¡No basta con cambiar de director, hay que suprimir Frontex!

¡La UE y sus Estados miembros deben sancionar las prácticas ilegales de Frontex y acabar con la impunidad!

El 29 de abril de 2022, el director ejecutivo de la Agencia Europea de Guardacostas y Fronteras Frontex, Fabrice Leggeri (en el cargo desde 2015), presentó su dimisión.

Desde octubre de 2020 [1], Frontex ha recibido numerosas acusaciones de complacencia o complicidad en operaciones de devolución en el mar Egeo y en Europa del Este, pero también de graves disfunciones y mala gobernanza. Tanto es así, que las instituciones europeas (Parlamento Europeo, Defensora del Pueblo Europeo, Tribunal de Cuentas de la UE, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude OLAF) han llevado a cabo numerosas investigaciones. Además, el 4 de mayo de 2022, el Parlamento Europeo bloqueó la aprobación de la gestión presupuestaria de Frontex para el año 2020, un signo evidente de desconfianza [2]. Las conclusiones del informe de la OLAF [3] y las últimas noticias de devoluciones maquilladas bajo el nombre de "prevenciones de salidas" en el mar Egeo en los informes de Frontex [4], sin duda aceleraron la caída de su director, que hasta ahora parecía intocable.

Pero Leggeri no fue despedido, renunció. No porque asuma su responsabilidad en las violaciones de derechos cometidas o cubiertas por Frontex en las fronteras [5] que ya han sido demostradas, sino porque el papel de la agencia está tomando una dirección que no aprueba. Su mandato y la visión política de las instituciones se hubieran visto “silenciosamente pero efectivamente modificados” durante los dos últimos años y, según él, existe una contradicción manifiesta entre el mandato de control y de protección de las fronteras europeas que le fue confiado en 2015 y el respeto de los derechos de las personas que intentan cruzar estas fronteras, ya que ambas no son compatibles. Por lo tanto, renuncia porque "no puede quedarse para implementar lo que no es el mandato de la Agencia" [6]. En su comunicado del 29 de abril, el Consejo de Administración de Frontex eliminó cualquier dilema afirmando, por el contrario, “que un control eficaz de las fronteras y la protección de los derechos fundamentales son plenamente compatibles”. Algo que la sociedad civil niega, con documentos que lo apoyan, desde hace más de diez años [7].

Y, de hecho, con Leggeri fuera, nada cambia. Ni la incompatibilidad efectiva del mandato y de las actividades de Frontex con el respeto de los derechos fundamentales, ni la impunidad estructural de la que goza. Porque no se trata de la responsabilidad de un (solo) hombre, sino de un sistema a escala europea que ha permitido desde hace décadas la multiplicación con total impunidad de las vulneraciones de los derechos de las personas exiliadas en las fronteras marítimas y terrestres de Europa.
Porque el mandato de Frontex y sus actividades, así como la política de seguridad y mortífera de lucha contra la inmigración de la Unión, permanecen. Frontex seguirá “securitizando” las fronteras europeas, con violencia y en desprecio de los derechos y de la vida de las personas [8], Migreurop, 2011, llevando a cabo vuelos colectivos de expulsión [9], obstaculizando el derecho de asilo, avisando a los pseudo guardacostas libios (a los que forma por otra parte) para que vinieran a interceptar los barcos de exiliados antes de que cruzaran las aguas territoriales europeas [10], y seguirá erigiendo a las personas que anhelan llegar al territorio europeo con “amenazas” de las que habría que protegerse.
En resumen, Frontex seguirá obstaculizando la movilidad - en violación del derecho internacional [11] - y obligando a las personas a transitar por vías peligrosas y mortales, pues tal es su mandato, sea cual sea el nombre de su director.

Y mientras que la sociedad civil no ha cesado desde hace una década de documentar y denunciar estas derivas, Frontex nunca ha sido sancionada por sus actos que atentan contra los derechos. En 2014, Migreurop ya mencionaba las devoluciones entre Grecia y Turquía, en el marco de la operación Poseidón de Frontex, que fueron comunicadas a la encargada de los derechos fundamentales de la agencia, sin que se adoptaran medidas [12]. En diciembre de 2020, su director ya había admitido ante el Parlamento Europeo que la agencia estaba llevando a cabo "operaciones de prevención de salidas", que equivalen a devoluciones [13]. A pesar de ello, nunca se ha tomado ninguna decisión oficial para poner fin a las operaciones de la agencia en esa zona, ninguno de sus agentes ha sido imputado y no se ha puesto fin a las responsabilidades de su director, que nunca ha sido sancionado y que ha dimitido.
Cuando las acusaciones ya no se pueden disimular y las prácticas ilegales de la agencia Frontex ya no se pueden ignorar ni cuestionar, la única consecuencia parecería ser la dimisión (y no el despido) de un director que, además, no será objeto de ninguna sanción disciplinaria o judicial. Frente a la acumulación de pruebas, cuando las instituciones de control democrático ya no pueden callar, solo son capaces de producir cambios cosméticos.

Frontex se ha visto reforzada con cada revisión del mandato (2011, 2016, 2019) a pesar de los “informes de incidentes” internos, los informes de las ONG y las investigaciones mediáticas y es cada vez más reacia a rendir cuentas, tanto a las instituciones como a los ciudadanos [14]. Sea quien sea su director, la agencia ha demostrado, en demasiadas ocasiones, que puede liberarse con toda impunidad del derecho europeo para satisfacer una política securitaria de lucha contra la inmigración, que ha demostrado no respetar los derechos.
Al aceptar el abandono voluntario de Leggeri, las instituciones europeas le hacen indirectamente responsable de las derivas de la agencia, una manera de silenciarlas y de no cuestionar los fundamentos de Frontex, mientras afirma que está tomando las riendas y “saneando” una entidad “dañada”. Pero las bases sobre las que se apoya Frontex no han cambiado ni un ápice y Frontex es irrecuperable.

Sustituir al director no modificará el mandato ni las actividades de Frontex. Ya no se trata de introducir cambios cosméticos, sino de suprimir de una vez por todas la agencia Frontex para poner fin a las vulneraciones de derechos en las fronteras, perpetradas impunemente en nombre de su protección.