la movilidad estacional tiende estratégicamente a excluir a las familias de sus derechos de instalación. En el lenguaje internacional, “facilitar” la movilidad también hace referencia a otra práctica contra la cual la red se opone firmemente: la expulsión de personas en situación administrativa irregular, que ocurre para muchxs trabajadores tras la expiración de su permiso de residencia temporal.

Desde la crisis de acogida de 2015 en la Unión Europea —que no fue otra cosa que una crisis de sus propias políticas de inmigración y asilo—, las medidas adoptadas responden a una estrategia de instrumentalización de la cuestión migratoria, desplegada por las autoridades europeas para promover el refuerzo de las capacidades de actuación de las agencias de la UE (Frontex, Europol, pero también la Agencia Europea de Asilo - EUAA, antigua EASO) y continuar vulnerando los derechos fundamentales de las personas, tanto en su territorio como en las regiones afectadas por su política de externalización de fronteras. Desde su creación, la red ha definido la política que llevan a cabo las autoridades europeas y sus socios como una “guerra contra las personas migrantes”, debido a la hostilidad bélica y al registro macabro de muertes causadas por políticas migratorias liberticidas. Por ello, se hace evidente la necesidad de repensar los imaginarios colectivos.

Defender la libertad de circulación nos permite salir del engranaje del endurecimiento de la orientación represiva en la gestión de las cuestiones migratorias, observable en todos los países donde la red está activa. Esta lucha nos brinda la oportunidad de cambiar el debate, rechazando alinearnos con los términos impuestos por nuestros adversarios políticos. Rechazamos toda lógica de selección de personas que podríamos “acoger” y nos negamos a debatir criterios que condicionen esa selección.

En todo el mundo, algunas personas disfrutan del derecho a acoger, partir, llegar, instalarse o volver a salir, liberándose de dominaciones estatales, económicas, coloniales, raciales o sexuales. Ellos y ellas experimentan la libertad de circulación en acción.

Nuestro compromiso con la libertad de circulación e instalación para todas las personas se basa en una constatación fundamental: esta libertad tiene una doble naturaleza. Para algunas personas sigue siendo un ideal por alcanzar, pero para otras ya constituye una realidad concreta. Esta dualidad nos lleva a considerar esta libertad no como una utopía, sino como un medio y un objetivo alcanzable, porque ya existe parcialmente.

Sin embargo, esta libertad solo tiene sentido y es deseable si se basa en una estricta igualdad de trato entre personas extranjeras y nacionales. Implica, por tanto, una lucha colectiva decidida contra todas las formas de discriminación y racismo. La universalidad del derecho a la libre circulación e instalación no es negociable.