Túnez no es un país de origen seguro ni tampoco un lugar seguro para las personas rescatadas en el mar
Declaración conjunta de organizaciones civiles de búsqueda y rescate y de redes de solidaridad con personas migrantes
Ante la actual evolución [1] autoritaria del Estado tunecino y de la extrema violencia y persecución hacia la población negra de Túnez, las personas en movimiento, la oposición política y miembros de la sociedad civil, nosotras, las organizaciones abajo firmantes emitimos esta declaración para recordar que Túnez no es ni un país de origen seguro, ni país tercero seguro y que, por tanto, no puede considerarse un lugar seguro para las personas rescatadas en el mar. Instamos a las autoridades de la Unión Europea y a sus Estados miembros a que retiren sus acuerdos de control migratorio con las autoridades tunecinas y expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas.
Ataques racistas contra la población negra y represión de la sociedad civil tunecina
En los últimos meses se ha intensificado [2] la represión contra opositores políticos, sociedad civil y minorías en Túnez. Varias organizaciones tunecinas e internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por "el menoscabo de la independencia judicial, las detenciones de personas críticas y opositores políticos, los juicios militares de civiles y la actual represión de la libertad de expresión y las amenazas a la sociedad civil" [3].
Paralelamente, catalizado por el discurso racista y discriminatorio contra las personas migrantes del África subsahariana pronunciado por el presidente tunecino Kais Saied el 21 de febrero, el racismo antinegro ya existente en Túnez se ha recrudecido, lo que ha empeorado la situación, especialmente para aquellas procedentes de países de África Central y Occidental [4]. Numerosos miembros de la diáspora africana en Sfax, Susa y la capital, Túnez, fueron objeto de actos de violencia, se encontraron sin techo ni comida y privados de su derecho a la salud y al transporte [5]. Las personas africanas negras no sólo sufren los atropellos de turbas armadas, sino también de la violencia institucional [6]. Son objeto de controles por motivos raciales, detenciones y encarcelamientos arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad. Algunas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada. Desde hace aproximadamente un mes, unas 250 personas que se quedaron sin hogar, entre ellas niñas y niños, han organizado una sentada frente a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), exigiendo su evacuación inmediata, ya que sus vidas corren peligro [7]. El 11 de abril de 2023, la protesta fue desalojada violentamente por las fuerzas de seguridad, que atacaron a la multitud con gases lacrimógenos para dispersarla, causándoles heridas graves. Unas 80 personas fueron detenidas, y algunas denunciaron torturas y malos tratos [8].
Estos acontecimientos se producen en un momento en que la situación socioeconómica de Túnez empeora continuamente: la tasa de desempleo es del 15% y la de inflación del 10%. El país carece de productos básicos y, debido a las sequías, en estos momentos se restringe el uso del agua.
Túnez no es un lugar seguro.
Numerosos elementos han sido ya de por sí suficientes para impugnar que Túnez sea un país seguro para sus propios nacionales, afirmando que no es un país de origen seguro [9]. Sin embargo, destacamos el aumento de las expulsiones de ciudadanos tunecinos de Italia que no tienen acceso a la protección internacional [10]. Tras los últimos acontecimientos parece aún más urgente afirmar que la situación es extremadamente grave y peligrosa para la población negra, y personas extranjeras, por lo que también la seguridad de Túnez como país tercero parece profundamente comprometida.
Este conglomerado hace vulnerables a las personas migrantes negras y a las voces críticas. No están seguras en Túnez, lo que les lleva a buscar una salida de un país cada vez más peligroso para ellas. En consecuencia, es imposible desembarcar en Túnez a las personas rescatadas en el mar que intentan huir del país. Según el Convenio de Búsqueda y Salvamento (SAR), un rescate se define como "una operación destinada a recuperar a personas en peligro, atender sus primeras necesidades médicas o de otro tipo y llevarlas a un lugar seguro" [11] En la resolución MSC 167(78) de la Organización Marítima Internacional, un lugar seguro se define además como "un lugar donde la seguridad de la vida de las personas supervivientes ya no está amenazada y donde pueden satisfacerse sus necesidades humanas básicas (como alimentos, refugio y necesidades médicas)" [12].
Túnez carece de un sistema nacional de asilo, por lo que las personas rescatadas en el mar, tunecinas y no tunecinas, corren un alto riesgo de ser objeto de violaciones de derechos humanos, detención [13] y devoluciones violentas [14].
El desembarco de las personas náufragas y rescatadas en el mar en Túnez viola los derechos humanos internacionales y el derecho marítimo.
Acabar con la complicidad de Europa en las muertes en las fronteras
Desde hace más de una década, la UE y sus Estados miembros prestan apoyo político, financiación y equipamiento al Estado tunecino para que éste se encargue de controlar sus fronteras y contener la migración hacia Europa [15]. El objetivo es claro: que nadie llegue a Europa, cueste lo que cueste.
Para ello cuentan con varios acuerdos para la "gestión conjunta de la migración", el control de fronteras y la repatriación de ciudadanos. Entre 2016 y 2020, más de 37 millones del Fondo Fiduciario de la UE para África fueron concedidos a Túnez para la "gestión de los flujos migratorios y de las fronteras" [16]. Más millones serán desbloqueados próximamente. Además, la UE apoya a través de "la formación de la policía, el suministro de equipos para la recopilación y gestión de datos, el apoyo técnico, el equipamiento y mantenimiento de embarcaciones para el patrullaje costero y otras herramientas para el seguimiento y control de los movimientos." [17] No se vislumbra un cambio en las políticas europeas. En noviembre de 2022, en su reciente Plan de Acción para el Mediterráneo Central, la Comisión Europea mencionó su objetivo de "reforzar las capacidades de Túnez [...] para prevenir las salidas irregulares [y] apoyar una gestión más eficaz de las fronteras y la migración" [18].
De este modo, la UE también apoya a un actor tunecino cuyas violaciones de los derechos humanos contra las personas en movimiento están bien documentadas: la Guardia Costera tunecina. El número de interceptaciones y devoluciones de la Guardia Costera tunecina a Túnez ha aumentado enormemente en los últimos años. Sólo en el primer trimestre de 2023, se impidió salir de Túnez por mar a 14.963 personas, que fueron remolcadas violentamente contra su voluntad en nombre de la UE [19]. Ya en diciembre de 2022, más de cincuenta asociaciones denunciaron la violencia de los guardacostas tunecinos: "Golpes con palos, disparos al aire o en dirección al motor, ataques con cuchillo, maniobras peligrosas para intentar hundir las embarcaciones, exigencia de dinero a cambio del rescate..." [20]. Estos ataques se han acelerado en los últimos meses y se han dirigido tanto contra las personas migrantes tunecinas como no tunecinas [21]. Además, recientemente se ha documentado que los guardacostas tunecinos roban los motores de las embarcaciones que intentan escapar del país, dejando a las personas a bordo a la deriva, lo que ha provocado muertes [22].
Las organizaciones abajo firmantes recuerdan que Túnez no es un supuesto país de origen seguro para los ciudadanos tunecinos. Además, no es un lugar seguro para las personas procedentes del África subsahariana, tunecinas y otras personas extranjeras que huyen del país. Exigimos a las autoridades de la Unión Europea y a sus Estados miembros que pongan fin a su cooperación y a su apoyo financiero y técnico a la Guardia Costera tunecina y al control migratorio de Túnez y que proporcionen un paso seguro para todas.
© Nissim Gasteli