Redada de migrantes y refugiados en Marruecos en cumplimiento de los acuerdos con la UE

En la madrugada del 23 de diciembre de 2006, entre doscientos y cuatrocientos migrantes han sido detenidos en diversos barrios de Rabat (Marruecos), introducidos en vehículos y deportados a la frontera argelina. El 25 de diciembre, nuevas redadas han tenido lugar en Nador (en el Este). Han sido detenidas mujeres y niños, así como numerosos solicitantes de asilo y personas admitidas como refugiadas por el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Apenas un año después de los sucesos de Ceuta y Melilla del otoño de 2005, escenario de deportaciones masivas de migrantes subsaharianos que produjeron la indignación de la comunidad internacional, de nuevo están a la orden del día redadas y expulsiones a gran escala en nombre de la protección de las fronteras de Europa, en un país donde se pisotean los derechos de los migrantes y de las personas que necesitan la protección internacional.

Al decidir poner en práctica una «estrecha alianza» sobre los temas migratorios, los Estados reunidos con motivo de las conferencias euro-africanas sobre migración y desarrollo de Rabat (julio 2006) y de Trípoli (noviembre 2006) afirmaron la importancia de la «protección de los derechos de todos los migrantes», con especial atención hacia las personas vulnerables, así como el «respeto de una protección efectiva de los refugiados y personas desplazadas». Estos principios fundamentales parecen, sin embargo, tener un alcance muy relativo frente a la voluntad de impedir a los migrantes acceder al territorio europeo, puesto que las autoridades marroquíes han justificado públicamente las expulsiones del 23 de diciembre en nombre de los compromisos adoptados por Marruecos en el marco de la Conferencia de Rabat.

En realidad, en el marco de la cooperación que la UE ha impulsado desde 2004 para asegurar la «dimensión exterior» de su política de asilo e inmigración, se sirve de sus vecinos del sur, sean países de origen o de tránsito de los migrantes, para delegarles la protección de sus propias fronteras, al margen de las consecuencias que pueda acarrear a quienes no consigan franquearlas. Es así como Libia, sistemáticamente denunciada por las violaciones que comete de los derechos humanos, está a punto de convertirse en uno de los principales subcontratados por la UE para el filtro de los migrantes venidos del Sur de África. De esta forma también, se considera a Marruecos un aliado privilegiado de la UE en la lucha contra la inmigración ilegal, incluso aunque no respeta los principios contenidos en la Convención de Ginebra sobre los refugiados, ratificados por dicho país, y aunque el ACNUR no sea capaz de asegurar la protección a las personas a las que reconoce el derecho a la protección internacional.

Pillados en la trampa de la «externalización» por la UE de su política migratoria, los muertos de Ceuta y Melilla de 2005, como los detenidos en Rabat, abandonados a su suerte en condiciones inhumanas, son las víctimas de esta lógica irresponsable.

El 26 de diciembre del 2006